(OPINIÓN) La minería que Colombia necesita: legalidad, desarrollo y esperanza. Por: Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán

Como ha sido mi costumbre durante los últimos ocho años, he acompañado a este importante gremio y he tenido la oportunidad de conocer de cerca su trabajo, sus preocupaciones, sus desafíos y, sobre todo, su compromiso con Colombia.

Durante este tiempo he podido constatar el profesionalismo con el que la ACM representa al sector minero y el enorme esfuerzo que ha realizado para ayudarnos a comprender mejor una actividad que, querámoslo o no, hace de Colombia un territorio minero por excelencia.

También he sido testigo de sus angustias y de su impotencia cuando desde el Gobierno se ha renunciado a cumplir adecuadamente la función de promover, ordenar, vigilar y controlar la actividad minera.

Cuando el Estado no actúa, no solamente pierde el empresario formal: pierde Colombia, pierden las regiones, se pierden oportunidades de empleo y desarrollo y, especialmente, se ponen en riesgo las regalías que deberían convertirse en bienestar para millones de colombianos.

Durante estos años, el sector minero ha enfrentado con diplomacia, disciplina y profesionalismo debates que, en muchos casos, parecían sacados de otra época. En el Congreso de la República hemos visto discusiones y proyectos de ley que, según sus críticos, terminaron poniendo en riesgo el desarrollo de un sector estratégico para la economía nacional.

¿Cómo olvidar aquellas declaraciones de la entonces ministra de Ambiente, Irene Vélez, quien, al comienzo del anterior Gobierno, fue cordialmente invitada por la ACM a participar en su Congreso y anunció como propósito el decrecimiento del sector minero?

Y a fe que lo intentaron. Las cifras presentadas durante el Congreso por el presidente de la ACM, Juan Camilo Nariño, así como las intervenciones del ministro de Hacienda y de la ministra de Minas y Energía, mostraron las consecuencias de años de incertidumbre y de decisiones que terminaron debilitando al sector.

Pero afortunadamente, eso es pasado. Lo verdaderamente importante hoy es que, aun partiendo de un escenario difícil, empieza a recuperarse algo que Colombia necesitaba con urgencia: la confianza y la esperanza.

No será fácil. En eso coincidimos todos. Pero escuchar durante el Congreso un mensaje orientado a recuperar la institucionalidad minera, promover la inversión, facilitar el desarrollo de proyectos, fortalecer la legalidad y aprovechar responsablemente nuestro potencial permite pensar que estamos comenzando a enderezar el rumbo.

Fue particularmente significativo escuchar al viceministro de Minas, Jorge Fernando Madriñán, y al presidente de la Agencia Nacional de Minería, Juan Camilo Valencia, hablar de una minería que debe ser promovida, ordenada y acompañada por el Estado. Porque esa es precisamente la discusión que Colombia necesita.

No se trata de escoger entre minería y medioambiente. Se trata de hacer minería responsable para proteger el medioambiente y generar desarrollo. No se trata de entregar nuestro territorio a la explotación indiscriminada. Se trata de que el Estado ejerza su autoridad, ordene el territorio, controle la actividad, persiga la ilegalidad y permita que quienes cumplen la ley puedan trabajar, invertir y generar empleo.

No podemos seguir confundiendo minería legal con minería ilegal. La minería formal paga impuestos, genera empleo, produce regalías y está sometida a controles ambientales, técnicos y administrativos. La minería ilegal, por el contrario, destruye ecosistemas, evade impuestos y puede estar vinculada a economías criminales.

Por eso, defender una minería legal y responsable también significa defender el medioambiente y las finanzas públicas. Las regalías no son un regalo de las empresas al Estado. Son la contraprestación que reciben la Nación y las entidades territoriales por el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables. Bien administradas e invertidas, deben convertirse en vías, educación, salud, agua potable, infraestructura y oportunidades para las regiones.

Por eso Colombia necesita una institucionalidad minera fuerte. Necesitamos autoridades que promuevan, pero que también vigilen. Que faciliten, pero que también controlen. Que atraigan inversión, pero que exijan responsabilidad. Que conozcan el territorio y tengan las herramientas para combatir la ilegalidad. Y necesitamos recuperar la confianza del sector financiero y construir mecanismos modernos de trazabilidad y bancarización que permitan que el oro colombiano recorra una cadena transparente desde su origen hasta su destino final.

El país no puede darse el lujo de desperdiciar su potencial minero en momentos en que enfrenta dificultades fiscales y necesita nuevas fuentes de crecimiento, empleo e ingresos públicos. Colombia tiene recursos minerales. Tiene empresarios. Tiene trabajadores. Tiene conocimiento. Tiene regiones con una enorme tradición minera.

Lo que necesitamos es seguridad jurídica, reglas claras, instituciones fuertes, infraestructura, seguridad y una política pública coherente y de largo plazo. Por eso me quedo con una sensación distinta después de este Congreso.

En medio de cifras preocupantes y de un panorama que todavía presenta enormes dificultades, hubo algo que se sintió con fuerza: esperanza. Los empresarios, los trabajadores, los gremios y las autoridades mineras parecieron hablar un mismo idioma: el de la legalidad, el desarrollo y la responsabilidad. Los aplausos que acompañaron muchas de estas intervenciones no fueron simplemente una expresión de entusiasmo. Fueron, en buena medida, una manifestación de confianza: la de un sector dispuesto a trabajar con el Estado si encuentra en él un aliado institucional y no un adversario.

Aplaudo que hoy haya nuevamente un timonel y que las autoridades mineras estén recuperando su verdadera misión: promover, proyectar y ordenar el desarrollo minero de Colombia, sin renunciar a la vigilancia, al control y a la protección ambiental. Porque Colombia no necesita menos Estado en la minería, necesita un mejor Estado. Uno que sepa diferenciar entre el que destruye y el que produce; entre el ilegal y el formal; entre quien evade y quien aporta; entre quien contamina sin control y quien cumple las normas ambientales.

Ese es el camino: Una minería legal, responsable, ambientalmente sostenible, socialmente comprometida y económicamente productiva. Una minería capaz de generar empleo, atraer inversión, fortalecer las regiones y aportar las regalías que Colombia necesita. Después de tantos años de debates, obstáculos y decisiones equivocadas, es hora de mirar hacia delante. Colombia no puede renunciar a su riqueza minera. Debe aprender a aprovecharla responsablemente para convertirla en desarrollo, bienestar y futuro.

Ese es el desafío y también, hoy, la esperanza.