El Consejo de Estado declaró la pérdida de investidura en primera instancia del senador Iván Name por presuntas irregularidades en el trámite de la reforma pensional

El Consejo de Estado ha iniciado un proceso de primera instancia que busca determinar la posible pérdida de investidura del congresista Iván Leonidas Name Vásquez. Esta solicitud, presentada por la Veeduría Ciudadana Nacional Recursos Sagrados, se centra en presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones como presidente del Senado de la República durante el crucial trámite de la reforma pensional. La Sala Especial de Decisión No. 24 del alto tribunal es la encargada de dirimir este complejo caso, que ha suscitado un considerable debate y atención en el ámbito político y jurídico nacional.

Antecedentes de la solicitud de pérdida de investidura

La formalización de la solicitud de pérdida de investidura contra el senador Iván Leonidas Name Vásquez se llevó a cabo el 6 de agosto de 2024. Fue presentada a través de correo electrónico por el ciudadano Juan Carlos Calderón España, quien actúa en representación de la Veeduría Ciudadana Nacional Recursos Sagrados. La fundamentación legal de esta acción se encuentra sólidamente establecida en el medio de control previsto en el artículo 143 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), en concordancia directa con el artículo 184 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 1881 de 2018, normativas que regulan la figura de la pérdida de investidura.

El eje central de la demanda se articula en torno al presunto incumplimiento de los deberes inherentes a la presidencia del Senado de la República por parte del congresista Name Vásquez. Se argumenta que su conducta durante el proceso de discusión y aprobación de la reforma pensional podría configurar un tráfico de influencias o, al menos, una grave omisión de sus responsabilidades. La acusación principal radica en su reiterada y, según los demandantes, deliberada ausencia en sesiones clave donde se discutía y votaba este proyecto de ley, de vital trascendencia para el futuro pensional del país.

El rol del presidente del Senado y las ausencias de Name Vásquez

La Sala del Consejo de Estado ha puesto un énfasis particular en la naturaleza y el alcance de las responsabilidades que recaen sobre la figura del presidente del Senado. Lejos de ser una función meramente protocolaria, este cargo implica el ejercicio de potestades efectivas y sustanciales para la conducción del debate legislativo. Entre sus obligaciones fundamentales se encuentran presidir la Corporación, instalar y cerrar las sesiones, y asegurar el estricto cumplimiento del reglamento del Congreso, salvo en situaciones de vacancia, ausencia o imposibilidad debidamente justificadas, tal como lo estipula la Ley 5 de 1992, que rige el funcionamiento del Congreso de la República.

El análisis detallado del periodo comprendido entre el 28 de febrero y el 23 de abril de 2024, un lapso crítico para el trámite de la reforma pensional, revela que se llevaron a cabo un total de 16 sesiones plenarias. Durante estas sesiones, se realizaron diversas actuaciones legislativas de gran importancia, incluyendo votaciones de impedimentos, anuncios de proyectos de ley, votaciones de informes de ponencia y discusiones del articulado. De este conjunto de sesiones, el senador Name Vásquez se ausentó con excusa en solo dos ocasiones: el 28 de febrero y el 4 de abril de 2024. En ambas fechas, la senadora María José Pizarro Rodríguez asumió la presidencia de la plenaria, supliendo la ausencia del titular.

No obstante, la investigación judicial ha detallado que, en las 14 sesiones restantes, no existe prueba alguna que justifique ausencias adicionales, imposibilidad material para presidir o periodos de vacancia. Esta circunstancia constituye un pilar central en la acusación, ya que implica que el demandado se ausentó de la presidencia en el 87.5% de las sesiones donde se discutió y votó el articulado del proyecto de ley. Durante estas sesiones, se llevaron a cabo actuaciones de medular importancia, como la votación de la ponencia negativa, la discusión del articulado en bloque y su aprobación final. La demanda sostiene que el senador Name Vásquez se sustrajo deliberadamente de la conducción de la plenaria, a pesar de su postura pública sobre la inconveniencia de la reforma pensional, lo que plantea serias interrogantes sobre el cumplimiento de sus deberes.

Un patrón de conducta y la alternancia en la presidencia

La Sala del Consejo de Estado ha observado un patrón de conducta que denota una alternancia reiterada en la conducción de las plenarias durante el periodo analizado. Un fenómeno predominante fue la constante delegación de la presidencia por parte del senador Name Vásquez, particularmente en aquellas sesiones donde el tema central era la reforma pensional. Se ha documentado que, en las sesiones de los días 16, 17, 22 y 23 de abril de 2024, la discusión del articulado del proyecto de reforma no fue liderada por el senador Name Vásquez, sino, de manera predominante, por la senadora María José Pizarro.

Incluso, se ha señalado que el entonces presidente del Senado, Iván Name Vásquez, iniciaba su participación en otros asuntos del orden del día, pero, al momento en que la plenaria se concentraba en la discusión de la reforma pensional, abandonaba la presidencia. Esta conducta ha sido calificada por la Sala como injustificada, implicando una renuncia a la competencia funcional institucional que le correspondía para dirigir el debate. Esta acción, según el análisis, contraviene directamente sus deberes como presidente del Senado, al delegar de forma sistemática una responsabilidad crucial sin una causa legítima.

Reacciones y reproches de otros congresistas

La ausencia del presidente del Senado no pasó desapercibida entre los demás congresistas, generando diversas reacciones y reproches. En la sesión del 2 de abril, el senador Carlos Meisel interpeló directamente a la senadora María José Pizarro, expresando su profunda preocupación por la ausencia del doctor Iván Name en debates de tan trascendental importancia. Meisel manifestó que Name dejaba directrices que, posteriormente, eran modificadas, y que, en su opinión, el presidente electo por las mayorías debería estar presente para liderar estos debates. Añadió que, cuando la plenaria era conducida por la senadora Pizarro, a menudo terminaba en confrontaciones o en incumplimientos de acuerdos previamente establecidos a la salida de Name, lo que generaba un ambiente de inestabilidad en el desarrollo de las sesiones.

La senadora María José Pizarro respondió a estas observaciones, aclarando que, aunque respetaba las conversaciones en la Mesa Directiva, no era subordinada y, mientras estuviera presidiendo, su autoridad emanaba de las mayorías de la plenaria, no de una subordinación personal. En la misma sesión, la senadora Paloma Valencia también expresó su preocupación, aduciendo que el orden propuesto se había trastocado, lo que, a su juicio, perjudicaba a los partidos de oposición al alterar la dinámica del debate legislativo.

Posteriormente, en la sesión del 15 de abril, los senadores Inti Asprilla y Fabián Díaz reprocharon públicamente que, ante la ausencia de Name Vásquez y la presencia de la primera vicepresidenta, María José Pizarro, fuera el senador Didier Lobo quien estuviera presidiendo. Argumentaron que, mientras la primera vicepresidenta estuviera presente, era ella quien debía conducir la plenaria, y no el segundo vicepresidente, señalando una posible irregularidad en la cadena de mando y en el respeto de los protocolos legislativos.

Finalmente, en la sesión del 17 de abril, donde se votaron artículos en bloque bajo la conducción de la senadora María José Pizarro, parlamentarios como Honorio Henríquez y Paloma Valencia manifestaron su inquietud por el “afán” con el que se tramitaba el proyecto de ley. Esta celeridad, según ellos, derivó en alegados errores en el proceso legislativo, lo que podría haber comprometido la calidad y la legitimidad del debate, afectando la transparencia y el rigor en la aprobación de una ley de tanta envergadura.

La omisión deliberada y el incumplimiento de un deber constitucional

La Sala del Consejo de Estado considera que los hechos descritos evidencian una omisión deliberada por parte del demandado. Esta omisión consiste en el incumplimiento de su función primordial de presidir las sesiones, una obligación que asumió de manera explícita al ser elegido presidente del Senado de la República. Dicha posición le otorgaba la competencia funcional institucional para instalar y conducir las sesiones, permitir y garantizar el debate democrático, y dirigir las votaciones, entre otras responsabilidades cruciales para el correcto funcionamiento del poder legislativo.

Al valorar de manera conjunta e integral las pruebas presentadas, el tribunal concluye que la decisión del senador Iván Leonidas Name Vásquez de relevarse de presidir la gran mayoría de sesiones plenarias (14 de 16) en las que se tramitó la reforma pensional, y de ceder dicha posición a la senadora María José Pizarro, no obedece a una situación accidental o circunstancial. Por el contrario, se interpreta como un patrón de conducta reiterado que carece de justificación constitucional y legal. La Sala enfatiza que no se explica por qué, al no mediar ausencias justificadas, vacancias o una imposibilidad física o legal, el presidente del Senado optó por delegar de forma sistemática sus funciones en un tema de tan alta relevancia nacional.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué decisión tomó el Consejo de Estado en relación con el senador Iván Name?

El Consejo de Estado declaró la pérdida de investidura en primera instancia del senador Iván Name Vásquez.

¿Cuál es la razón principal de esta decisión contra el senador Name?

La decisión se basa en presuntas irregularidades en el ejercicio de su presidencia en el Senado durante el trámite de la reforma pensional, debido a reiteradas ausencias en sesiones clave y delegación injustificada de sus funciones.

¿Quién solicitó la pérdida de investidura del senador Name?

La solicitud fue presentada por la Veeduría Ciudadana Nacional Recursos Sagrados, a través del ciudadano Juan Carlos Calderón España.