¿Error jurídico o jugada política? Por: Julio César Prieto Rivera

La información se propagó con una velocidad impresionante. Los medios de comunicación la convirtieron en titular. Las redes sociales estallaron. Los dirigentes políticos reaccionaron. Durante varias horas, millones de colombianos creyeron que el Presidente de la República había sido suspendido de su cargo. Posteriormente llegó la rectificación.

La propia congresista Gloria Arizabaleta, autora de la actuación que originó la controversia, aclaró que el procedimiento debía surtir etapas adicionales dentro de la Comisión de Acusaciones y que la medida no producía por sí sola los efectos que inicialmente se le atribuyeron. En términos prácticos, Gustavo Petro nunca dejó de ejercer la Presidencia.

Hasta allí los hechos jurídicos. Pero la política suele moverse en terrenos diferentes y es precisamente en ese escenario donde surgen preguntas que merecen ser formuladas.

Gloria Arizabaleta no pertenece a la oposición. No es una dirigente enfrentada al Gobierno. Por el contrario, hace parte del Pacto Histórico, el movimiento político del presidente Gustavo Petro. Además, fue durante años compañera sentimental de Roy Barreras, una de las figuras más influyentes del petrismo y uno de los principales estrategas políticos del proyecto que hoy gobierna a Colombia.

Por eso considero legítimo preguntarse si realmente estamos frente a un simple error jurídico o si, por el contrario, estamos ante una jugada política cuidadosamente diseñada para producir un efecto mediático específico y para responder esa duda es indispensable observar el contexto.

En los días inmediatamente anteriores, una parte importante de la atención nacional estaba concentrada en las decisiones, actuaciones y medidas que numerosos sectores políticos, juristas, analistas y ciudadanos han considerado arbitrarias frente a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.

El tema venía creciendo, las denuncias se multiplicaban y los cuestionamientos aumentaban.

Los medios comenzaban a dedicar cada vez más espacio a lo que muchos consideramos una preocupante utilización de mecanismos jurídicos y administrativos con efectos políticos directos sobre una campaña presidencial que disputa la segunda vuelta electoral con el más alto porcentaje de posibilidades de triunfar.

A menos de doce días de las elecciones, el asunto había adquirido una dimensión difícil de ignorar y entonces apareció la noticia de la supuesta suspensión de Gustavo Petro.

Lo que ocurrió después era perfectamente previsible: la agenda nacional cambió por completo, las controversias que rodeaban a Abelardo De la Espriella desaparecieron de los titulares. Los debates cambiaron de dirección, las conversaciones públicas giraron ciento ochenta grados.

Los medios dejaron de hablar de las arbitrariedades denunciadas contra Abelardo y su campaña para concentrarse exclusivamente en la supuesta suspensión del presidente de la República. Desde mi perspectiva, ese era precisamente el objetivo.

No porque exista una prueba concluyente que permita demostrar una coordinación política detrás de los hechos, sino porque el resultado obtenido fue exactamente el que cabía esperar de una operación mediática de semejante magnitud.

La noticia que generaba dificultades desapareció. La noticia que monopolizó la atención nacional apareció y cuando llegó la rectificación jurídica, el efecto político ya se había producido.

Colombia es un país donde una noticia suele sepultar a la anterior. Donde el ciclo informativo avanza a una velocidad vertiginosa. Donde la opinión pública es permanentemente bombardeada por nuevos escándalos que desplazan los anteriores.

Pero precisamente por eso resulta imposible ignorar la coincidencia temporal entre el crecimiento de las denuncias relacionadas con la campaña de Abelardo de la Espriella y la aparición de una actuación que terminó concentrando toda la atención del país alrededor de Gustavo Petro.

No afirmo que esa haya sido la intención declarada de sus protagonistas; lo que afirmo es que ese fue el resultado y en política, muchas veces los resultados son más reveladores que los discursos, por eso considero que la pregunta de fondo no es si Petro fue suspendido, porque claramente no lo fue.

La verdadera pregunta es por qué se puso en marcha una actuación que terminó produciendo exactamente el efecto mediático necesario para desplazar del debate público las controversias que venían afectando a la campaña de Abelardo De la Espriella.

Cada ciudadano sacará sus propias conclusiones; la mía es sencilla y es que cuando una actuación jurídicamente ineficaz produce un efecto político tan poderoso, resulta difícil creer que estamos simplemente frente a un error y cuando ese efecto termina beneficiando a quienes necesitaban cambiar la conversación nacional, la duda deja de ser jurídica para convertirse en profundamente política.

Por eso sigo preguntándome: ¿Error jurídico o jugada política? Los hechos permiten que cada colombiano construya su propia respuesta.