El ruido: un peligroso enemigo público

  Por: Juan José Gómez

Comienza un nuevo año que deseo próspero y feliz a mis lectores. Hoy no me voy a ocupar de política sino de algo igualmente preocupante y muy negativo, que tiene que ver con el Estado ciertamente, pero que también exige del interés y de la participación de las personas, pues es a éstas a quienes perjudica en su salud, en su tranquilidad, en el bienestar de sus mascotas y animales domésticos y en su patrimonio personal y familiar. Se trata del ruido.

Estamos a punto de concluir una temporada en la que es una infortunada costumbre que el ruido se aumente a niveles intolerables por causa de la pólvora, de la ruidosa y peligrosa pólvora. Quien esto escribe vive retirado en una agradable vereda de un municipio antioqueño, cercano a Medellín, muy acreditado por su atractivo territorio rural, su clima, sus aceptables servicios domiciliarios y por la belleza de su paisaje circundante, pero que a pesar de haberse convertido en una ciudad intermedia todavía conserva en sus veredas ciertos usos tradicionales como es el de celebrar con pólvora detonante los días navideños y el año nuevo, lo cual es muy riesgoso y bastante molesto.

En compañía de vecinos y de amigos que viven en otras veredas de nuestro municipio, soportábamos pacientemente la pólvora navideña pues al fin y al cabo solo ocurre durante unos días cada año, pero hay un hecho muy perjudicial que viene ocurriendo durante todos los meses y semanas, y que, según lo que hemos comprobado con nuestras observaciones, tiene efectos muy negativos para quienes vivimos en el campo. Me refiero al alquiler por fines de semana o temporadas, de fincas de recreo en zonas campesinas residenciales y el uso desordenado y excesivamente ruidoso que los inquilinos hacen de ellas.

Hemos podido establecer que personas con mucho dinero, no sabemos de qué procedencia, suelen comprar agradables casas en territorios residenciales campesinos y que el uso que le dan a esos inmuebles es alquilarlos durante fines de semana, o temporadas especialmente de vacaciones. Desde luego, a los propietarios no les importa quienes son los inquilinos, solo les interesa que paguen anticipadamente el alquiler, que suele ser elevado (suficiente para compensar cualquier daño que causen en el mobiliario y en la dotación) y que desocupen en el término previsto.

Los inquilinos, por cierto en grupos muy superiores a la capacidad de la casa, son personas procedentes de las ciudades, que comienzan la fiesta bastante ruidosa desde el viernes por la noche y la terminan el domingo, usan equipos de sonido como los que se utilizan en los templos y condenan al vecindario a no poder descansar ni de día ni de noche durante el fin de semana y si algún vecino les hace una comedida solicitud de bajar el volumen y la voz, lo despachan con cajas destempladas alegando que quieren divertirse y que para eso pagaron por el uso de la casa.

El resultado de este infortunio es que los bebés no logran dormir y por consiguiente lloran la mayor parte del tiempo y así aumentan el ruido del equipo de sonido de los indeseables visitantes; los ancianos tampoco pueden descansar y su salud se resiente; el ambiente se torna insoportable para personas acostumbradas a vivir con sosiego; las mascotas y los animales domésticos sufren lo indecible, especialmente cuando a la fiesta le agregan pólvora, al extremo de que los equinos se escapan de sus pesebreras y los perros y gatos huyen y a veces nunca regresan, y las propiedades se desvalorizan ya que para alguien que desea vivir con su familia en un ambiente decente y tranquilo, cuando quiere adquirir una casa que le gusta, lo primero que se le ocurre preguntar es por el vecindario y cuando se entera de que cerca hay una finca que se alquila, ni con una buena rebaja que se le haga al precio  compra la propiedad.

¿Cómo se puede solucionar este gravísimo problema? La respuesta está en la Constitución y en las leyes y decretos de nuestro Estado Social de Derecho.

Existen el Ministerio del Medio Ambiente y la Procuraduría General de la Nación y existen las Gobernaciones de los departamentos y las Alcaldías de los municipios, lo mismo que la Policía Nacional, a todos los cuales la ley los hace responsables de controlar la anomalía que es el ruido en los sectores residenciales urbanos y rurales.

El Congreso de la República por medio de la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente y el SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL “SINA” que con toda claridad estipula las funciones y obligaciones del gobierno nacional, de los departamentos y de los municipios para controlar el ruido. Precisamente la Procuraduría General de la Nación, por medio de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, mediante el Memorando Nº 012 del 28 de junio de 2016, precisó a los Gobernadores de los Departamentos y a los Alcaldes de los Municipios, cómo tienen que obrar para controlar el ruido que hace daño a los ciudadanos, tanto en las ciudades como en el campo. (Ver memorando a continuación:)                                                      

https://www.cornare.gov.co/SIAR/aire/RUIDO/NORMATIVA/Procuraduria-Ruido-Memorando-No-012-de-2016.pdf

Aún con normas legales tan claras y contundentes como las que acabo de citar, los alcaldes, y los personeros municipales que representan a la Procuraduría en los municipios, no suelen manifestarse bien dispuestos a atender una solicitud que les presente un solo ciudadano, para que por medio de la Policía intervenga, de día o de noche, a fin de que se controle el ruido perjudicial. Lo que debe hacerse es, entonces, juntar a varios o a todos los habitantes permanentes de cada zona residencial y si es posible a los vecinos de algunas de las demás veredas que sufran el mismo problema y por medio de Derechos de Petición y si es necesario Acciones de Tutela presentados por escrito y firmados por todos los perjudicados, lograr que la autoridad municipal solucione el problema. Es necesario recordar aquello de que “una golondrina no hace verano”, pero varias personas si consiguen lo que una sola no logra obtener.

La Constitución Nacional del 2021 que nos rige, fue expedida con un claro propósito garantista en favor de los ciudadanos, especialmente cuando se trata de derechos fundamentales. Por eso, es necesario que los colombianos hagamos valer esos y los demás derechos consagrados en la Carta, para lo cual debemos hacer uso de los medios que provee la misma Constitución, especialmente en lo que se refiere a las obligaciones de los funcionarios públicos, los cuales menos que amos, son servidores de los ciudadanos. De manera que, si nos está perjudicando el ruido no justificado de personas o de cosas, es obligación de los alcaldes y de los gobernadores si fuere el caso, poner el remedio adecuado al problema, actuando con la celeridad necesaria.

Los servidores públicos han sido nombrados y son remunerados para servir. Y si descuidan ese deber mostrándose remisos o negándose a cumplirlo, para eso está la Procuraduría General de la Nación, con oficinas en todas las capitales de departamentos, y con los poderes de que dispone esa institución los hará entrar en razón. No lo olvidemos.