(OPINIÓN) Extraños compañeros de cama. Por: María Fernanda Cabal

Parafraseando a Shakespeare, “la desgracia hace extraños compañeros de cama”. Pocas frases podrían describir mejor lo que acabamos de presenciar en el Congreso colombiano con la elección del presidente del Senado: enemigos jurados, separados por años de confrontaciones políticas y profundas diferencias ideológicas, terminaron haciendo causa común para impedir que el nuevo Gobierno controlara también esa corporación.

Muchos interpretaron el resultado como una maniobra parlamentaria. Creo, por el contrario, que encierra una lección mucho más importante sobre la salud de nuestra democracia.

Durante años discutimos cuál era el verdadero legado de la Constitución de 1991. Con el paso del tiempo, la historia parece haber respondido esa pregunta: su herencia más importante fue consolidar una arquitectura institucional diseñada para impedir que todo el poder terminara concentrado en una sola persona.

La democracia no puede construirse sobre la ilusión de encontrar gobernantes perfectos, porque no existen.

Todo presidente puede equivocarse, recibir información incompleta, hacer un diagnóstico incorrecto o tomar una mala decisión. Y cuanto mayor sea el poder concentrado en una sola persona, mayores serán también las consecuencias de sus errores. Por eso existen el Congreso, las altas cortes, los organismos de control, una oposición con plenas garantías y una prensa libre.

Y no es para impedir que un presidente gobierne, sino para que lo haga con contrapesos que representan los límites de la separación del poder público. Lejos de debilitar la democracia, esos límites la hacen posible.

Los colombianos hemos tenido la oportunidad de comprobar el significado de ese equilibrio institucional en momentos decisivos de nuestra historia reciente.

Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, fuimos testigos de cómo una poderosa coalición oficialista acompañó prácticamente todas las grandes decisiones del Ejecutivo. El episodio más controvertido fue la implementación del Acuerdo de La Habana, después de que el plebiscito fuera rechazado por la mayoría de los ciudadanos. Allí el Congreso encontró un atajo político y jurídico para impulsar ese nefasto acuerdo firmado por las élites.

Para millones de colombianos, la voluntad popular expresada en las urnas fue pisoteada por unas mayorías políticas que decidieron desconocerla. Aquel proceso abrió un enorme espacio para la impunidad, coincidió con la expansión del narcotráfico y no pudo detener el crecimiento de la violencia que golpea ferozmente extensas regiones del país.

El gobierno desastroso del Pacto Histórico dejó una enseñanza diferente: durante cuatro años presenciamos confrontaciones con las altas cortes, tensiones permanentes con el Congreso, cuestionamientos a distintas instituciones cada vez que sus decisiones contrariaban al Ejecutivo y un ataque feroz a la prensa libre que investigaba sus desmanes.

Sin embargo, las cortes ejercieron su autonomía. El Congreso no acompañó siempre las iniciativas del Gobierno. Fue precisamente esa arquitectura institucional la que evitó que la voluntad y la arbitrariedad presidencial se convirtieran automáticamente en voluntad del Estado.

Esa es la verdadera utilidad de la separación de poderes. Existe para proteger la democracia y las libertades de los ciudadanos. Nos protege cuando gobierna la izquierda y debe protegernos exactamente igual cuando gobierna la derecha. Los principios constitucionales no cambian según el mandatario de turno.

Por eso, la reciente elección de la presidencia del Senado merece una lectura institucional antes que partidista.

El mensaje que deja es claro: el nuevo Gobierno deberá respetar la autonomía del Congreso y entender que ganar las elecciones no significa haber recibido un cheque en blanco. Y esa es una buena noticia para Colombia.

El presidente electo recibió un mandato de respaldo en contravía de un legado retardatario, pendenciero y divisionista.

Después de años de polarización, confrontación institucional, deterioro de la seguridad y frustración ciudadana, los colombianos añoran una forma distinta de ejercer el poder y un Gobierno capaz de reconstruir la confianza.

El cambio no consiste en sustituir unas mayorías por otras para controlar las mismas instituciones. Tampoco en reemplazar unos nombres por otros mientras permanecen intactos los mecanismos de concentración del poder.

Gobernar exige construir mayorías, persuadir al Congreso, negociar dentro de la Constitución y encontrar puntos de convergencia alrededor de las grandes reformas que necesita el país.

Un gobierno fuerte no es aquel que elimina los contrapesos. Es aquel que demuestra que puede transformar el país respetándolos.

Pero hay una advertencia adicional. Una cosa es ejercer independencia frente al Ejecutivo y otra muy distinta utilizar esa independencia para condenar al país a cuatro años de bloqueo, mezquindad y guerra política permanente. Colombia no puede darse ese lujo.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella recibió ya su primera advertencia: tendrá que construir consensos sin renunciar a sus principios, defender sus reformas sin caer en el intercambio burocrático y entender que tendrá que enfrentar un Congreso dispuesto a ejercer su propio poder.

Y el Congreso también deberá entender que controlar al Gobierno no significa sabotearlo. De eso no se trata la democracia. Se trata de un Ejecutivo con autoridad para gobernar, de un Congreso con independencia para poner límites al poder presidencial y unas instituciones suficientemente fuertes para impedir que ninguno olvide cuál es su lugar.

Al final, la grandeza de un presidente no se mide por la cantidad de poder que consigue acumular, sino por todo lo que es capaz de transformar sin tener que destruir los límites que la democracia le impone.