El Tribunal Supremo de Brasil condenó este martes al exdiputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, a cuatro años y dos meses de prisión por el delito de coacciones a la justicia. La decisión judicial estuvo relacionada con sus gestiones ante el Gobierno de Estados Unidos para promover sanciones contra Brasil y contra magistrados de la Corte Suprema.

El fallo fue adoptado de manera unánime por los cuatro jueces que integran la Primera Sala del alto tribunal, quienes concluyeron que el excongresista habría actuado para influir en el desarrollo de procesos judiciales vinculados a su padre. La condena incluye el cumplimiento de la pena en régimen semiabierto, además de una multa equivalente a 100 salarios mínimos, calculada en 162.100 reales.

Asimismo, la sentencia implica la inhabilitación política por un periodo de ocho años, lo que lo aparta del ejercicio de cargos públicos durante ese tiempo. Eduardo Bolsonaro había perdido su escaño en la Cámara de Diputados en diciembre del año anterior tras registrar un alto número de inasistencias.

Durante la lectura de la sentencia, el magistrado Alexandre de Moraes, instructor del caso, señaló que el propio exdiputado reconoció su traslado a Estados Unidos el año pasado con el propósito de establecer contactos con autoridades de ese país para impulsar medidas contra jueces brasileños que adelantaban investigaciones contra su familia.

En el desarrollo del proceso, el alto tribunal analizó pruebas documentales y audiovisuales en las que se hacía referencia a las gestiones realizadas en Washington. Según la decisión judicial, dichas acciones derivaron en la imposición de sanciones internacionales contra miembros del Poder Judicial brasileño y en medidas económicas contra el país.

La defensa, ejercida por un abogado de oficio, sostuvo que las actuaciones del exdiputado se limitaron a una interlocución política en el exterior y que no existió violencia ni amenazas directas. Sin embargo, esta posición fue rechazada por los magistrados, quienes consideraron que las conductas descritas configuraron una forma de presión indebida sobre el sistema judicial.

Eduardo Bolsonaro se instaló en Estados Unidos en febrero del año anterior, donde buscó acercamientos con la administración del entonces presidente Donald Trump. Durante ese periodo, el Gobierno estadounidense adoptó sanciones contra algunos magistrados brasileños y justificó la imposición de aranceles al país en el marco del proceso judicial contra Jair Bolsonaro.

El expresidente brasileño recibió una condena de 27 años de prisión tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva, como se ha conocido, el caso ha generado un amplio debate político y judicial en Brasil y fuera del país, especialmente por el alcance de las decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo.

El juicio se llevó a cabo en la Primera Sala del Tribunal Supremo, integrada por cuatro magistrados de orientación progresista, quienes votaron de forma unánime a favor de la condena. El tribunal también rechazó las solicitudes de nulidad presentadas por la defensa, al considerar que no existieron irregularidades en el proceso ni vulneraciones al derecho de defensa.

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