El Departamento de Justicia de EE. UU. se enfrentará al equipo legal de Trump por los registros incautados

El equipo legal del expresidente Donald Trump se enfrentará el jueves al Departamento de Justicia de EE. UU. en una corte federal, en un intento por convencer a un juez de que designe a un maestro especial para revisar los materiales que el FBI incautó del patrimonio de Trump en Florida.

La audiencia se produce menos de dos días después de que los fiscales presentaran nuevos detalles sobre su investigación criminal en curso sobre si Trump retuvo ilegalmente los registros del gobierno y trató de obstruir la investigación del gobierno ocultando algunos de ellos al FBI.

Los abogados de Trump en una presentación el miércoles por la noche restaron importancia a las preocupaciones del gobierno sobre el descubrimiento de material clasificado dentro de su casa y acusaron al Departamento de Justicia de intensificar la situación incluso después de que entregó cajas de documentos a los Archivos Nacionales y permitió que los agentes del FBI en junio «venga a su casa y proporcione consejos de seguridad».

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«En pocas palabras, la noción de que los registros presidenciales contendrían información confidencial nunca debería haber sido

Un maestro especial es un tercero independiente que a veces es designado por un tribunal en casos delicados para revisar materiales potencialmente cubiertos por el privilegio abogado-cliente para garantizar que los investigadores no los vean de manera inapropiada.

En la solicitud inicial de Trump a la corte, sus abogados afirmaron que el expresidente quería proteger los materiales que estaban sujetos a una doctrina legal conocida como privilegio ejecutivo, que puede blindar algunas comunicaciones presidenciales.

El equipo legal de Trump luego limitó su solicitud al solicitar una revisión del privilegio sin referirse explícitamente al privilegio ejecutivo, luego de que muchos expertos legales criticaran el argumento como ilógico.

El Departamento de Justicia el martes también se hizo eco de esos sentimientos.

Trump «no tiene ningún interés de propiedad en ningún registro presidencial (incluidos los registros clasificados) incautados de las instalaciones», dijeron los fiscales al tribunal el martes, y señalaron que un expresidente no puede hacer valer el privilegio ejecutivo contra el propio poder ejecutivo.

Los fiscales también dijeron que el equipo de filtro del departamento, un grupo de agentes que no forman parte de la investigación, ya había revisado los materiales y determinó que solo un número limitado puede estar cubierto por el privilegio abogado-cliente.

La jueza federal de distrito Aileen Cannon, designada por Trump en el Distrito Sur de Florida, presidirá la audiencia del jueves.

Anteriormente indicó que se inclinaba por nombrar a un maestro especial, pero esa posición podría cambiar potencialmente después de que el Departamento de Justicia presentara sus pruebas y argumentos el martes por la noche.

En su presentación, los fiscales revelaron que el custodio de los registros de Trump, a quien no nombraron, certificó falsamente que se había realizado una búsqueda exhaustiva y que todos los registros gubernamentales habían sido devueltos al gobierno.

La certificación se realizó el 3 de junio, cuando tres agentes del FBI y un alto funcionario del Departamento de Justicia viajaron a Mar-a-Lago tras la emisión de una citación del gran jurado para recuperar todos los registros restantes.

Durante esa visita, los fiscales dijeron que los abogados de Trump nunca afirmaron que él había desclasificado ninguno de los materiales, y entregaron 38 páginas marcadas como clasificadas dentro de un sobre con doble cinta adhesiva.

Sin embargo, su abogado al mismo tiempo también prohibió a los investigadores del gobierno abrir o mirar dentro de algunas de las cajas que Trump guardaba dentro de una de sus salas de almacenamiento, dijeron.

El departamento finalmente decidió buscar la aprobación de la corte para una orden de allanamiento, luego de que el FBI desarrollara evidencia de una posible obstrucción.

“El gobierno desarrolló evidencia de que una búsqueda limitada a la sala de almacenamiento no habría descubierto todos los documentos clasificados en las instalaciones”, dijeron los fiscales.