Contraloría mantiene fallo fiscal por $572 millones contra el exalcalde Rafael Martínez por las obras del Polideportivo de Santa Marta

Una decisión que se conoció esta semana

La Contraloría Delegada Intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, dependencia de la Contraloría General de la República, profirió un fallo con responsabilidad fiscal por $572.290.776 (cifra indexada) relacionado con las obras urbanísticas del Polideportivo de Santa Marta, uno de los escenarios de los Juegos Bolivarianos celebrados en la ciudad entre el 11 y el 25 de noviembre de 2017.

Según la información divulgada entre el 22 y el 23 de octubre, el fallo de primera instancia se expidió el 24 de abril de 2026. Posteriormente, mediante el Auto 0884 del 21 de mayo, la entidad resolvió los recursos presentados por los implicados: modificó algunos apartes, confirmó el resto de la decisión y negó las solicitudes de nulidad. Algunas determinaciones fueron remitidas a la Sala Fiscal y Sancionatoria para el trámite de grado de consulta, una revisión que la ley prevé para garantizar la legalidad de ciertas decisiones.

Los tres hallazgos

El daño patrimonial atribuido se divide en tres frentes, de acuerdo con lo reportado. Deterioro de las obras, por falta de mantenimiento y defectos constructivos, por cerca de $93,8 millones. Sobrecostos en precios unitarios de varios contratos, por unos $100,6 millones indexados. Ausencia de planos récord, los documentos que registran cómo quedó construida finalmente una obra, por aproximadamente $377,7 millones indexados.

El proyecto se financió con el convenio 753 de 2017, firmado entre el antiguo Coldeportes y el Distrito de Santa Marta por cerca de $9.600 millones, y en su ejecución participó el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social. El proceso de responsabilidad fiscal se abrió en 2021.

¿Quiénes fueron declarados responsables?

Además de Martínez, alcalde entre 2016 y 2019, la decisión alcanza de manera solidaria a exgerentes de infraestructura del Distrito, como Sander Alfonso Rodríguez Peña e Idark Augusto Barrios Jhonson; a la supervisora del convenio, Yarime Lobo Baute; a la representante legal del Fondo Mixto, Adriana María Giraldo Hernández; a las interventoras MC Construcciones y Consultorías y FFOGRAV Interventorías y Consultorías, y a los contratistas Constructora CRI 100 y Electromecánicos y Civiles Ingeniería.

La responsabilidad solidaria significa que la entidad puede cobrar la totalidad del monto a cualquiera de los responsables, sin perjuicio de que estos repitan entre sí. Por otro lado, la Contraloría confirmó la cesación de la acción fiscal frente a tres empresas que pagaron los valores que les correspondían.

¿Qué es un fallo fiscal y qué sigue?

A diferencia de un proceso penal, el proceso de responsabilidad fiscal no establece si alguien cometió un delito. Su propósito es determinar si un servidor público o un particular que manejó recursos públicos causó, con dolo o culpa grave, un daño al patrimonio del Estado, y obtener su resarcimiento.

Cuando la decisión quede en firme, los responsables deberán pagar dentro de los plazos legales; de lo contrario, la Contraloría podrá iniciar el cobro coactivo, es decir, la recuperación forzosa del dinero mediante medidas como embargos. Las decisiones en firme también pueden ser demandadas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Hasta la publicación de este artículo, el exmandatario no se había pronunciado públicamente sobre esta decisión.

Otro proceso en curso

Este no es el único frente fiscal de Martínez. En julio de 2026, la Contraloría Distrital de Santa Marta emitió otro fallo con responsabilidad fiscal en su contra, por $422,4 millones indexados, por presuntas fallas de vigilancia y supervisión en el convenio para el Archivo Central del Distrito. Su defensa ha cuestionado la existencia del daño y la culpa grave que se le atribuye, y esa decisión también está sujeta a recursos y a grado de consulta.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué fue sancionado el exalcalde de Santa Marta Rafael Martínez?

La Contraloría lo halló responsable fiscalmente por un daño patrimonial de $572 millones relacionado con irregularidades en las obras del Polideportivo para los Juegos Bolivarianos 2017.

¿Cuáles fueron las fallas específicas detectadas en la obra?

El ente de control identificó tres problemas principales: deterioro prematuro de las construcciones, sobrecostos en los precios unitarios y la ausencia de planos técnicos finales.

¿Quiénes más deben responder por este dinero?

La decisión vincula solidariamente a exgerentes de infraestructura, supervisores, interventores y a las empresas contratistas encargadas de la ejecución del proyecto deportivo.