Exgobernador Mauricio Aguilar irá a juicio ante la Corte Suprema: la Fiscalía lo acusó de prevaricato por la elección del consejo directivo de la CDMB

¿Qué se le atribuye?

La audiencia de acusación estuvo presidida por la magistrada Paula Andrea Ramírez Barbosa. En ella, la fiscal delegada ante la Corte, Marlenne Orjuela Rodríguez, le atribuyó a Aguilar el delito de prevaricato por acción, que en términos sencillos consiste en que un servidor público profiera una decisión o un acto manifiestamente contrario a la ley.

Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 24 de febrero de 2023, cuando Aguilar, en su condición de gobernador de Santander, presidía la Asamblea Corporativa Ordinaria de la CDMB, el órgano encargado de elegir a parte de los integrantes del consejo directivo de esa autoridad ambiental. En esa sesión se radicaron tres escritos de recusación contra algunos de sus integrantes, lo que impedía conformar el quórum necesario para decidir.

La recusación es el mecanismo mediante el cual se pide apartar a un funcionario de una decisión por un posible conflicto de intereses. De acuerdo con el relato de la Fiscalía, la procuradora regional de instrucción Magda Liliana Buendía Chacón le advirtió al entonces gobernador que esas solicitudes debían tramitarse conforme al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, el Código de Procedimiento Administrativo, que fija un procedimiento específico para resolver impedimentos y recusaciones.

Para el ente acusador, Aguilar no siguió ese trámite y resolvió las recusaciones "de plano", en la misma reunión, lo que permitió avanzar con la elección. En esa jornada resultaron elegidos cuatro alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga como miembros del consejo directivo. Esa elección fue posteriormente anulada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y la decisión fue confirmada por el Consejo de Estado, según reseñaron medios regionales y nacionales.

La posición de la defensa

Durante la diligencia, la defensa del exgobernador sostuvo que la conducta es atípica, es decir, que los hechos descritos no encajan en la descripción legal del delito de prevaricato. La fiscal replicó que, desde la etapa de imputación, existen elementos materiales probatorios que soportan la presunta ilicitud del comportamiento. Aguilar conserva la presunción de inocencia, y la acusación no implica una declaración de responsabilidad penal.

¿Por qué lo juzga la Corte Suprema?

El caso está en manos de la Corte Suprema porque la Constitución le asigna el juzgamiento de los gobernadores por conductas relacionadas con el ejercicio de su cargo, aun después de que lo hayan dejado, previa acusación de la Fiscalía. Desde la reforma constitucional de 2018, ese juicio lo adelanta en primera instancia la Sala Especial de Primera Instancia, y una eventual apelación la resolvería la Sala de Casación Penal.

Lo que sigue

Con la acusación formalizada, el proceso avanzará a la audiencia preparatoria, en la que las partes descubren sus pruebas, pueden pactar estipulaciones (hechos que dan por probados) y solicitan las pruebas que pretenden practicar, para que la Sala decida cuáles admite. Después vendrá el juicio oral, el anuncio del sentido del fallo y, solo en caso de condena, la audiencia para fijar la pena, conforme a la Ley 906 de 2004.

Otros frentes judiciales

Este no es el único proceso penal que enfrenta el exmandatario santandereano. El 23 de septiembre de 2026, la Fiscalía Delegada ante la Corte le imputó el delito de peculado por apropiación por el contrato, de más de 15.000 millones de pesos, para construir la nueva sede del colegio Lucas Caballero, en Suaita, una obra que permanece paralizada. Además, cursa en su contra una acusación por presuntas irregularidades en convenios con el Canal TRO. En todos los casos se trata de actuaciones en curso, sin sentencia.

Preguntas y respuestas de contexto

¿De qué se le acusa al exgobernador Mauricio Aguilar?

La Fiscalía lo acusó formalmente de prevaricato por acción, al considerar que emitió una decisión contraria a la ley durante la elección del consejo directivo de la CDMB en 2023.

¿Cuál fue la irregularidad cometida durante la elección?

Aguilar habría resuelto recusaciones de manera inmediata y sin seguir el trámite legal, lo que permitió avanzar con una votación que posteriormente fue anulada por el Consejo de Estado.

¿Por qué el proceso se lleva a cabo en la Corte Suprema de Justicia?

Debido a que la Constitución establece que los gobernadores deben ser juzgados por este tribunal por conductas relacionadas con su cargo, incluso después de haber finalizado su mandato.

¿Qué otros procesos judiciales enfrenta el exmandatario?

Además de este caso, Aguilar tiene procesos abiertos por presunto peculado en la construcción de un colegio en Suaita e irregularidades en convenios con el Canal TRO.