Tribunal Administrativo de Antioquia se declara incompetente para continuar demanda de EPM contra CCC Ituango

La constructora Conconcreto informó que el Tribunal Administrativo de Antioquia se declaró incompetente para seguir con la demanda interpuesta por Empresas Públicas de Medellín EPM contra el Consorcio CCC Ituango, encargado de la construcción del proyecto hidroeléctrico Hidroituango. La acción judicial, presentada por un valor cercano a $9,9 billones, buscaba establecer presuntas responsabilidades por la emergencia ocurrida en 2018.

De acuerdo con el comunicado emitido por Conconcreto, la decisión del tribunal implica que el proceso no continuará en esa jurisdicción, aunque EPM podría insistir ante otras instancias judiciales si así lo considera pertinente. El consorcio CCC Ituango está conformado por Conconcreto, Coninsa Ramón H. y la brasileña Camil Engenharia, quienes estuvieron a cargo de la fase constructiva del proyecto hasta la contingencia.

El proceso judicial tiene sus raíces en un giro de postura institucional. Hasta 2019, EPM había sostenido ante las autoridades ambientales, organismos de control y aseguradoras que la emergencia en Hidroituango fue un “accidente imprevisible”, sin responsables directos. No obstante, en 2020, bajo la administración del entonces alcalde Daniel Quintero Calle, la empresa cambió de enfoque jurídico y decidió demandar a los constructores.

La decisión generó una profunda crisis en la compañía: en agosto de 2020, tras el anuncio de la demanda, la Junta Directiva de EPM renunció en pleno, como lo informó IFMNOTICIAS en su momento, alegando que el alcalde, Daniel Quintero, había tomado decisiones sin contar con su aprobación, lo que consideraron una extralimitación de funciones.

La demanda fue finalmente presentada en enero de 2021, pero en marzo del mismo año fue rechazada por el mismo Tribunal Administrativo de Antioquia, que señaló errores de forma y de fondo en el documento. A pesar de ello, el proceso derivó en otras actuaciones paralelas.

Por un lado, la Contraloría General de la República profirió un fallo de responsabilidad fiscal dentro de una investigación relacionada con el proyecto. Por otro, las aseguradoras que cubrían Hidroituango acordaron con EPM un pago de US$983 millones, equivalentes a cerca de $4,3 billones, como compensación por los daños causados por la emergencia.

Con esta nueva decisión judicial, el futuro de la demanda de EPM queda en entredicho, marcando un nuevo capítulo en la larga controversia legal y técnica que rodea a uno de los proyectos de infraestructura más importantes y polémicos del país.