Procuraduría llegó a San Andrés con una comisión especial para indagar contratos del hospital y de la Gobernación

La Procuraduría General de la Nación puso en marcha una comisión especial de investigación en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con el propósito de verificar posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos y establecer eventuales responsabilidades disciplinarias de funcionarios.

Según el boletín oficial, el equipo salió de Bogotá a las 6:00 de la mañana del jueves 22 de octubre, por instrucción del procurador general, Gregorio Eljach. La comisión está integrada por cinco investigadores, encabezados por una procuradora delegada, y cuenta con el acompañamiento de funcionarios de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales (DNIE).

La intervención se produjo después de las denuncias públicas formuladas por el presidente Abelardo de la Espriella durante su visita al archipiélago el fin de semana anterior. A raíz de estos señalamientos, la Procuraduría abrió dos indagaciones previas para determinar si existen elementos que justifiquen avanzar en procesos disciplinarios.

La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 6 para la Contratación Estatal inició las actuaciones para examinar dos grupos de hechos. En esta fase, los posibles responsables aparecen identificados como funcionarios por determinar, debido a que todavía se busca establecer quiénes habrían intervenido y si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias.

La primera indagación, fechada el 19 de octubre, está relacionada con la adquisición de bienes y servicios del Hospital Departamental, institución que actualmente se encuentra bajo toma de posesión de la Superintendencia Nacional de Salud.

Los investigadores revisarán si se contrataron servicios externos pese a que el centro hospitalario disponía de equipos e insumos propios. También examinarán posibles retrasos en el pago de salarios y dificultades en el manejo de residuos peligrosos.

Dentro de los documentos conocidos se mencionan contratos que, presuntamente, habrían terminado en manos de personas relacionadas con familiares de autoridades del departamento. La investigación deberá establecer si existieron irregularidades en esos procesos y si se presentaron conflictos de interés o actuaciones contrarias a las normas de contratación pública.

La segunda indagación, fechada el 20 de octubre, busca esclarecer posibles favorecimientos en la adjudicación de contratos de la Gobernación a Vonblon Pomare durante el periodo comprendido entre 2018 y 2024.

Como parte de las diligencias, la Procuraduría solicitó a la Gobernación y a la Superintendencia Nacional de Salud entregar documentación relacionada con los procesos examinados. Entre los requerimientos figuran estudios previos, registros presupuestales, informes de supervisión, contratos y certificaciones de pago.

Las entidades cuentan con diez días para remitir la información solicitada. Posteriormente, el material será evaluado para determinar si existen elementos que permitan adoptar nuevas decisiones dentro de las actuaciones disciplinarias.

La etapa de indagación previa puede extenderse hasta seis meses. Por ahora, fuentes de la Procuraduría señalaron que no existen pruebas suficientes para ordenar suspensiones provisionales de funcionarios.

Las investigaciones se desarrollan en medio de un intercambio público entre el presidente De la Espriella y la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang, relacionado con la situación del hospital y la contratación en el departamento.

Durante sus declaraciones, el mandatario afirmó conocer presuntos negocios del esposo de la congresista. En publicaciones en redes sociales también cuestionó la presencia de equipos médicos almacenados y deteriorados, así como la existencia de posibles nóminas paralelas.

Ante la gravedad de los señalamientos, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia solicitó una actuación coordinada de la Procuraduría, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación.

Jay-Pang rechazó las acusaciones y sostuvo que había solicitado previamente la intervención del hospital. Asimismo, negó que su esposo tuviera contratos con la Gobernación y explicó que él administra una ferretería dedicada a la comercialización de materiales y maquinaria.

Con las dos indagaciones en curso, la Procuraduría deberá establecer si las denuncias tienen sustento documental y si existen conductas que ameriten la apertura de procesos disciplinarios formales. Hasta que concluyan las verificaciones, los señalamientos no constituyen una declaración de responsabilidad contra las personas mencionadas.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué está investigando la Procuraduría en el archipiélago de San Andrés?

El organismo adelanta dos indagaciones previas: una por posibles irregularidades en la contratación del Hospital Departamental y otra por presunto favorecimiento en contratos de la Gobernación entre 2018 y 2024.

¿Quiénes son los particulares mencionados en estas denuncias?

Se indagan contratos que habrían beneficiado a Norbert Vonblon Pomare, esposo de la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz, tras señalamientos de posibles conflictos de interés.

¿Qué motivó el despliegue de esta comisión especial de investigadores?

La intervención se ordenó tras denuncias públicas sobre el manejo de recursos públicos, nóminas paralelas y el deterioro de equipos médicos, sumado a una solicitud de actuación coordinada de la Secretaría de Transparencia.