Fiscalía envió copias a la Corte Suprema para que evalúe si investiga a excongresistas de Comunes por magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La investigación por el asesinato del senador y entonces precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay incorporó una nueva actuación institucional luego de que la Fiscalía General de la Nación remitiera información a la Corte Suprema de Justicia para que examine los elementos relacionados con posibles vínculos de personas aforadas con el caso.

La decisión quedó consignada en un oficio fechado el 21 de octubre de 2026 y firmado por Deicy Jaramillo Rivera, delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía. Según el documento, el 20 de octubre se ordenó compulsar copias al alto tribunal, en respuesta a una solicitud presentada dos días antes por el ministro de Justicia, Iván Cancino.

La compulsa de copias consiste en trasladar información a otra autoridad para que determine si corresponde adelantar alguna actuación dentro de sus competencias. En este caso, el expediente fue enviado a la Corte Suprema debido a que la Constitución colombiana le asigna a esa corporación la investigación y el juzgamiento de los congresistas, de acuerdo con las condiciones previstas en los artículos 186 y 235.

La Fiscalía aclaró que el oficio no identifica formalmente a personas responsables de un delito ni constituye una conclusión sobre la veracidad de las afirmaciones conocidas. La información será examinada bajo la reserva propia de las actuaciones investigativas.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, confirmó que la documentación llegó a la Sala de Instrucción, dependencia encargada de investigar a funcionarios y personas que cuentan con fuero constitucional.

De acuerdo con la información divulgada, la magistrada Hernández Samudio deberá estudiar los elementos recibidos y establecer si existen fundamentos para iniciar una actuación formal.

La solicitud estaría relacionada con seis exintegrantes del Congreso pertenecientes a Comunes, partido surgido del proceso de paz con las antiguas Farc. Entre los nombres mencionados en algunos reportes figuran Julián Gallo Cubillos, Sandra Ramírez y Luis Alberto Albán Urbano, conocido como Marcos Calarcá.

Sin embargo, la información publicada por los distintos medios no coincide plenamente sobre la identidad de todas las personas mencionadas. Algunos reportes únicamente hacen referencia a Albán. Hasta el momento, según los datos suministrados, ninguno de los señalados ha sido vinculado formalmente a un proceso penal por estos hechos.

La remisión del expediente no supone una declaración de culpabilidad. Por tanto, cualquier eventual actuación deberá desarrollarse con respeto por el debido proceso y la presunción de inocencia.

El traslado de información se originó en una serie de conversaciones digitales que Tarazona hizo públicas. Según su versión, los mensajes habrían sido recibidos por un funcionario en abril de 2025.

En declaraciones concedidas a medios de comunicación, Tarazona sostuvo que la orden de atacar al senador habría provenido del Congreso, que los recursos para financiar el atentado habrían llegado desde Venezuela y que integrantes de la disidencia conocida como Segunda Marquetalia habrían participado en su ejecución.

Uno de los mensajes divulgados menciona a Luis Alberto Albán como presunto organizador de un grupo de hombres. Tarazona también señaló a un hombre identificado con el alias de Enrique Marulanda, a quien relacionó con la supuesta orden material del ataque.

Estas afirmaciones corresponden a la versión divulgada por Tarazona y no constituyen, por sí mismas, hechos judicialmente establecidos. La Fiscalía no ha confirmado públicamente la veracidad de esos señalamientos ni ha atribuido responsabilidad penal a las personas mencionadas en los mensajes.

Miguel Uribe Turbay fue atacado con arma de fuego el 7 de junio de 2025, durante un acto político en el parque El Golfito, en el barrio Modelia de Bogotá. El senador, integrante del Centro Democrático y entonces precandidato presidencial, murió el 11 de agosto de ese año.

Tras el atentado, la Fiscalía creó un Grupo de Tareas Especiales mediante la Resolución 001683 del 19 de junio de 2025. El equipo quedó integrado por cuatro fiscales y contó con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Sijín y la Dijín.

La delegada Deicy Jaramillo Rivera sostuvo que las labores investigativas no se han interrumpido y que el objetivo va más allá de judicializar a quienes habrían ejecutado materialmente el ataque. También busca esclarecer quiénes pudieron ordenarlo y financiarlo.

La llegada de nuevos elementos a la Corte Suprema abre una etapa de evaluación dentro de las competencias de ese tribunal. El alcance de las actuaciones dependerá del análisis del expediente y de las decisiones que adopten las autoridades judiciales.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué la Fiscalía envió información a la Corte Suprema sobre el caso de Miguel Uribe Turbay?

La Fiscalía remitió el expediente para que el alto tribunal evalúe si existen fundamentos para investigar a excongresistas del partido Comunes, quienes gozan de fuero constitucional. La solicitud se basa en información aportada por la viuda del senador sobre la presunta participación de estos políticos en el crimen.

¿Quiénes son los exintegrantes de Comunes mencionados en el proceso?

Aunque la información no es plenamente coincidente entre las fuentes, se mencionan nombres como Luis Alberto Albán (Marcos Calarcá), Julián Gallo Cubillos y Sandra Ramírez. Hasta el momento, ninguno de ellos ha sido vinculado formalmente a un proceso penal ni se ha emitido una declaración de culpabilidad.

¿En qué consisten los señalamientos realizados por la viuda del senador?

María Claudia Tarazona sostiene, basada en mensajes digitales, que la orden del ataque provino del Congreso, con financiación desde Venezuela y ejecución por parte de la disidencia Segunda Marquetalia. Estas afirmaciones son versiones de la denunciante y no constituyen hechos judicialmente probados por ahora.