Contraloría reportó 33 hallazgos fiscales en el Fomag por más de $694.000 millones y la Procuraduría alerta por el fin del contrato fiduciario

La administración de los recursos destinados a la atención médica de los docentes oficiales quedó bajo escrutinio tras la presentación de un balance de la Contraloría General de la República, que identificó 33 hallazgos fiscales relacionados con el sistema de salud del magisterio. Las observaciones representarían un posible detrimento patrimonial superior a los $694.000 millones, de acuerdo con información divulgada sobre un debate de control político realizado en la Comisión Séptima del Senado.

Durante la sesión, un delegado del organismo de control expuso las cifras y los principales aspectos identificados en las revisiones. Entre los conceptos señalados figuran cerca de $255.000 millones en posibles pagos indebidos y alrededor de $116.000 millones en intereses moratorios, correspondientes a recargos generados por el incumplimiento de obligaciones dentro de los plazos establecidos.

La existencia de estos hallazgos no implica que se haya establecido una responsabilidad fiscal definitiva. Se trata de observaciones que deben someterse a los procedimientos correspondientes, incluidas las indagaciones y los procesos de responsabilidad fiscal que permitan determinar si existió un daño a los recursos públicos y quiénes tendrían que responder por él.

El informe también expuso el crecimiento de los recursos asignados a la atención sanitaria de los maestros. La apropiación presupuestal pasó de aproximadamente $2,1 billones en 2022 a cerca de $5 billones en 2025.

Para agosto de 2026, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) registraba una apropiación de $4,9 billones. De ese total, las obligaciones ascendían a $3,8 billones, mientras que los pagos efectuados alcanzaban los $3,2 billones.

En los contratos relacionados con la prestación de servicios médicos permanecían pendientes cerca de $422.000 millones. La diferencia entre los recursos comprometidos y los desembolsos realizados constituye uno de los aspectos observados en medio de las preocupaciones por la situación financiera del sistema.

Según las proyecciones de la Contraloría, la disponibilidad de recursos alcanzaría para sostener la prestación de los servicios hasta noviembre de 2026. Esta estimación representa una advertencia sobre el panorama presupuestal, pero no significa que las autoridades hayan anunciado una suspensión de la atención médica.

A las observaciones fiscales se sumó una alerta preventiva de la Procuraduría General de la Nación sobre la situación administrativa y financiera del Fomag.

El Ministerio Público advirtió que el contrato fiduciario encargado de la administración de los recursos finalizará el 31 de octubre de 2026. Por esa razón, señaló la necesidad de definir oportunamente el mecanismo que garantizará el manejo de los dineros a partir del 1 de noviembre.

La Procuraduría también calculó un faltante cercano a $1,84 billones para financiar el componente de salud durante este año. De acuerdo con su evaluación, el traslado presupuestal de $859.000 millones aprobado por el Consejo Directivo del Fomag no cubriría la totalidad de las necesidades financieras identificadas.

Ante este escenario, solicitó información sobre las medidas previstas para asegurar la continuidad fiduciaria, el funcionamiento del fondo y la protección de sus más de 800.000 afiliados.

La entidad insistió en que las dificultades presupuestales y contractuales no deben afectar la continuidad, oportunidad ni calidad de los servicios. Asimismo, aclaró que la alerta preventiva no constituye una confirmación de que la atención vaya a interrumpirse.

Las preocupaciones incluyen las obligaciones pendientes con las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS). Según cifras atribuidas a la Superintendencia Nacional de Salud y divulgadas por medios de comunicación, las deudas del Fomag con estos prestadores rondarían los $2,4 billones. El 51 % de esas obligaciones tendría más de 180 días de mora.

Adicionalmente, se informó que el Ministerio de Educación solicitó al presidente de la República una auditoría forense para examinar técnicamente el manejo de los recursos y establecer si existen irregularidades.

Las actuaciones de los organismos de control y la revisión solicitada deberán contribuir a esclarecer el estado de las finanzas del sistema. Entretanto, las alertas mantienen bajo observación la gestión presupuestal, las obligaciones con los prestadores y las condiciones necesarias para garantizar la atención de los docentes afiliados.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué irregularidades encontró la Contraloría en el Fomag?

El organismo identificó 33 hallazgos fiscales por más de $694.000 millones, que incluyen pagos indebidos por $255.000 millones e intereses moratorios por $116.000 millones.

¿Cuál es la alerta que emitió la Procuraduría sobre el contrato fiduciario?

Advirtió que el contrato para administrar los recursos vence el 31 de octubre y que existe un faltante de $1,84 billones para financiar la salud de los docentes este año.

¿Qué medidas se están tomando para investigar el manejo de estos recursos?

El Ministerio de Educación solicitó una auditoría forense a la Presidencia para examinar técnicamente las finanzas y determinar si existen irregularidades adicionales en el fondo.