Procuraduría estudiará queja contra interventor de Coosalud por incumplir orden judicial

La actuación fue radicada este lunes 20 de abril a través de la sede electrónica del organismo de control y quedó registrada con el número E-2026-206710. El recurso disciplinario fue promovido a partir de la discusión sobre el control administrativo de Coosalud.

Según lo expuesto por la defensa de González Montaño, el interventor no habría dado cumplimiento a una orden emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala de Decisión Civil Familia, en la que se disponía la entrega inmediata de la administración de la EPS a su representante legal original. La queja sostiene que, pese a la notificación de esa decisión, Suárez Burgos continuó en el ejercicio de funciones dentro de la entidad, situación que motivó la presentación del escrito ante la Procuraduría para que se establezca si hubo desacato y extralimitación en el cargo.

En el documento radicado ante el ente de control se identifica a Jaime Miguel González Montaño como quien interpone la queja y a Jorge Orlando Suárez como disciplinable. El texto menciona de forma expresa presuntas conductas relacionadas con prevaricato por acción, usurpación de funciones públicas y fraude a resolución judicial, con referencia a los artículos 413, 425 y 454 de la Ley 599 de 2000.

La denuncia se centra en la permanencia del interventor al frente de Coosalud después de la decisión judicial citada por los reclamantes. De acuerdo con la versión expuesta en el recurso, esa continuidad en el ejercicio del cargo habría impedido que se materializara el retorno de la gerencia a González Montaño. La defensa plantea que la actuación del funcionario designado por la Superintendencia Nacional de Salud debe ser revisada por la Procuraduría para determinar si existió omisión en el cumplimiento de deberes legales y si esa conducta da lugar a responsabilidad disciplinaria. La presentación de la queja no implica por sí misma una sanción, pero sí abre la posibilidad de una revisión formal de los hechos y de los documentos que soportan la reclamación.

En esta etapa, el expediente se encuentra en reparto dentro de la Procuraduría General de la Nación, paso con el que se definirá la dependencia encargada de asumir el caso. A partir de esa asignación, el organismo podrá revisar el contenido del escrito, las decisiones judiciales citadas, las comunicaciones allegadas por la defensa y cualquier otro elemento que sea incorporado al trámite. Entre los puntos que tendrá que establecer la entidad están el alcance de la orden judicial invocada, la fecha de su notificación, las actuaciones adelantadas por el interventor después de esa decisión y la correspondencia entre esos hechos y las faltas señaladas en la queja.

El caso se suma a la controversia alrededor del manejo de Coosalud y del relevo en la dirección de la EPS. Por ahora, lo que existe de manera formal es una queja disciplinaria ya presentada, con datos de radicación, nombre del funcionario señalado y relación de las conductas denunciadas.

El trámite avanzará conforme a las etapas internas de la Procuraduría, que tendrá que definir si abre investigación, si solicita información adicional o si remite copias a otras autoridades en caso de advertir elementos de competencia penal. Mientras tanto, el documento ingresado por la defensa de González Montaño deja planteada ante el órgano de control una disputa sobre el cumplimiento de una orden judicial y sobre la continuidad de la intervención en Coosalud.

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