La Procuraduría General de la Nación formuló cargos disciplinarios contra la exsecretaria General de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Claudia María Arroyave López, y contra el entonces coordinador del Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, William Alfredo Sandoval Sandoval, por presuntas irregularidades en un proceso contractual adelantado en 2021.

De acuerdo con la información oficial, los hechos estuvieron relacionados con la adquisición de un sistema de planificación de recursos empresariales, cuyo valor superó los 1.700 millones de pesos. El organismo de control indicó que las presuntas irregularidades se habrían presentado durante la etapa precontractual del proyecto.

Según la investigación, los funcionarios habrían omitido la verificación y validación de los aspectos técnicos y funcionales exigidos en el proceso previo a la firma del contrato, el cual fue suscrito posteriormente por Arroyave López.

La Procuraduría señaló que dichas omisiones habrían afectado el desarrollo adecuado del procedimiento administrativo, en el marco de un proyecto orientado al fortalecimiento institucional de la entidad.

El dictamen pericial emitido por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría estableció que se habrían presentado deficiencias en los estudios y documentos precontractuales. Estos habrían sido presuntamente elaborados por Sandoval Sandoval.

De acuerdo con el informe técnico, dichas falencias habrían representado un riesgo inminente para la correcta ejecución del contrato, lo que motivó la apertura de la actuación disciplinaria.

La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal calificó provisionalmente las conductas como gravísimas a título de culpa gravísima. Esta determinación hace parte del avance del proceso disciplinario que continuará su curso conforme a las etapas establecidas por la ley.

El caso se mantiene en etapa de investigación disciplinaria, mientras se evalúan los elementos probatorios y las responsabilidades individuales dentro del proceso contractual señalado.

En otro orden de ideas la entidad informó sobre la formulación de cargos contra la exgerente de la Empresa Social del Estado (ESE) de Cabrera, en el departamento de Santander, Belsy Malena Regalado Badillo por un presunto incumplimiento de sus deberes como servidora pública.

De acuerdo con el ente de control, los hechos materia de investigación estarían relacionados con la posible vulneración de derechos laborales de un colaborador de la institución durante el periodo comprendido entre las vigencias 2021 y 2022.

Sobre el tema, la Procuraduría Provincial de San Gil señaló que la investigación busca establecer si la exfuncionaria no garantizó al conductor de la ambulancia del centro de salud el disfrute de derechos laborales contemplados en la normativa vigente.

Entre los derechos presuntamente afectados se encuentran los recargos por trabajo dominical, los descansos compensatorios, los días festivos y la adecuada asignación de turnos, entre otros beneficios laborales establecidos por la ley.

Según lo informado, en el marco de la actuación disciplinaria, la autoridad competente calificó de manera provisional la conducta atribuida a la exgerente como grave, a título de culpa grave.

Por último, se informó que el proceso continuará su curso con el fin de verificar los hechos y determinar si existió o no responsabilidad disciplinaria por parte de la exfuncionaria en los hechos señalados.

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