Contraloría alertó expansión de grupos armados y planteó fortalecer inversión en tecnología para la defensa

El informe señala que estas organizaciones ampliaron su presencia territorial, incrementaron su número de integrantes y desarrollaron capacidades que exigen nuevas herramientas tecnológicas para la acción del Estado. La advertencia fue consignada en el estudio denominado “Análisis de los Avances y la Gestión de los Recursos en la Implementación de la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) del sector Defensa y Seguridad”, elaborado por la Contraloría Delegada para el sector Defensa y Seguridad.

El documento examina el comportamiento de los grupos armados ilegales, la capacidad institucional de respuesta y el estado de las inversiones destinadas al fortalecimiento tecnológico de las entidades encargadas de la seguridad nacional. De acuerdo con los hallazgos presentados por el organismo de control, la presencia de organizaciones armadas al margen de la ley pasó de registrarse en 195 municipios durante 2019 a alcanzar 518 municipios en 2025.

Esta variación representa un incremento del 165 % en la cobertura territorial de estas estructuras durante los últimos seis años, fenómeno que, según el análisis, refleja procesos de expansión y consolidación en distintas regiones del país. El estudio también señala que estas organizaciones incrementaron su capacidad operativa mediante la incorporación de nuevos integrantes. Según los datos recopilados por la Contraloría, durante el último año se sumaron cerca de 5.000 personas a estas estructuras, que actualmente tendrían alrededor de 27.000 miembros distribuidos en diferentes zonas del territorio nacional.

En paralelo al crecimiento de los grupos ilegales, el informe registra un aumento en los enfrentamientos entre estas organizaciones y la Fuerza Pública. Durante 2025 se contabilizaron 228 combates, cifra que representa un incremento del 111% frente a periodos anteriores y que corresponde al nivel más alto reportado en la última década.

Frente a este panorama, la Contraloría destaca que las amenazas actuales presentan características distintas a las observadas años atrás. El documento señala que las organizaciones ilegales han incorporado mecanismos de adaptación tecnológica y nuevas formas de operación que requieren respuestas apoyadas en herramientas de inteligencia, análisis de datos y sistemas avanzados de monitoreo.

Como parte de las acciones implementadas por el Gobierno, el estudio destaca el incremento de recursos destinados a tecnologías de defensa. En 2024 fueron asignados $136.200 millones de pesos para la adquisición de sistemas antidrones, mientras que para 2025 se programó una inversión cercana a los $300.000 millones de pesos orientada al fortalecimiento de esta capacidad.

No obstante, el organismo de control considera que las inversiones realizadas continúan siendo limitadas frente a los requerimientos del sector y frente a las tendencias internacionales. Según el informe, Colombia destina alrededor del 0,2% de su Producto Interno Bruto a actividades relacionadas con ciencia, tecnología e innovación, una cifra inferior al promedio de 2,5% reportado entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La Contraloría sostiene que el fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas debe ocupar un lugar central dentro de las estrategias de seguridad y defensa. El estudio señala que herramientas como la inteligencia artificial, la analítica de datos, la automatización de procesos y el desarrollo de capacidades digitales constituyen elementos relevantes para enfrentar fenómenos criminales que evolucionan constantemente.

En el documento, el ente de control plantea que el fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación debe consolidarse mediante políticas de largo plazo que permitan mejorar las capacidades institucionales, optimizar la utilización de recursos públicos y fortalecer las herramientas disponibles para atender los desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad y control territorial.

Medellín supera los 400 escenarios deportivos intervenidos y acelera meta de recuperar 700 espacios