Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra Daniel Quintero y María Camila Villamizar por presunto uso indebido de recursos públicos en Medellín
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, y contra María Camila Villamizar Assaf, quien se desempeñó como secretaria privada del despacho del alcalde y ordenadora del Fondo Fijo Reembolsable Nº 067 durante su ad
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, y contra María Camila Villamizar Assaf, quien se desempeñó como secretaria privada del despacho del alcalde y ordenadora del Fondo Fijo Reembolsable Nº 067 durante su administración (2020–2023).
De acuerdo con el auto emitido por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, y según consta en el expediente (ver documento adjunto), los investigados habrían utilizado recursos públicos destinados a cubrir gastos urgentes, imprevistos y necesarios, para cubrir gastos personales y no justificados. Entre ellos se encuentran la compra de helados, refrigerios, mercados e incluso bebidas alcohólicas, los cuales no cumplen con los criterios definidos por la Resolución 1645 de 2006 que regula el uso de estos fondos.
La investigación fue ordenada mediante auto del 1 de julio de 2025 y tiene como base el pliego de cargos formulado el 13 de septiembre de 2024, en el cual se compulsa copia para abrir una nueva actuación disciplinaria separada por posibles irregularidades en la administración de los fondos fijos reembolsables de la caja menor del despacho del alcalde de Medellín.
Según el documento, también se investiga si Daniel Quintero Calle autorizó pagos dobles para cubrir los mismos gastos en viajes nacionales e internacionales, ya que por un lado habría cobrado viáticos y, por otro, habría utilizado el Fondo Fijo 067 para sufragar los mismos conceptos, lo que podría configurar una apropiación indebida de recursos públicos.
El despacho señala que María Camila Villamizar, en su calidad de ordenadora del fondo fijo, presuntamente autorizó pagos sin justificación legal ni administrativa, lo que podría constituir una falta gravísima por afectar la Hacienda Pública. El artículo 65 del Código General Disciplinario contempla que esta conducta coincide con descripciones delictivas penales, como el peculado por apropiación tipificado en el artículo 397 del Código Penal.
Adicionalmente, la Procuraduría informa a los implicados sobre la posibilidad de acogerse a los beneficios de confesión o aceptación de cargos durante esta etapa de investigación, lo que podría derivar en la reducción de sanciones en caso de ser encontrados responsables.
Como parte del proceso, se ordenó practicar inspección disciplinaria en la Alcaldía de Medellín para acopiar documentación relacionada con la trazabilidad de las transacciones y verificar el cumplimiento de las normas que regulan el uso de la caja menor durante las vigencias 2020 a 2023.
La investigación estará a cargo del asesor Felipe Gonzalo Jiménez Mantilla, de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales.






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