Por asesinato de ocho líderes religiosos, Fiscalía judicializó cabecillas de las disidencias y a funcionaria pública

La Fiscalía judicializó a tres personas vinculadas al asesinato y desaparición de ocho líderes de una comunidad religiosa en Calamar, Guaviare. La entidad informó que entre los procesados están dos presuntos cabecillas de las disidencias de las Farc y una funcionaria pública que al parecer habría proporcionado información clave para el crimen.

Los acusados son Miller Leonardo Garrafa, conocido en el mundo criminal como alias Miller, Jorge Eliécer Ávila, alias Yucape y Angie Liseth Jaramillo Arias, conocida como La Crespa. 

Según la investigación, el 4 de abril de 2025 las víctimas fueron citadas bajo falsos pretextos, retenidas, asesinadas y posteriormente enterradas en una fosa común, de acuerdo a lo determinado fue Garrafa quien habría coordinado la operación, alías Yucape custodiaba a las víctimas mientras Jaramillo Arias, funcionaria de la Personería del municipio, facilitaba información sobre las víctimas así como de los movimientos de la Fuerza Pública a cambio de dinero.

De acuerdo a la Fiscalía, los tres fueron imputados por concierto para delinquir agravado, desaparición forzada, homicidio agravado y porte ilegal de armas, pero ninguno aceptó los cargos.

Cabe recordar que el 1 de julio las autoridades encontraron los cuerpos de los ocho líderes sociales y religiosos en una fosa común en Calamar, identificados como: Jesús Valero, Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri Hernández, Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza Chacón.

De acuerdo a versiones preliminares, se conoció que las disidencias de las FARC habían sido los autores del crimen, realizado supuestamente para impedir la posible creación de una célula del ELN en la región.

Las víctimas hacían parte de dos iglesias evangélicas locales, provenientes de Arauca, además se les reconoció por desempeñar roles importantes dentro de sus comunidades, por lo que, el hallazgo generó temor en la población local, afectando la participación comunitaria y religiosa.

Tras conocer el aberrante crimen, el mismo presidente Gustavo Petro, así como las autoridades locales condenaron el hecho y pidieron intervención del gobierno para proteger a la población.

En medios de comunicación se expresó que el director Especializado contra las Organizaciones Criminales, Andrés Escobar, aseguró que la funcionaria era la secretaria de la Personería Municipal de Calamar, tenía información privilegiada respecto a operaciones de la Fuerza Pública. 

Esto debido a que, aseguró el director, desde la institución se asocian con las personerías en algunas actividades judiciales como representante del Ministerio Público, y, aseguró: “con esta información que ella adquiría se la transmitía a la organización, quienes con esos datos lograban ubicar los componentes militares y facilitar sus operativos».