JEP rechazó sometimiento de dos militares retirados por el holocausto del Palacio de Justicia

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, rechazó el sometimiento del sargento Luis Fernando Nieto Velandia y del general Justo Eliseo Peña Sánchez por su presunta participación en los hechos ocurridos durante la toma y retoma del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985.

El Palacio de Justicia fue escenario de uno de los episodios más trágicos de la historia del país. Por el sótano del edificio ingresó el comando armado del M-19 hacia las 11:35 a.m. del miércoles 6 de noviembre, dando inicio a la llamada operación Antonio Nariño. Seis vigilantes y escoltas ofrecieron resistencia inicial, pero en cuestión de minutos el edificio fue tomado, y decenas de funcionarios, visitantes y empleados quedaron atrapados entre el fuego cruzado de los guerrilleros y las Fuerzas Armadas, que iniciaron el operativo de retoma. Tras casi 28 horas de combate, el resultado fue devastador.

En 2024 la JEP citó a declarar a tres exgenerales, un excoronel y otros tres militares en retiro por su posible responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales de jóvenes inocentes presentados como guerrilleros muertos en combate, los conocidos ‘falsos positivos’, ocurridos en el suroeste del país.

Estas declaraciones se enmarcan en el Caso 03, que investiga estas ejecuciones, y el Caso 05, que abarca crímenes y violaciones de derechos humanos en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. En estos procesos se indagan violaciones como ejecuciones extrajudiciales, torturas, violencia sexual, desapariciones forzadas, desplazamientos y afectaciones al medio ambiente, ocurridas entre el 1 de enero de 1993 y el 1 de diciembre de 2016. En total, la JEP estima que al menos 6.402 civiles fueron ejecutados extrajudicialmente y presentados como bajas en combate.

Actualmente se conoce que Luis Fernando Nieto fue condenado por la justicia ordinaria por su responsabilidad en las desapariciones forzadas de Irma Franco, exintegrante del M-19, y de los trabajadores del Palacio Carlos Augusto Rodríguez Vera y Bernardo Beltrán Hernández. Ante la JEP, se le pidió que explicara la selección de personas para interrogatorios y si tuvo conocimiento o participación en hechos ilegales por parte de miembros de la fuerza pública. Se le interrogó, además, sobre un posible pacto de silencio en las Fuerzas Militares para encubrir responsabilidades.

Nieto reconoció haber elaborado un informe previo alertando sobre posibles movimientos del M-19, pero dijo no tener información concreta sobre la toma. Negó haber hecho listas de sospechosos, participar en interrogatorios o interactuar con víctimas. Señaló que el día de los hechos, aunque era analista del blanco M-19, fue asignado como acompañante del general Jesús Armando Arias Cabrales en la entrada del Palacio.

También afirmó haber presenciado cómo un hombre fue subido a un vehículo, sin poder identificarlo, y relató que en la madrugada del 7 de noviembre llegó a la Escuela de Caballería por orden del capitán Miguel Ángel Cárdenas, donde entregó unas bolsas negras a un suboficial que se encontraba con una persona que, según dijo, parecía estar bajo tensión.

Para la JEP, las respuestas de Nieto fueron ambiguas y reticentes. En su resolución, la Sala consideró que el compareciente «oscila entre la ambigüedad y la reticencia frente al deber de verdad», lo cual impide la reconstrucción completa de los hechos. Además, se cuestiona que, siendo analista del blanco M-19, Nieto hubiera sido relevado de sus funciones justo en el momento en que su experiencia resultaba más crucial.

En consecuencia, la JEP concluyó que Nieto no hizo aportes sustanciales de verdad y rechazó su sometimiento “La falta de información concreta sobre la planificación de las operaciones armadas y de inteligencia, así como sobre la cadena de mando, reduce significativamente el potencial de sus aportes”.

En la misma decisión, se negó también el sometimiento del general Justo Eliseo Peña, quien en ese momento hacía parte de la Brigada 13. Peña manifestó que, al momento de la toma, se encontraba tomando un jugo en una zona cercana, y que aunque intentó ingresar al Palacio en dos ocasiones, el fuego cruzado se lo impidió. Finalmente, relató que se dirigió a la Brigada 13 y luego se fue a descansar a casa de su novia, hoy esposa, en el barrio Normandía, Bogotá. Afirmó no tener conocimiento de otras actividades relacionadas con el Palacio de Justicia.

La JEP recordó que Peña no ha sido condenado por estos hechos, por lo que no está obligado a aceptar responsabilidad. Sin embargo, los magistrados concluyeron que su aporte a la verdad fue insuficiente, “Aunque aparentemente ofreció una narración de lo ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985, se desmarcó completamente de cualquier implicación y no estableció estructuras de mando más allá de identificar al general Arias Cabrales y al coronel Luis Carlos Sadovnik”. Además, se consideró que su versión se centró en hechos aislados y no respondió con profundidad sobre las desapariciones forzadas, perfilamientos, ejecuciones ni torturas.

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