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JEP mencionó a Carlos Mattos en caso del Cesar y defensa respondió que se trata de otra persona

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue a varios civiles por su presunta participación en la conformación y financiación de grupos paramilitares en el departamento del Cesar.

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Redacción IFM
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JEP mencionó a Carlos Mattos en caso del Cesar y defensa respondió que se trata de otra persona

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue a varios civiles por su presunta participación en la conformación y financiación de grupos paramilitares en el departamento del Cesar. Entre los mencionados figura el nombre del empresario Carlos Mattos, actualmente privado de la libertad por hechos relacionados con el denominado ‘caso Hyundai’.

La solicitud fue presentada por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, en el marco del Subcaso Sierra Nevada de Santa Marta del Caso 09, centrado en crímenes cometidos contra comunidades indígenas.

En particular, se busca determinar la posible responsabilidad de varios terceros civiles en la desaparición forzada, tortura y asesinato de tres autoridades espirituales del pueblo Arhuaco, conocidos como Mamos, así como en la tortura de otros dos miembros de esa comunidad.

En el listado de civiles sobre los cuales se compulsaron copias figuran, además de Carlos Mattos, su hermano José Mattos, Luis Alberto Restrepo Gutiérrez, Alfonso Macías y Wilson Ramírez. La magistrada Ana Caterina Heyck Puyana también solicitó a la Fiscalía iniciar trámites de extinción de dominio sobre bienes que, según los hallazgos, habrían sido utilizados para la comisión de estos crímenes.

Entre los inmuebles mencionados se encuentra la hacienda Bethania, ubicada en El Copey, Cesar, la cual habría sido usada como base de operaciones de estructuras paramilitares y sitio de retención de los líderes arhuacos antes de su asesinato. También se hizo referencia a una finca y un molino en El Copey, así como propiedades vinculadas a la familia Mattos: una casa en cercanías de la plaza Alfonso López de Valledupar y un apartamento en inmediaciones del río Guatapurí, que habrían servido como lugares de retención o refugio de los presuntos autores de los crímenes.

La JEP ratificó la calificación de lesa humanidad para los delitos en mención, una determinación que ya había sido adoptada por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía en años anteriores.

Tras conocerse la compulsa de copias, la defensa de Carlos José Mattos Barrero emitió un comunicado en el que afirma que el empresario no corresponde a la persona mencionada por la JEP. Según el pronunciamiento, las investigaciones previas que lo relacionaban con estos hechos fueron archivadas luego de establecerse que el testimonio que lo implicaba hacía referencia a un homónimo.

La defensa citó como origen de esa vinculación una declaración del exparamilitar José del Carmen Gelves, alias “el Canoso”, dentro de una investigación por el asesinato de indígenas arhuacos. No obstante, según el documento, las autoridades determinaron que el nombre aludido correspondía a otra persona, conclusión a la que se llegó por la alta incidencia de homónimos con el apellido Mattos en la región.

El comunicado recordó que en un proceso anterior ocurrido en el municipio de Codazzi, también se asoció a Carlos José Mattos con hechos delictivos, situación que fue aclarada judicialmente en favor del empresario.

La defensa anexó decisiones judiciales que habrían adquirido firmeza y que, a su juicio, respaldan su posición. Finalmente, solicitó que los medios rectifiquen las publicaciones relacionadas con este caso.

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