JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a Pablo Catatumbo y otros ocho exjefes de las Farc por hechos en Tolima, Huila y Quindío

Entre los comparecientes figura Pablo Catatumbo Torres Victoria, exintegrante del Secretariado de las Farc y excongresista del partido Comunes tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016. Junto a él fueron imputados Luis Eduardo Rayo, alias 'Marlon'; Raúl Agudelo Medina, alias 'Olivo Saldaña'; Henoc Capera Trujillo, Jhon Jairo Oliveros Grisales, Gustavo Bocanegra Ortegón, Nelson Antonio Jiménez Gantiva, Wilson Ramírez Guzmán y Víctor Hugo Silva Soto.

Según lo informado, ocho de ellos fueron señalados como "máximos responsables" por su liderazgo regional y capacidad de mando, mientras que el noveno fue vinculado por su participación determinante en los hechos. Es importante precisar que una imputación en la JEP no equivale a una condena: es la etapa en la que la Sala atribuye hechos y calificaciones jurídicas para que los comparecientes los acepten o los controviertan.

La decisión se refiere a homicidios, masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos, tomas guerrilleras, ataques contra la población civil y contra integrantes de la Fuerza Pública que estaban fuera de combate. También abarca despojos de tierras, amenazas a autoridades locales, siembra de minas antipersonal y uso de civiles como escudos o para transportar explosivos.

Entre los episodios documentados está la toma de Roncesvalles (Tolima), en julio de 2000, que dejó más de 30 edificaciones destruidas y cerca de 800 personas desplazadas; reportes de prensa señalan además que en ese ataque fueron asesinados policías que se habían rendido. También se incluye la ofensiva contra el corregimiento de Puerto Saldaña, en Rioblanco (Tolima), entre abril y mayo de 2000, con al menos 27 civiles asesinados y más de 3.600 personas desplazadas. Otros hechos mencionados son la masacre de Potrero Grande (Huila), en 2002, y los homicidios de la personera de Roncesvalles, Ángela Yesenia Bríñez Ballesteros, y del candidato a la Alcaldía de Chaparral Mario de Jesús Cardona, asesinado en 2003 durante un acto de campaña.

El tribunal acreditó a 967 víctimas individuales, de las cuales el 54 % son campesinos. Para construir la imputación, la Sala analizó cerca de 600 expedientes judiciales y 54 informes presentados por víctimas y organizaciones sociales. Además, pidió a los comparecientes información para buscar, identificar y entregar a 30 personas desaparecidas relacionadas con estos hechos.

La magistrada relatora del caso 10, Marcela Giraldo, destacó que es la primera vez que estos comparecientes responden por las macrovictimizaciones del expediente. Por su parte, el presidente saliente de la JEP, Alejandro Ramelli, calificó la decisión como un avance significativo en el esclarecimiento de la verdad judicial y recordó que, antes de este proceso, apenas una fracción menor de estos casos había llegado a sentencia en la justicia ordinaria.

Los nueve imputados tienen 20 días hábiles para pronunciarse sobre los hechos y las conductas atribuidas, y un plazo de 30 días hábiles para presentar observaciones y aportar verdad adicional. Las víctimas y el Ministerio Público también podrán presentar sus observaciones.

Si los comparecientes reconocen su responsabilidad, se celebrará una audiencia pública de reconocimiento ante las víctimas y, posteriormente, podrán recibir sanciones propias: medidas restaurativas que no implican cárcel, pero sí restricciones efectivas de derechos y libertades. Si la rechazan, el caso podría pasar a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, que lo llevaría a un juicio adversarial; de ser declarados responsables, enfrentarían penas de hasta 20 años de prisión.

Preguntas y respuestas de contexto

¿A quiénes imputó la JEP y por qué delitos?

La JEP imputó a Pablo Catatumbo y otros ocho exjefes del Comando Conjunto Central de las Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo homicidios, masacres, desapariciones y desplazamientos forzados.

¿Qué hechos específicos se destacan en la investigación?

Se documentaron 94 incursiones armadas entre 1991 y 2016 en Tolima, Huila y Quindío, resaltando la toma de Roncesvalles, la ofensiva contra Puerto Saldaña y el asesinato de líderes políticos locales.

¿Qué sigue para los excombatientes imputados en este proceso?

Los comparecientes tienen 20 días hábiles para reconocer o rechazar los cargos; si aceptan su responsabilidad, recibirán sanciones restaurativas, pero si la niegan y son vencidos en juicio, podrían enfrentar hasta 20 años de cárcel.