Justicia ordena suspender intervención de Coosalud EPS y restituir el control a sus directivos

En una decisión judicial de gran impacto para el sistema de seguridad social en Colombia, el Tribunal Administrativo de Bolívar ha ordenado la suspensión provisional de la intervención forzosa que la Superintendencia Nacional de Salud mantenía sobre Coosalud EPS. La providencia, emitida por el despacho del magistrado Luis Miguel Villalobos, deja sin efectos jurídicos los actos administrativos que permitieron al Gobierno Nacional tomar el control de una de las entidades promotoras de salud más relevantes del país, la cual cuenta con una base de usuarios cercana a los tres millones de afiliados.

La determinación del magistrado Villalobos se enfoca específicamente en la suspensión de dos actos administrativos fundamentales. El primero es la Resolución 2024320030015228-6, fechada el 22 de noviembre de 2024, mediante la cual la Supersalud dispuso la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de Coosalud, iniciando así el proceso de intervención forzosa administrativa. El segundo acto afectado es la Resolución 2025320030011347-6, del 21 de noviembre de 2025, que pretendía extender dicha medida por el término de un año adicional.

Esta medida cautelar se ha adoptado en el marco de una acción popular, herramienta jurídica diseñada para salvaguardar derechos e intereses colectivos, tales como el acceso eficiente y continuo a los servicios públicos de salud. Al tratarse de una suspensión provisional, los efectos de las resoluciones quedan congelados mientras el tribunal analiza el fondo del asunto y emite una sentencia definitiva sobre la legalidad de la actuación de la Superintendencia.

La providencia judicial es taxativa al ordenar que se deben "restablecer las cosas al estado en que se encontraban" antes de que se ejecutaran las resoluciones de intervención. En términos prácticos, esto implica que la administración de Coosalud EPS debe ser devuelta de inmediato a Jaime Miguel González Montaño, en su calidad de representante legal, y a Natalia Largo González, quien se desempeña como suplente en la dirección de la entidad.

Para garantizar que este proceso de transición se realice bajo los más estrictos estándares de transparencia y legalidad, el tribunal ha solicitado el acompañamiento activo de los entes de control. De esta manera, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación deberán vigilar y supervisar el traspaso en sus dimensiones administrativa, financiera y técnica, asegurando que no se afecte la operación de la EPS durante el cambio de mando.

La decisión del magistrado surge tras una solicitud presentada por la Cooperativa Coosalud, bajo la representación jurídica del abogado Julián Quintana, quien buscaba modificar la medida cautelar vigente. A pesar de la oposición presentada por la Supersalud y el agente interventor designado, el tribunal consideró que existían "hechos sobrevinientes" que justificaban el cambio de postura judicial.

El análisis del magistrado concluyó que la intervención estatal no ha cumplido con los objetivos propuestos originalmente. Según se lee en la providencia, "el plan de acción no ha mostrado resultados satisfactorios", lo que sugiere que la gestión pública no logró estabilizar la entidad. El tribunal se apoyó en informes críticos de diversos organismos de control que pintan un panorama preocupante sobre el periodo de intervención.

La Procuraduría General de la Nación advirtió que no se alcanzaron las metas establecidas y que, por el contrario, se registró un deterioro en los indicadores de prestación del servicio, en la estabilidad financiera y en el cumplimiento de órdenes judiciales. Por su parte, la Contraloría reportó indicadores en niveles críticos, mientras que la Defensoría del Pueblo denunció la persistencia de barreras de acceso para los pacientes. Entre las problemáticas detectadas se encuentran el incremento de peticiones, quejas y reclamos (PQRD), el aumento de acciones de tutela y desacatos, fallas en el suministro de medicamentos y una inestabilidad administrativa marcada por la constante rotación de los agentes interventores.

El control de Coosalud, cuya sede principal se encuentra en la ciudad de Cartagena, ha sido el epicentro de una compleja batalla legal. En abril de 2026, ya se había emitido una orden previa para suspender la intervención; no obstante, la defensa de la cooperativa denunció que dicha orden fue desacatada debido a instrucciones de la Supersalud al interventor. Posteriormente, en mayo, una nueva decisión judicial había retornado el control al Ejecutivo, situación que ahora vuelve a revertirse con este nuevo fallo.

Es importante señalar que, de forma paralela, cursan otros procesos relacionados con los directivos. El 5 de agosto de 2026, la Procuraduría inició una investigación disciplinaria contra Jaime Miguel González Montaño y siete integrantes de la junta directiva. Esta indagación busca esclarecer presuntas irregularidades en operaciones financieras, pagos a terceros y un contrato de coworking vinculados al ejercicio de 2024. Sin embargo, al ser una investigación en etapa inicial y sin fallo en firme, los implicados mantienen su presunción de inocencia.

La actual medida de suspensión permanecerá vigente hasta que el Tribunal Administrativo de Bolívar resuelva de manera definitiva la acción popular, determinando el futuro a largo plazo de la administración de la EPS y la protección de los derechos de sus tres millones de afiliados.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué ordenó el Tribunal Administrativo de Bolívar respecto a Coosalud EPS?

El tribunal ordenó suspender de forma provisional la intervención forzosa de la Superintendencia Nacional de Salud y restituir de inmediato el control de la entidad a sus directivos originales.

¿Por qué se tomó la decisión de frenar la intervención estatal?

El magistrado concluyó que la gestión pública no cumplió sus objetivos, evidenciando un deterioro en los indicadores financieros, fallas en el suministro de medicamentos y un aumento en las quejas de los usuarios.

¿Quiénes retomarán la dirección de la EPS y bajo qué condiciones?

La administración regresa a Jaime Miguel González Montaño y Natalia Largo González, bajo la supervisión de la Contraloría y la Procuraduría para garantizar la transparencia en el proceso de transición.