Fiscal Camargo negó haber dado órdenes que afectaran la autonomía en investigación contra Nicolás Petro
El proceso judicial contra Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, sigue en medio de tensiones y controversias dentro de la Fiscalía General de la Nación.
El proceso judicial contra Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, sigue en medio de tensiones y controversias dentro de la Fiscalía General de la Nación. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, respondió a las advertencias de Lucy Laborde, fiscal encargada del expediente, quien había denunciado posibles vulneraciones a la autonomía e independencia de los funcionarios judiciales por decisiones administrativas tomadas en el caso.
En una carta oficial, Camargo aseguró que bajo su administración “no existe ni existirá ninguna directriz que afecte la autonomía e independencia de los fiscales”. La funcionaria insistió en que confía plenamente en la capacidad de los investigadores y defendió la legalidad de las actuaciones recientes, entre ellas la designación temporal de una fiscal de apoyo.
La decisión de asignar a María Isabel Ramírez como fiscal auxiliar generó las alertas de Laborde, quien cuestionó la pertinencia de la medida en un momento procesal que no lo requería. Según Camargo, la resolución que ordenaba esa asignación tenía como propósito ofrecer acompañamiento técnico y jurídico, y no interferir en la labor investigativa. No obstante, tras las objeciones presentadas, la fiscal general optó por revocar dicha designación.
Camargo también se refirió a las reuniones que Laborde describió como “sorpresivas” y relacionadas con el expediente. Aclaró que se trató de una mesa de trabajo con otra dependencia que adelantaba una compulsa de copias por hechos conexos al mismo caso. Según explicó, estas coordinaciones son habituales dentro de la Fiscalía y buscan evitar la duplicidad de esfuerzos y garantizar un manejo más eficiente de los recursos investigativos.
En cuanto a los reclamos de la defensa de Nicolás Petro sobre supuestas solicitudes que nunca habrían llegado al despacho de Laborde, la fiscal general indicó que existen registros de que dichos documentos fueron remitidos el 10 de septiembre a la delegada correspondiente, a la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y al correo institucional de la fiscal titular.
Camargo reiteró que su administración no ha impartido instrucciones que comprometan la independencia de los fiscales y defendió que las actuaciones administrativas se enmarcan en la responsabilidad de asegurar buenas prácticas procesales.
Sin embargo, en su pronunciamiento no hizo referencia a los cuestionamientos que previamente había lanzado el presidente Gustavo Petro contra la propia jefatura del ente acusador, en el marco de la controversia por filtraciones y denuncias relacionadas con el expediente.
La confrontación interna en la Fiscalía sobre el manejo del caso de Nicolás Petro pone en evidencia las tensiones no solo al interior de la entidad, sino también en la relación entre el Ejecutivo y el órgano investigador, en un proceso judicial que ha tenido impacto político y mediático en el país.

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