Defensa de Nicolás Petro solicitó reprogramar audiencia de imputación para noviembre

El proceso judicial contra Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, tendría un nuevo giro con la petición de su abogado defensor, Alejandro Carranza, de aplazar la audiencia de imputación de cargos prevista para este 1 de octubre en Barranquilla.

La solicitud, radicada en el Complejo Judicial de esa ciudad, plantea que la diligencia sea trasladada para noviembre debido a compromisos previos del penalista y a lo que considera falta de garantías procesales.

En el oficio, Carranza indicó que desde el pasado 9 de septiembre radicó un poder en calidad de apoderado de Nicolás Petro y, en esa misma fecha, pidió a la Judicatura y a la Fiscalía un aplazamiento para después del 8 de noviembre de 2025. La defensa argumenta que no ha recibido copia de la solicitud de imputación hecha por la fiscal Lucy Laborde a inicios de septiembre, lo que, según señala, limita la preparación de la defensa.

Además, explicó que ese mismo día tiene programada en Bogotá una audiencia inaplazable de alegatos de conclusión en el Juzgado 36 Penal Municipal, en la que actúa como representante del presidente Gustavo Petro, así como compromisos médicos y citaciones ante la Comisión de Investigación y Acusación.

Las fechas sugeridas por la defensa para la reprogramación son las semanas del 10 al 14 de noviembre y del 18 al 21 del mismo mes. El documento añade que, de mantenerse la citación original, se podría generar un escenario de indefensión para Nicolás Petro al no contar con su representante legal en la diligencia.

El proceso que enfrenta el exdiputado del Atlántico contempla una nueva imputación por interés indebido en la celebración de contratos, en relación con hechos ocurridos en 2021. Según la Fiscalía, Petro y su expareja Day Vásquez habrían usado la Fundación Conciencia Social para gestionar contratos con la Gobernación del Atlántico, que habrían favorecido a personas cercanas.

A este expediente se suman las investigaciones por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, en las que la fiscal Laborde sostuvo que el hijo del mandatario habría recibido 1.053 millones de pesos en 2022, inicialmente destinados a la campaña presidencial, pero utilizados en gastos personales.

La situación de Petro se complejizó con el pliego de cargos de la Procuraduría, que reportó inconsistencias patrimoniales por 1.189 millones de pesos. De manera paralela, la defensa envió otra comunicación a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, solicitando que se estudie la continuidad de la fiscal Lucy Laborde en el caso. Carranza argumentó que la funcionaria debería limitarse a los procesos de enriquecimiento y lavado, mientras que otros fiscales asuman investigaciones adicionales.

La audiencia de imputación y la eventual imposición de medida de aseguramiento intramural contra Nicolás Petro quedaron a la espera de la decisión del juez asignado, quien deberá determinar si se mantiene la fecha inicial o se acoge la petición de reprogramación presentada por la defensa.