Corte Suprema ordena verificar si Aida Merlano recibió beneficios de la Fiscalía antes de declarar contra Arturo Char

¿Qué ordenó la Corte?

Según la decisión, el objetivo es "confrontar las diferentes declaraciones" que Merlano haya rendido. Por eso, la Fiscalía deberá entregar todas sus declaraciones sobre el caso 'Casa Blanca', tanto en procesos en curso como en los ya tramitados.

La Corte también pidió al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Barranquilla remitir la declaración que Merlano rindió en el proceso contra el exsenador Julio Gerlein Echeverría, quien fue absuelto en septiembre de 2024.

Además, se solicitará a las autoridades de Venezuela, país donde Merlano estuvo detenida tras su fuga, información sobre los ciudadanos colombianos que la visitaron durante su reclusión, el proceso penal que llevó a su captura y si rindió declaración el 6 de febrero de 2020. La Corte precisó que la verificación se limitará a los visitantes colombianos.

Otras pruebas decretadas incluyen la ampliación del testimonio del abogado Bladimir Cuadro Crespo, quien acompañó a Diego Luis Muñetón Restrepo en visitas a Merlano en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá el 9 de agosto y el 3 de septiembre de 2019; un informe de la unidad de investigación de la defensa sobre esos registros de visitas, y los resultados electorales de Char en 2006, 2014, 2018 y 2022, discriminados por municipio, que deberá aportar la Registraduría.

El proceso contra Char

Arturo Char Chaljub fue acusado en diciembre de 2025 como presunto autor de los delitos de concierto para delinquir agravado y corrupción de sufragante agravada. De acuerdo con la acusación, habría coordinado desde la sede conocida como 'Casa Blanca', en Barranquilla, una estructura de compra de votos para favorecer la aspiración de Merlano al Senado y la de Lilibeth Llinás a la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas de 2018. En la providencia, la Sala describió esa organización como una "empresa criminal compleja y sofisticada".

El caso lo conoce la Corte Suprema porque se trata de hechos atribuidos a un congresista. El proceso se encuentra en etapa de juzgamiento: las pruebas autorizadas se practicarán en el juicio y la fecha de la audiencia pública se fijará en una decisión posterior.

Char afronta el proceso en libertad. Fue capturado el 7 de septiembre de 2023 y quedó libre el 8 de enero de 2024 por vencimiento de términos, es decir, porque se superó el plazo legal sin que avanzara la siguiente etapa procesal. El exsenador ha manifestado su intención de aspirar a la Alcaldía de Soledad.

La posición de la defensa

La defensa sostiene que conocer las condiciones en las que Merlano rindió sus testimonios es indispensable para examinar sus afirmaciones sobre la financiación de la presunta compra de votos en 2018. También recuerda que Char no ha sido condenado y que lo ampara la presunción de inocencia.

Hasta el momento no se conocen pronunciamientos de la Fiscalía ni de Merlano sobre la decisión. El resultado de estas pruebas podría incidir en el peso que la Corte otorgue al testimonio de la excongresista cuando se adelante la audiencia de juicio.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué solicitó la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía?

La magistrada Socorro Mora ordenó verificar si la excongresista Aida Merlano recibió beneficios judiciales antes de declarar contra el exsenador Arturo Char. El objetivo es confrontar sus testimonios previos con las acusaciones actuales por presunta compra de votos.

¿De qué delitos se acusa formalmente a Arturo Char?

El exsenador es procesado como presunto autor de concierto para delinquir agravado y corrupción de sufragante agravada. Se le señala de coordinar una estructura criminal en Barranquilla para favorecer candidaturas en las elecciones legislativas de 2018.

¿Qué información adicional se pidió a las autoridades de Venezuela?

La Corte solicitó datos sobre los ciudadanos colombianos que visitaron a Merlano durante su reclusión en ese país y detalles del proceso penal que llevó a su captura. También se busca confirmar si la excongresista rindió alguna declaración oficial el 6 de febrero de 2020.