Juzgado de Santa Marta anuló medida de aseguramiento contra Yolima Murgas y ordenó su libertad
El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Santa Marta anuló la medida de aseguramiento contra Yolima Murgas, procesada por lavado de activos, tras considerar que el juez de primera instancia se excedió en la sanción impuesta.
En una decisión judicial proferida en Santa Marta, el Juzgado Quinto Penal del Circuito dejó sin efectos la medida de aseguramiento que pesaba sobre Yolima Yohana Murgas Guzmán. La ciudadana, quien es procesada por el presunto delito de lavado de activos, recuperó su libertad tras la revisión de las actuaciones procesales previas. Según la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación, Murgas Guzmán habría manejado recursos económicos vinculados a Fredy Castillo Carrillo, conocido con el alias de 'Pinocho', señalado como el máximo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
Detalles de la decisión de segunda instancia
La determinación judicial se conoció este sábado 14 de noviembre de 2026. El juez penal del circuito actuó como segunda instancia, cumpliendo con la función de revisar lo resuelto anteriormente por una autoridad de menor jerarquía. En este análisis jurídico, se evaluó la medida impuesta a comienzos de octubre por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Santa Marta, despacho que inicialmente ordenó la detención de la procesada en un centro carcelario.
Tras la notificación del fallo que declaró la nulidad de la medida, la procesada abandonó el centro de reclusión El Buen Pastor, ubicado en la ciudad de Bogotá, donde permanecía privada de la libertad desde su captura. Fuentes cercanas al proceso confirmaron que el trámite de salida se hizo efectivo de manera inmediata tras la orden del juez de circuito, permitiendo que Murgas Guzmán regrese a su entorno familiar mientras se define la fecha para repetir la audiencia correspondiente.
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La solicitud de nulidad fue presentada por el abogado defensor Cristian Morelli. El jurista argumentó que el juez de primera instancia incurrió en un exceso al imponer una medida de aseguramiento mucho más severa que la solicitada originalmente por el ente acusador. De acuerdo con la exposición de la defensa, la Fiscalía había pedido la detención domiciliaria para la procesada; esto en el marco de un proceso de acercamiento y colaboración, y no la reclusión en un establecimiento penitenciario.
Adicionalmente, la defensa técnica enfatizó que Yolima Murgas ejerce una actividad profesional lícita como contadora pública, lo cual fue presentado como un arraigo social y laboral ante los estrados judiciales. En la audiencia inicial, el juez de garantías desestimó la opción de la detención en el lugar de residencia, considerando que no era una alternativa adecuada para los fines del proceso, y optó por la medida intramural. No obstante, el Juzgado Quinto Penal del Circuito acogió los planteamientos de la defensa y determinó que la decisión previa carecía de la debida correspondencia con la solicitud fiscal, procediendo a anularla.
Alcance legal de la medida de aseguramiento
Es importante precisar que la medida de aseguramiento constituye una restricción provisional de la libertad que se impone durante el desarrollo de un proceso penal. Su finalidad es garantizar que la persona investigada comparezca ante la justicia, evitar la obstrucción del proceso o proteger a la comunidad y a las víctimas. Bajo ninguna circunstancia esta medida equivale a una sentencia condenatoria.
Por esta razón, la decisión del Juzgado Quinto no resuelve de fondo la responsabilidad penal de Murgas Guzmán ni implica el cierre de la investigación. El proceso continúa vigente y la Fiscalía General de la Nación deberá realizar nuevamente la solicitud de medida de aseguramiento ante un juez de control de garantías, ajustándose a los parámetros legales y procesales para que se defina nuevamente la situación jurídica de la investigada.
Antecedentes de la captura y elementos incautados
La captura de Yolima Murgas se produjo el 24 de septiembre de 2026 en la ciudad de Santa Marta, mediante un operativo coordinado por las autoridades judiciales. Durante la diligencia de registro al inmueble donde se encontraba, los investigadores reportaron el hallazgo de 29.060.000 pesos en efectivo y un lingote de oro de 58,1 gramos, cuyo valor comercial se estimó en aproximadamente 16 millones de pesos.
En el lugar también se encontró una máquina contadora de billetes, dos libretas con anotaciones detalladas sobre ingresos y gastos, diversas tarjetas bancarias de entidades nacionales e internacionales, así como documentos de identidad y residencia españoles. Entre los elementos incautados también figuraba un permiso notariado para la salida de un menor de edad del territorio nacional. Todos estos elementos forman parte del acervo probatorio que el ente acusador presentará en las etapas subsiguientes del juicio.
Imputación de cargos y procesos adicionales
Un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales fue el encargado de imputar el delito de lavado de activos, cargo que la procesada no aceptó durante las audiencias preliminares. Las indagaciones adelantadas por el ente acusador identificaron transferencias internacionales que superan los 90 millones de pesos, realizadas durante el año 2021, además de documentos que harían referencia a la percepción de utilidades periódicas de origen presuntamente ilícito.
Durante la audiencia celebrada en el mes de octubre, Murgas Guzmán manifestó su intención de explorar un preacuerdo con la administración de justicia, el cual incluiría la devolución de los recursos económicos señalados. Por otro lado, se conoció que la procesada enfrenta desde el año 2024 otro proceso judicial por el mismo delito de lavado de activos. Este segundo caso se relaciona con la presunta adquisición de bienes inmuebles en la ciudad de Barranquilla con dineros provenientes de estructuras criminales, proceso que actualmente se encuentra en etapa de juicio oral.
Contexto sobre la organización y alias 'Pinocho'
Fredy Castillo Carrillo, conocido en el ámbito delictivo como 'Pinocho' o 'el Ganadero', es señalado por las autoridades de liderar el grupo armado organizado conocido como Los Pachenca. Esta estructura criminal mantiene una fuerte presencia e influencia en la región de la Sierra Nevada de Santa Marta y en el departamento de La Guajira, zonas estratégicas para diversas actividades ilícitas.
Sobre Castillo Carrillo pesa una orden de extradición que fue firmada por el presidente Abelardo de la Espriella a finales de agosto de 2026. A pesar de los esfuerzos de las fuerzas de seguridad y de su pasado como negociador en procesos de paz, hasta la fecha no se ha reportado su captura efectiva. Mientras tanto, Yolima Murgas conserva su derecho fundamental a la presunción de inocencia en ambos procesos judiciales, en tanto no se profiera una sentencia condenatoria en firme por parte de la justicia colombiana. Se espera que en los próximos días se defina la fecha para la nueva audiencia de solicitud de medida de aseguramiento.
Preguntas y respuestas de contexto
¿Por qué quedó en libertad Yolima Murgas?
Un juzgado de Santa Marta anuló su medida de aseguramiento al considerar que el juez de primera instancia se excedió en la sanción, imponiendo cárcel cuando la Fiscalía solo había solicitado detención domiciliaria.
¿De qué se le acusa a la procesada?
Murgas es investigada por presunto lavado de activos, vinculada supuestamente al manejo de recursos de alias 'Pinocho', cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
¿Qué sigue en el proceso judicial contra Murgas?
La decisión no implica su inocencia ni el cierre del caso; la Fiscalía deberá realizar una nueva solicitud de medida de aseguramiento ante un juez de control de garantías para definir su situación jurídica.
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