Balance de las medidas de deportación y expulsión en el territorio nacional

Durante los primeros cien días de la administración liderada por el presidente Abelardo de la Espriella, se registró la salida de más de mil ciudadanos extranjeros del territorio colombiano. Estas acciones, ejecutadas bajo las figuras jurídicas de deportación y expulsión, responden a las directrices de seguridad y control migratorio establecidas por el actual Ejecutivo desde su posesión el pasado 7 de agosto de 2026.

Cifras oficiales y motivos de las salidas

De acuerdo con un balance consolidado por la Presidencia de la República, entre el 7 de agosto y el 29 de octubre de 2026, se contabilizaron 812 procedimientos de deportación y expulsión. A esta cifra se sumaron, durante el transcurso del mes de noviembre, otras 285 salidas derivadas de siete operativos específicos liderados por el Gobierno Nacional. En total, los registros indican que aproximadamente 1.097 personas abandonaron el país bajo estas medidas administrativas.

En cuanto a la justificación de los primeros 812 casos reportados por la Casa de Nariño, 462 expedientes se fundamentaron en razones estrictas de seguridad nacional, preservación del orden público, así como en requerimientos internacionales emitidos por Interpol o autoridades judiciales de otras naciones. El resto de los procedimientos ha sido documentado de manera progresiva a través de los canales institucionales de las entidades del Ejecutivo y las declaraciones oficiales del jefe de Estado.

Sobre esta política, el presidente De la Espriella manifestó que los extranjeros que llegan al país con el propósito de trabajar, producir y respetar el marco legal son bienvenidos para contribuir al progreso. No obstante, advirtió que aquellos que utilicen su condición migratoria para incurrir en actividades delictivas enfrentarán la capacidad sancionatoria del Estado colombiano.

Operativos destacados en zonas costeras y fronterizas

La ejecución de estas medidas incluyó acciones en diversas regiones del país. El pasado 1 de noviembre, la Armada Nacional interceptó a 44 pescadores de nacionalidad hondureña que realizaban faenas ilegales en aguas jurisdiccionales de San Andrés. Tras ser puestos a disposición de Migración Colombia, los ciudadanos fueron retornados a su país de origen ese mismo día.

Posteriormente, en la zona de frontera con Venezuela, se llevó a cabo la denominada ‘Operación Némesis’. Este despliegue, supervisado directamente por el mandatario desde la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, resultó en la expulsión de 32 personas durante las primeras horas de la jornada. Estas acciones forman parte de una estrategia integral que busca regularizar la permanencia de extranjeros y sancionar conductas contrarias a la ley.

Acciones coordinadas en las principales ciudades

El 6 de noviembre se desarrolló el operativo de mayor envergadura contra la migración irregular en lo que va del actual periodo presidencial. En una labor conjunta entre Migración Colombia, la Policía Nacional y la Alcaldía de Bogotá, se realizaron intervenciones en 15 localidades de la capital. El resultado fue la expulsión de 80 ciudadanos, discriminados en 74 hombres y seis mujeres.

Las autoridades señalaron que entre las conductas que motivaron estas decisiones se encontraban delitos como hurto, tráfico de estupefacientes, extorsión, concierto para delinquir y porte de armas. Asimismo, se reportaron casos de consumo de sustancias psicoactivas e irrespeto a la autoridad. Los implicados fueron trasladados a la base militar de Catam y posteriormente transportados en una aeronave de la Fuerza Aérea hacia Cúcuta, para ser entregados a las autoridades venezolanas en el puente Atanasio Girardot. Se confirmó que diez de estas personas fueron capturadas al cruzar la frontera debido a órdenes judiciales vigentes en su país.

En otras ciudades como Bucaramanga, el 6 de noviembre se notificó la expulsión de 13 personas. Dos días después, el 8 de noviembre, se efectuaron procedimientos adicionales en Cúcuta con 12 salidas, y en la región Caribe, específicamente en Barranquilla y Cartagena, donde 33 personas fueron entregadas a las autoridades en el punto fronterizo de Paraguachón, en La Guajira.

Consolidación de la política migratoria

El operativo más reciente tuvo lugar el jueves 12 de noviembre. Mientras se adelantaban acciones antinarcóticos en Bucaramanga, la administración municipal informó sobre la expulsión de 71 ciudadanos venezolanos que permanecían bajo custodia policial. Con este nuevo reporte, la capital de Santander alcanzó una cifra superior a los 230 extranjeros expulsados en lo que va del año 2026.

Si bien el último corte oficial detallado de Migración Colombia corresponde al 29 de octubre, la sumatoria de los operativos recientes eleva el número de salidas a 1.097. No se descarta que la cifra real sea superior, dado que aún se procesan datos de diversas alcaldías y operativos regionales que no han sido integrados en un balance nacional definitivo por la autoridad migratoria.

El presidente De la Espriella ha reiterado su postura de que el territorio nacional no debe ser escenario para la delincuencia, anunciando la extensión de estas intervenciones a más centros urbanos. Esta tendencia refleja un incremento en las deportaciones como eje central de la nueva política de seguridad y regulación migratoria del país.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Cuántos extranjeros han sido expulsados o deportados en los primeros cien días del gobierno?

Se registra la salida de aproximadamente 1.097 ciudadanos extranjeros bajo estas medidas administrativas. La cifra incluye 812 procedimientos iniciales y 285 adicionales reportados tras operativos realizados en noviembre.

¿Cuáles son los motivos principales de estas medidas de seguridad?

Las acciones se fundamentan en la preservación del orden público, seguridad nacional y requerimientos judiciales internacionales. Se sancionan delitos como hurto, extorsión, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas.

¿En qué zonas del país se han concentrado los operativos?

Se han realizado intervenciones destacadas en Bogotá, Cúcuta, Bucaramanga y la región Caribe. También se reportaron acciones en San Andrés, donde se interceptó a pescadores hondureños realizando faenas ilegales.