Contraloría detectó presuntas irregularidades por más de $5.600 millones en aeropuertos del país

Un reciente informe de la Contraloría General de la República identificó un presunto daño fiscal que supera los $5.670 millones en la Aeronáutica Civil, derivado de contratos para el mantenimiento y operación de sistemas de tratamiento de aguas en varios aeropuertos del país que fueron suscritos sin los permisos y licencias ambientales correspondientes.

La auditoría financiera adelantada por el organismo de control concluyó que la Aeronáutica Civil firmó contratos para operar plantas de tratamiento de agua potable, residual e industrial en aeropuertos bajo su administración sin contar con las autorizaciones exigidas por la normativa vigente. La ley establece que cualquier operación de este tipo requiere concesiones de agua o permisos de vertimiento otorgados por las Corporaciones Autónomas Regionales.

El informe subraya que esta ausencia de documentación constituye una infracción a la normatividad y representa un riesgo sanitario para usuarios de las terminales aéreas y para comunidades aledañas. “Contratar la operación y mantenimiento de estos sistemas sin tener vigentes las licencias, permisos o autorizaciones correspondientes es, además de violar las leyes y normas vigentes, poner en severo riesgo de afectación a la salud de las personas”, advirtió la Contraloría.

Entre los casos señalados, los aeropuertos de Villagarzón, Puerto Asís, San Vicente del Caguán y Leticia no cuentan con permisos para plantas de tratamiento de agua potable ni concesiones de agua. En tanto, en Villagarzón, San Vicente del Caguán, Puerto Asís, Pitalito, Neiva, Mariquita, Guaymaral y Florencia se evidenció la falta de permisos de vertimientos para sus plantas de tratamiento de aguas residuales.

El informe también llama la atención sobre los retrasos en el Programa de Aeropuertos para Servicios Aéreos Esenciales, diseñado para mejorar la conectividad de zonas apartadas a través de la modernización de 14 aeródromos. La iniciativa, que involucra recursos superiores a $377.000 millones, contempla obras en pistas, plataformas, franjas de seguridad y cerramientos.

De acuerdo con la Contraloría, se suscribieron dos convenios interadministrativos en 2023 para ejecutar la primera etapa: uno con el Ejército Nacional por $13.256 millones y otro con ENTerritorio por $363.763 millones, con un plazo hasta mayo de 2025. No obstante, al cierre de 2024, el avance físico global alcanzaba apenas el 2,31%. Los aeródromos de Cumaribo y La Primavera registraban progresos de 8,47% y 6,28% respectivamente, mientras en los demás no se evidenciaban avances significativos.

Las demoras afectan directamente a comunidades de regiones como Bahía Solano, Bajo Baudó, Barrancominas y Magüí Payán, que dependen del transporte aéreo para acceder a bienes, servicios y oportunidades de desarrollo. La Contraloría advirtió que, de persistir la situación, se incrementarán los costos y tiempos de conectividad en estas zonas, alejando los objetivos trazados por las autoridades con la ejecución del programa.