Contraloría de Medellín abrió proceso fiscal por pagos extemporáneos en servicios públicos de colegios durante la administración de Quintero
La Contraloría Distrital de Medellín abrió un proceso de responsabilidad fiscal mediante el Auto 338 del 7 de abril de 2025, con radicado 072-2025, contra Marta Alexandra Agudelo Ruiz, quien se desempeñó como secretaria de Educación del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación entre ene
La Contraloría Distrital de Medellín abrió un proceso de responsabilidad fiscal mediante el Auto 338 del 7 de abril de 2025, con radicado 072-2025, contra Marta Alexandra Agudelo Ruiz, quien se desempeñó como secretaria de Educación del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación entre enero de 2020 y febrero de 2023, durante la administración de Daniel Quintero.
El proceso se origina a partir de un hallazgo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria, relacionado con la cancelación de intereses de mora a Empresas Públicas de Medellín (EPM) por el pago extemporáneo de servicios públicos en sedes de instituciones educativas oficiales. Según el documento, el posible daño patrimonial supera los $252 millones de pesos, y se relaciona con el contrato No. 1538220.
“Cancelación de intereses de mora a EPM, por el pago extemporáneo de los servicios públicos prestados en las sedes de las Instituciones Públicas Educativas”, señala textualmente el Auto 338, en el que se especifica que la irregularidad fue detectada por la Contraloría Auxiliar de Auditoría Fiscal Educación, en el marco de auditorías financieras y de gestión de la vigencia 2023.
La apertura del proceso también incluye a Sandra Alejandra Márquez Mateus y David Alejandro Restrepo Marín, quienes ejercieron funciones directivas en la Secretaría de Educación durante el mismo periodo. La Contraloría dispuso la recolección de pruebas documentales, incluyendo pólizas de responsabilidad y manejo de recursos.
El órgano de control fiscal aclaró que “contra la decisión no procede recurso alguno conforme a lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011”. La notificación fue realizada por aviso, bajo la firma del contralor auxiliar Juan David Álvarez Jaramillo, y surtirá efectos al día siguiente de su publicación en la página web de la entidad.
Con base en esta información, el concejal de Medellín Alejandro De Bedout cuestionó duramente la gestión del exalcalde Daniel Quintero. A través de sus redes sociales afirmó:
“Daniel Quintero no fue capaz ni de pagar los servicios públicos de las instituciones educativas oficiales, los procesos avanzan”, y agregó:
“Este es el nivel de desgreño administrativo que vivió Medellín. No solo dejaron de pagar a tiempo los servicios públicos de los colegios, sino que ese descuido terminó costándole al Distrito más de $252 millones en intereses de mora”.
De Bedout también señaló que “el modelo de improvisación, propaganda y politiquería tuvo consecuencias reales y costosas para la ciudad”, y pidió a los entes de control actuar con celeridad para establecer responsabilidades individuales y resarcir el posible daño patrimonial.
De comprobarse los hechos, se trataría de un caso en el que se habrían puesto en riesgo servicios públicos esenciales por fallas administrativas sostenidas en el tiempo.
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