Consejo de Estado puso en marcha juicio contra David Racero por caso de exasistente de su UTL
El Consejo de Estado avanza en el proceso de pérdida de investidura contra el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, David Racero, al decretar oficialmente la práctica de pruebas dentro de un expediente que reúne tres procesos acumulados por presuntas irregularidades en la designación y f
El Consejo de Estado avanza en el proceso de pérdida de investidura contra el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, David Racero, al decretar oficialmente la práctica de pruebas dentro de un expediente que reúne tres procesos acumulados por presuntas irregularidades en la designación y funciones de un miembro de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).
El alto tribunal ordenó la recolección de elementos documentales y testimoniales que buscan esclarecer las circunstancias alrededor del vínculo entre Racero y Jhon Leonardo García Lara, quien se desempeñó como asistente grado II en la UTL del congresista entre noviembre de 2020 y enero de 2021. La acción fue presentada por Yoad Ernesto Pérez y otros ciudadanos.
Las pruebas incluyen certificados laborales, constancias de pago, registros de llamadas entre Racero y su exasistente, así como un informe técnico forense que analiza supuestos mensajes de WhatsApp publicados por medios de comunicación.
Según el auto, ni el congresista ni el Ministerio Público presentaron o solicitaron pruebas para este proceso. La audiencia pública quedó programada para el próximo 20 de agosto de 2025 a las 9:30 a. m., y en ella tendrán que intervenir las partes procesales y la Procuraduría General de la Nación.
Una vez finalizada la audiencia, el expediente será remitido al despacho del magistrado Fredy Ibarra Martínez, ponente del caso, para la elaboración del proyecto de fallo que definirá si el congresista incurrió o no en causal de pérdida de investidura.
La actuación del Consejo de Estado se produce en un contexto donde se examina la conducta administrativa y contractual de miembros del Legislativo, en un proceso que ha acumulado varios antecedentes sobre el uso de personal vinculado a las UTL y los alcances legales de esas contrataciones.
El futuro político del congresista Racero dependerá del análisis que haga la corporación judicial sobre las pruebas decretadas y del pronunciamiento final que se derive de la audiencia fijada.



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