Consejo de Estado estudia tutela contra Constituyente propuesta por Petro para elecciones de 2026

El Consejo de Estado admitió para estudio una acción de tutela interpuesta por el abogado Germán Calderón España contra el anuncio del presidente Gustavo Petro de entregar una papeleta en las elecciones legislativas de marzo de 2026 con el fin de convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

El pasado 20 de junio, el jefe de Estado anunció que, tras la aprobación de la reforma laboral, dejaría sin efecto la consulta popular que tenía prevista, y en su lugar, impulsaría la entrega de una papeleta para que los ciudadanos decidan sobre la convocatoria a una nueva Constituyente.

Según la tutela presentada, esta propuesta vulneraría derechos fundamentales como el debido proceso, el principio de legalidad y las normas establecidas para la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente, ya que la iniciativa no pasaría por los trámites previstos en la Constitución, como la aprobación por el Senado y el control previo de la Corte Constitucional.

En ese sentido, Calderón España solicitó al alto tribunal que se amparen los derechos fundamentales y se impida al mandatario incluir la mencionada papeleta en los comicios del próximo año.

El presidente del Consejo de Estado, magistrado Luis Alberto Álvarez, también se refirió a los desafíos que enfrentan las democracias actuales. Durante el evento “Declaración de Principios de Ética Judicial de Colombia”, Álvarez señaló que, a diferencia de las décadas anteriores, los riesgos actuales a los sistemas democráticos surgen desde el interior, cuando líderes intentan ejercer el poder por fuera de los marcos constitucionales.

“El juez encarna el paradigma más importante en épocas de crisis (…) Las democracias de hoy no se disuelven con golpes militares, sino porque al interior del sistema hay líderes que encarnan una visión de democracia por encima de la Constitución y de la ley”, expresó el magistrado.

Álvarez reiteró su compromiso con la institucionalidad y defendió el papel del Consejo de Estado como garante de la separación de poderes, especialmente frente a decisiones del Gobierno Nacional que han generado debate, como la suspensión del llamado a consulta popular y los intentos de regular tarifas de servicios públicos vía decreto.

“El poder judicial no puede ceder ni ante las presiones indebidas de otras ramas del poder público, ni por parte de actores violentos, ni por los ataques mediáticos o políticos”, afirmó el presidente del Consejo durante su intervención en el congreso de Andesco realizado en Cartagena.

Por el momento, la Corte Constitucional tendrá que determinar si la acción de tutela tiene mérito para avanzar y si existe una vulneración a las normas que regulan los mecanismos de participación ciudadana.