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Capturaron cinco personas en operación contra red de explosivos para minería ilegal del Clan del Golfo

En un operativo conjunto entre la Policía Nacional de Colombia y la agencia estadounidense HSI (Homeland Security Investigations), fue desmantelada una red dedicada al tráfico de explosivos presuntamente al servicio del Clan del Golfo, utilizada para actividades de minería ilegal en los departamento

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Redacción IFM
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Capturaron cinco personas en operación contra red de explosivos para minería ilegal del Clan del Golfo

En un operativo conjunto entre la Policía Nacional de Colombia y la agencia estadounidense HSI (Homeland Security Investigations), fue desmantelada una red dedicada al tráfico de explosivos presuntamente al servicio del Clan del Golfo, utilizada para actividades de minería ilegal en los departamentos de Antioquia y Caldas.

La operación, denominada “Explosive Gold”, se desarrolló en los municipios de Medellín y Bello (Antioquia), así como en Marmato (Caldas), donde fueron capturadas cinco personas. Durante los procedimientos se incautaron 45 kilos de ANFO, barras de Indugel, 444 detonadores eléctricos, 250 metros de cordón detonante y otros materiales empleados en la explotación minera irregular.

De acuerdo con las investigaciones, el material explosivo ingresaba al país desde Ecuador, Perú y Bolivia, y posteriormente era distribuido en zonas donde se adelantan actividades extractivas ilegales. Las autoridades sostienen que esta red operaba como un eslabón logístico clave en el suministro de insumos para la minería criminal controlada por estructuras del Clan del Golfo.

El director de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, indicó que estas acciones se enmarcan en la estrategia institucional “Protección del Capital Natural”, la cual busca frenar las economías ilícitas relacionadas con el crimen organizado y mitigar los daños ambientales derivados de estas actividades.

Asimismo, se conoció que, hasta el primer semestre de 2025, la Policía de Antioquia había intervenido 2.286 minas que operaban sin permisos, lo que ha derivado en la judicialización de 594 personas por presuntos delitos ambientales relacionados con minería ilegal.

Las autoridades judiciales continúan la recopilación de pruebas para avanzar en el proceso de identificación de responsables, así como en el rastreo de las rutas utilizadas para el tráfico de explosivos.

Con este golpe, el Estado busca debilitar las estructuras criminales que promueven la minería ilegal, reducir su impacto ambiental y salvaguardar la seguridad de las comunidades en las regiones afectadas.

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