Altas cortes y Gobierno cerraron filas en defensa de la independencia judicial en la Gran Cumbre Internacional de la Justicia

En la instalación del encuentro, el presidente De la Espriella reafirmó el compromiso del Gobierno con la independencia de la Rama Judicial y con el cumplimiento de las decisiones de los tribunales. «Soy defensor acérrimo de la independencia judicial. Sin jueces independientes el Estado de Derecho simplemente desaparece», afirmó.

El mandatario matizó que esa autonomía no exime a los jueces de rendir cuentas. Sostuvo que la independencia «no es un privilegio personal», sino una garantía para los ciudadanos, y que no implica que la justicia quede por fuera del escrutinio público. Advirtió además que «la independencia sin integridad allana el terreno de la arbitrariedad».

Uno de los ejes de su intervención fue la congestión judicial. El presidente planteó que la confianza en la justicia depende de la duración de los procesos, del acceso a los despachos y de la claridad de los fallos. «De poco sirve reconocer un derecho si su titular debe esperar diez o veinte años para obtener una decisión», dijo.

En el tono más político de su discurso, De la Espriella dedicó un reconocimiento a las altas cortes. Las calificó como el «muro de contención» frente a lo que llamó la arbitrariedad del gobierno de Gustavo Petro; también insistió en la necesidad de respetar los límites de competencia entre los poderes públicos.

Por su parte la presidente de la Corte Constitucional, magistrada Paola Andrea Meneses, aseguró que el alto tribunal ha reafirmado su papel de «guardiana de la Constitución» y «de la democracia». Lo describió como una institución que «siempre está por encima de cualquier coyuntura». La Corte Constitucional es la encargada de revisar si las leyes y los decretos se ajustan a la Carta Política, además de unificar la jurisprudencia sobre la acción de tutela.

Entre tanto el presidente del Consejo de Estado, Alberto Montaña, se refirió a los «desafíos institucionales» de los últimos años. A su juicio, en ocasiones «no fueron críticas», sino una «agresión directa». Añadió que la voz de la justicia debe hacerse sentir en los momentos de crisis. El Consejo de Estado es el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, la jurisdicción que juzga los actos y contratos de la administración pública.

En la sesión de apertura también intervino Jorge Noguera Calderón, rector de la Universidad Sergio Arboleda. Advirtió que las demoras para acceder a la justicia debilitan la confianza ciudadana y defendió la autonomía de los jueces.

La intervención más crítica estuvo a cargo de Hernando Herrera Mercado, directivo de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ). Herrera sostuvo que desde la anterior administración se instauró «una perversa narrativa» para presentar al aparato judicial como un «ente conspirador». También habló de un «ataque sistemático» desde el Ejecutivo contra la Rama.

Herrera cuestionó a la Procuraduría General de la Nación, el órgano que investiga y sanciona disciplinariamente a los servidores públicos, por la falta de resultados en las quejas contra exfuncionarios. Mencionó en particular el proceso disciplinario por las expresiones del entonces ministro del Interior, Armando Benedetti, contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana. «¿Por qué luego de casi 12 meses de que un ministro dictara a una magistrada de criminal y de delincuente, la Procuraduría aún no lo ha sancionado?», preguntó, y pidió celeridad para «evitar precedentes de impunidad».

Según lo expuesto por Herrera, ese proceso aún no ha concluido. Mientras no exista un fallo disciplinario en firme, el exministro Benedetti conserva la presunción de inocencia.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Cuál fue el propósito principal de la Gran Cumbre Internacional de la Justicia?

El encuentro buscó reafirmar la independencia y autonomía de la Rama Judicial como pilares esenciales del Estado de Derecho en Colombia. El presidente De la Espriella y los líderes de las altas cortes coincidieron en que la justicia debe actuar sin presiones externas para garantizar los derechos de los ciudadanos.

¿Qué críticas se plantearon sobre la relación entre el Ejecutivo y la justicia en años recientes?

Se denunció la existencia de una supuesta narrativa de ataque sistemático durante el gobierno de Gustavo Petro que presentaba a los jueces como conspiradores. El actual mandatario calificó a las cortes como un muro de contención necesario frente a lo que consideró arbitrariedades de la administración anterior.

¿Qué solicitud específica se le hizo a la Procuraduría General de la Nación?

La Corporación Excelencia en la Justicia exigió celeridad en el proceso disciplinario contra el exministro Armando Benedetti por sus insultos hacia la magistrada Cristina Lombana. Se cuestionó que, tras casi un año de los hechos, el órgano de control aún no haya emitido una sanción para evitar la impunidad.