MinHacienda pidió al Congreso mover $3,9 billones del presupuesto de 2026

El Ministerio de Hacienda, bajo la dirección del ministro Miguel Gómez Martínez, ha formalizado una solicitud ante las comisiones económicas del Congreso de la República para realizar ajustes significativos en el Presupuesto General de la Nación correspondiente al año 2026. La propuesta gubernamental contempla el movimiento de un total de $3,9 billones de pesos, los cuales tienen como objetivo principal atender dos frentes críticos para la estabilidad nacional: la crisis financiera del sector eléctrico en la región Caribe y la financiación de las labores de reconstrucción tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.

La solicitud presentada por la administración del presidente Abelardo De La Espriella se divide en dos componentes técnicos fundamentales que buscan reorganizar las finanzas públicas para el cierre del ciclo fiscal. El primero de estos componentes consiste en un traslado presupuestal por un valor de $1,2 billones. Este movimiento financiero se define como un cambio de destino de recursos que ya se encuentran asignados dentro del presupuesto vigente, lo que implica que no se genera un aumento en el techo del gasto total del Estado. El propósito específico de estos fondos es fortalecer el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, entidad que se encargaría de canalizar los pagos hacia las empresas generadoras térmicas.

El segundo componente de la propuesta es una adición presupuestal de $2,7 billones. A diferencia del traslado, esta figura representa la incorporación de dinero nuevo al presupuesto nacional. Estos recursos están destinados exclusivamente al Fondo Milagro, una estructura creada con el fin de atender la emergencia y liderar la reconstrucción en los 16 departamentos que resultaron golpeados por el sismo de agosto. La financiación de esta adición provendría del recaudo extraordinario generado por las medidas de alivio tributario implementadas recientemente. Según los reportes oficiales, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ya ha recaudado $1,1 billones con corte al 24 de octubre, y se espera que la cifra aumente dado que el plazo para acogerse a estos beneficios vence el próximo 19 de noviembre.

El proceso debe surtir su trámite ante el Congreso de la República debido a que el Gobierno Nacional tomó la decisión de no prorrogar el estado de emergencia económica. Esta figura jurídica le habría otorgado facultades extraordinarias al Ejecutivo para realizar dichos ajustes mediante decretos con fuerza de ley; sin embargo, al no estar vigente, se requiere la aprobación del Legislativo. Ante esta situación, el Gobierno ha solicitado que se le otorgue mensaje de urgencia al proyecto de ley. Este mecanismo permite que las comisiones económicas de Senado y Cámara de Representantes sesionen de manera conjunta, agilizando los debates y reduciendo los tiempos para su aprobación final.

En cuanto al origen de los $1,2 billones destinados al traslado, se ha detallado que $450.000 millones provendrían de recursos inicialmente asignados al Ministerio de Minas y Energía, los cuales estaban previstos para el pago de subsidios eléctricos. Los restantes $750.000 millones corresponden a apropiaciones del Ministerio de Hacienda que han sido liberadas de proyectos de infraestructura de transporte en la ciudad de Bogotá. Específicamente, se trata de $437.000 millones que estaban destinados al proyecto de la Calle 13 y $313.000 millones vinculados a la primera línea del Metro de la capital.

El ministro Miguel Gómez Martínez ha salido al paso de las inquietudes generadas por estos movimientos, explicando que los proyectos de transporte mencionados presentan dificultades en su ejecución técnica y cronológica, lo que permite disponer de esos recursos sin afectar el desarrollo de las obras a largo plazo. El funcionario aseguró de manera enfática que este ajuste solo tiene efectos sobre la vigencia fiscal de 2026 y no compromete las partidas presupuestales ya pactadas para el año 2027, ni afecta los recursos destinados a sistemas de transporte masivo en otras regiones del país.

La urgencia de estos recursos radica, en gran medida, en la crítica situación financiera de Air-e, la empresa prestadora del servicio de energía en la región Caribe que actualmente se encuentra intervenida por el Estado. La compañía acumula deudas que ascienden a los $6,3 billones, de los cuales $1,7 billones corresponden a obligaciones directas con las generadoras térmicas. El ministro advirtió que, de no efectuarse estos pagos, las plantas térmicas podrían enfrentar una grave falta de liquidez para la compra de combustible. Este escenario pondría en riesgo la estabilidad del suministro eléctrico en la región, especialmente en un contexto climático marcado por la temporada de El Niño. Por su parte, la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, ha manifestado que el objetivo primordial es mantener el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los subsidios para los usuarios.

La propuesta no ha estado exenta de debate político. Sectores de la oposición han manifestado su inconformidad, acusando al Gobierno Nacional de retirar recursos vitales para la infraestructura de Bogotá. Ante estas críticas, el ministro Gómez Martínez utilizó sus canales oficiales en la red social X para responder, señalando que la responsabilidad de la reprogramación de los recursos recae en la administración anterior. Según el ministro, fue el gobierno del expresidente Gustavo Petro el que suscribió un otrosí al convenio de cofinanciación del Metro, documento con el cual se modificaron y reprogramaron los desembolsos por parte de la Nación.

Sobre este punto, expertos en la materia han aportado matices técnicos. Darío Hidalgo, especialista en movilidad de la Universidad Javeriana, señaló que los recursos destinados al Metro de Bogotá se encuentran garantizados bajo el esquema de financiación actual. Asimismo, recordó que la licitación para las obras de la Calle 13 ha enfrentado obstáculos administrativos, habiendo sido declarada desierta en tres ocasiones consecutivas, lo que explicaría la disponibilidad de los recursos que el Gobierno pretende trasladar para atender la emergencia energética y el desastre natural.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué solicitó el Ministerio de Hacienda al Congreso?

El ministro Miguel Gómez Martínez pidió el traslado y adición de $3,9 billones del presupuesto de 2026 para atender la crisis eléctrica en el Caribe y la reconstrucción tras el sismo de agosto.

¿De dónde provendrán los recursos para este ajuste presupuestal?

Los fondos saldrán de recursos no ejecutados en obras de Bogotá, como el Metro y la Calle 13, además de recaudos extraordinarios de la DIAN por alivios tributarios.

¿Por qué es urgente la aprobación de estos fondos?

Se busca evitar una crisis de liquidez en las generadoras térmicas que ponga en riesgo el suministro eléctrico en el Caribe y financiar la atención en 16 departamentos afectados por el terremoto.