Exgobernador 'Kiko' Gómez interpone tutela ante la Corte Suprema para revertir condena de 31 años

La defensa técnica del exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido ampliamente como 'Kiko' Gómez, ha iniciado una nueva ofensiva jurídica en un intento por desestimar la sentencia condenatoria que pesa en su contra. A través de una acción de tutela radicada ante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el equipo legal del exmandatario busca invalidar el fallo que, en mayo de 2026, ratificó su responsabilidad penal en el asesinato del concejal de Barrancas, Luis Gregorio López Peralta, un crimen que se remonta a finales de la década de los noventa.

Los argumentos de la defensa frente al debido proceso

La acción de tutela se presenta como un recurso de última instancia para la protección de derechos fundamentales cuando se considera que una decisión judicial ha vulnerado principios básicos. En este escenario particular, el abogado Criollo, quien lidera la representación de Gómez Cerchar, sostiene que el fallo de la Sala Penal incurrió en defectos sustanciales. Según el jurista, a su cliente se le ha impuesto una condena basada en su perfil público y no en un acervo probatorio sólido y directo que lo vincule con la ejecución del homicidio.

El argumento central de la defensa radica en la afirmación de que a Gómez Cerchar "se le está condenando por ser él, mas no por los hechos ni las pruebas que están dentro del proceso". La defensa insiste en que, tras revisar el expediente, no se hallan pruebas directas, indicios claros ni testimonios de oídas que sustenten la culpabilidad. Por el contrario, alegan que la decisión judicial se cimentó en versiones informales y rumores que circulaban en la época de los hechos, lo cual, a su juicio, constituye una violación al debido proceso y a la presunción de inocencia.

Antecedentes de un proceso judicial prolongado

El caso por el cual se adelanta esta batalla legal tiene su origen el 22 de febrero de 1997, fecha en la que el concejal Luis Gregorio López Peralta fue asesinado en el municipio de Barrancas. Es relevante recordar que Juan Francisco Gómez Cerchar ejerció como alcalde de dicha localidad en dos periodos distintos, lo que le otorgaba una posición de poder considerable en la región. La justicia tardó décadas en proferir una sentencia inicial; fue apenas el 23 de junio de 2017 cuando un juez de primera instancia halló culpable al exgobernador.

No obstante, el camino procesal ha estado marcado por decisiones contradictorias. El 1 de octubre de 2024, el Tribunal Superior de Bogotá decidió revocar la condena inicial y absolver a Gómez Cerchar, permitiendo un breve respiro jurídico para el procesado. Esta absolución fue impugnada por la familia de la víctima, quienes acudieron al recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia para buscar la restitución del fallo condenatorio.

La decisión de la Sala de Casación Penal

A comienzos de mayo de 2026, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia tomó una determinación trascendental al casar parcialmente el fallo del Tribunal Superior de Bogotá. Con esta decisión, el alto tribunal dejó en firme la condena emitida en 2017, estableciendo una pena definitiva de 380 meses de prisión, lo que equivale a 31 años y 8 meses de cárcel. Además de la privación de la libertad, se le impuso una multa económica de 14.000 salarios mínimos y una inhabilidad permanente para el ejercicio de funciones públicas. La Corte también ratificó la responsabilidad de Gómez Cerchar por el delito de concierto para delinquir.

En su análisis, la Corte Suprema fue enfática al señalar que el Tribunal de Bogotá había omitido la valoración de pruebas determinantes. Entre ellas, se destacó la declaración entregada en 2010 por la fallecida exalcaldesa de Barrancas, Yandra Brito, quien en su momento describió detalladamente la capacidad de intimidación y el control que ejercía el exgobernador en la zona. Para los magistrados, el perfil político y el respaldo popular que ostentaba López Peralta representaban una amenaza para los intereses de Gómez Cerchar, configurando así un móvil político para el crimen.

Justicia y otros frentes legales

La periodista Diana López Zuleta, hija del concejal asesinado y quien ha liderado la búsqueda de justicia durante casi tres décadas, recibió el fallo de mayo como la culminación de una lucha histórica. López Zuleta es reconocida actualmente como víctima indirecta ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esta justicia transicional ha retomado el análisis de la solicitud de sometimiento de Gómez Cerchar, quien busca ser aceptado bajo la figura de tercero colaborador o financiador de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Mientras la Corte Suprema de Justicia estudia la procedencia de la tutela en su Sala Civil, se conoció que la defensa también ha solicitado a la Procuraduría General de la Nación el archivo de una indagación disciplinaria. Dicho proceso se relaciona con un incidente de disparos contra una de las oficinas del exgobernador y el hallazgo de un proyectil. Los abogados argumentan que, dado que la Fiscalía no ha formalizado ninguna vinculación de su defendido con esos hechos, no hay mérito para continuar con la investigación.

Por el momento, Juan Francisco Gómez Cerchar permanece recluido en el centro penitenciario de La Dorada, en el departamento de Caldas. Es importante precisar que la interposición de la acción de tutela no conlleva la suspensión inmediata de la ejecución de la pena; por lo tanto, el exgobernador deberá continuar cumpliendo su condena de 31 años mientras se resuelve este nuevo recurso constitucional.