Alcalde Krasnov podría ser imputado por presunta contratación irregular

La Fiscalía General de la Nación podría imputar cargos al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, por presuntas irregularidades en un contrato suscrito en 2024 con Ecovivienda.

La audiencia ante un juzgado de control de garantías fue programada para el próximo 28 de julio de 2025. El proceso también vincula a otras dos personas, entre ellas el abogado Juan Sebastián Ramírez y la exgestora social de la ciudad, Sara Catalina Pedraza.

Según el ente acusador, en la contratación por prestación de servicios se habrían identificado anomalías que motivaron la apertura de la investigación penal. El abogado Ramírez tendrá que comparecer ante la justicia el 14 de julio, mientras que Pedraza lo hará el 17 del mismo mes.

En el expediente figura que Juan Sebastián Ramírez presentó inicialmente una demanda de nulidad electoral en contra del alcalde Krasnov ante el Tribunal Administrativo de Boyacá, pero días después retiró la acción y fue vinculado mediante contrato con Ecovivienda, entidad adscrita a la administración municipal.

De forma paralela a este proceso penal, el Alcalde enfrenta un litigio ante el Consejo de Estado, luego de que la Procuraduría Delegada Séptima solicitara confirmar la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá que declaró la nulidad de su elección como mandatario de los tunjanos.

El fallo de primera instancia, emitido el 27 de febrero de 2025, se fundamentó en una supuesta inhabilidad derivada de un contrato que Krasnov firmó con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) en diciembre de 2022, cuando ejerció como docente hora cátedra.

La Procuraduría sostiene que dicho contrato fue suscrito menos de un año antes de las elecciones y que, pese a tratarse de clases virtuales, tuvo efectos en el municipio de Tunja, hecho relevante para configurar una inhabilidad de tipo territorial.

El ente acusador argumentó que, al tratarse de una universidad pública, se configura una relación contractual con el Estado, lo que estaría prohibido por la normativa vigente para quienes aspiran a cargos de elección popular en el mismo territorio donde tuvo efecto el contrato.

Además, la Procuraduría emitió un concepto en el que calificó como falta gravísima, a título de dolo, la presunta conducta del mandatario, señalando posibles afectaciones al servicio público, a la imagen institucional y al cumplimiento del principio de legalidad.

Otro proceso disciplinario contra Krasnov, relacionado con una presunta inhabilidad por su doble nacionalidad, fue archivado. No obstante, la Procuraduría informó a las partes involucradas sobre los derechos legales correspondientes, incluida la posibilidad de aceptar cargos o presentar versiones voluntarias.

La investigación preliminar se inició en enero de 2024 a raíz de una denuncia ciudadana. Durante la etapa inicial del proceso, se solicitó documentación relacionada con el contrato objeto de análisis, como estudios previos, soportes presupuestales y comprobantes de pago.

El Consejo de Estado será el encargado de emitir un pronunciamiento definitivo sobre la validez de la elección del actual alcalde de Tunja, quien asumió el cargo el 1 de enero de 2024 para el periodo 2024-2027.