Abrieron investigación a juez que otorgó libertad condicional a Emilio Tapia en el caso Centros Poblados

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico inició una investigación formal contra Claribel Fernández, juez Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, por la decisión que tomó el pasado 11 de abril al conceder la libertad condicional a Emilio Tapia, condenado a seis años y cuatro meses de prisión por el escándalo de Centros Poblados.

Tapia, considerado uno de los principales responsables de la maniobra que permitió la apropiación de 70.000 millones de pesos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, recibió el beneficio tras cumplir 48 de los 76 meses de condena.

La determinación generó controversia, ya que la Procuraduría General de la Nación interpuso un recurso de apelación al argumentar que no se cumplieron las condiciones legales para conceder la libertad anticipada.

El ente de control sostuvo que la decisión de la juez desconoció lo establecido en el Código Penal, el Código Penitenciario y Carcelario, la Constitución y la Ley 190 de 1995. Esta última norma obliga a las entidades estatales afectadas por delitos contra la administración pública a constituirse como parte civil dentro de los procesos, requisito que, según la Procuraduría, no se habría cumplido en este caso.

La Presidencia de la Comisión Seccional compulsó copias el 22 de abril para iniciar la actuación disciplinaria, lo que derivó en la apertura de una indagación preliminar en mayo. Posteriormente, el 17 de septiembre, se decidió avanzar hacia una investigación formal para establecer si la juez incurrió en faltas disciplinarias al conceder el beneficio a Tapia y al tramitar el recurso interpuesto por el Ministerio Público. Uno de los puntos en revisión es una posible dilación en la resolución de la apelación, que según la Procuraduría afectó los controles legales sobre la medida.

El proceso disciplinario se desarrolla de manera paralela a las investigaciones sobre el papel de Emilio Tapia en el caso Centros Poblados. Las pesquisas determinaron que, junto con otros actores, presentó garantías bancarias falsas a través de la Unión Temporal Centros Poblados, lo que permitió el desembolso del anticipo de 70.000 millones de pesos de un contrato para llevar internet a zonas rurales. Los recursos nunca fueron recuperados.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial aclaró que la apertura de investigación no implica responsabilidad automática de la funcionaria judicial. El procedimiento continuará con la recolección de pruebas y testimonios para determinar si hubo faltas en la actuación de la juez. En caso de que se hallen méritos, podría enfrentarse a sanciones disciplinarias que van desde amonestaciones hasta la suspensión o destitución de su cargo.