Una comisión internacional independiente de investigación de la ONU presentó un informe de cerca de 100 páginas en el que concluyó que las autoridades y fuerzas de seguridad israelíes atacaron deliberadamente a niños palestinos y destruyeron las condiciones necesarias para su desarrollo y supervivencia, lo que, según el organismo, aporta nuevos elementos que refuerzan su conclusión previa sobre el genocidio en Gaza.

La investigación analizó hechos ocurridos entre el 7 de octubre de 2023 y el 31 de marzo del año pasado en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, y constituyó el primer informe de un órgano investigador de las Naciones Unidas centrado exclusivamente en las violaciones y crímenes cometidos contra niños palestinos.

Entre octubre de 2023 y octubre de 2025, más de 20.000 niños palestinos murieron y otros 44.000 resultaron heridos

De acuerdo con las conclusiones de la comisión, en Gaza las autoridades y fuerzas de seguridad israelíes habrían incurrido en crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, incluida la persecución, mientras que en Cisjordania, incluida Jerusalén Este, se habrían cometido crímenes de guerra.

El presidente de la comisión, Srinivasan Muralidhar, afirmó que las pruebas recopiladas permitieron establecer que las fuerzas israelíes atacaron y mataron deliberadamente a niños palestinos. Agregó que los nuevos hallazgos fortalecían la conclusión previamente emitida por ese organismo sobre la existencia de un genocidio en la Franja de Gaza.

El informe señala que, entre octubre de 2023 y octubre de 2025, más de 20.000 niños palestinos murieron y otros 44.000 resultaron heridos. Según la comisión, los menores representan cerca del 30 % del total de personas fallecidas en el territorio palestino ocupado durante ese período.

Los investigadores sostuvieron que numerosos menores perdieron la vida durante bombardeos con explosivos de gran potencia y amplio radio de impacto. Además, documentaron casos de niños que recibieron disparos en la cabeza o la parte superior del cuerpo por parte de drones, francotiradores y otras armas.

Por lo cual, la comisión concluyó que las pruebas evidencian un patrón de conducta orientado a destruir la continuidad biológica y el futuro de la población palestina en Gaza. En ese sentido, afirmó que los ataques deliberados contra niños constituyen uno de los elementos que demostrarían la intención de destruir total o parcialmente al grupo palestino en ese territorio.

La investigación también documentó la destrucción de infraestructura considerada esencial para la infancia, entre ellas escuelas, universidades, hospitales y orfanatos.

Según los datos recopilados, el 97 % de las escuelas de Gaza fueron destruidas y el 95 % de las universidades resultaron afectadas, mientras que 22 de las 38 instituciones universitarias del territorio habrían quedado completamente destruidas.

Asimismo, el informe denuncia que las condiciones impuestas durante el conflicto limitaron el acceso de los menores a alimentos y atención médica. La comisión cita registros según los cuales, hasta el 1 de octubre de 2025, al menos 151 niños habían muerto por desnutrición. También documentó más de mil casos de menores que sufrieron amputaciones entre octubre y diciembre de 2023.

Los expertos aseguraron que las violaciones contra niños palestinos continuaron incluso después del alto el fuego anunciado en octubre de 2025, entre los hechos investigados figuran casos de tortura, tratos crueles, violencia sexual y ataques contra instalaciones sanitarias y educativas.

Como parte de sus recomendaciones, la comisión instó a los Estados a garantizar la rendición de cuentas por las violaciones documentadas, investigar a los presuntos responsables mediante sus sistemas judiciales o el principio de jurisdicción universal, cumplir las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional y suspender las transferencias de armas y equipos que puedan ser utilizados para cometer violaciones al derecho internacional.

La comisión informó además que ha compartido información con la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia y varios Estados, y expresó que continuará colaborando con las investigaciones judiciales relacionadas con posibles responsabilidades derivadas del conflicto.

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