Petro planteó posible emergencia económica por eventual “superniño” y descartó activar desde ahora las térmicas
Petro advirtió sobre la posibilidad de declarar una emergencia económica ante la llegada de un eventual fenómeno de “superniño”, aunque rechazó la propuesta de encender de inmediato las plantas termoeléctricas para enfrentar una posible reducción en los niveles de los embalses.
El mandatario aseguró que esa medida tendría efectos sobre las tarifas de energía y defendió la necesidad de avanzar en un modelo apoyado en fuentes renovables y ajustes al sistema eléctrico nacional. A través de su cuenta de X, Petro afirmó que la solicitud de activar desde ahora las termoeléctricas “es una petición para elevar tarifas”, en respuesta a sectores que han pedido anticiparse a un posible escenario de sequía prolongada durante el segundo semestre del año.
El jefe de Estado señaló que el Gobierno busca discutir una nueva fórmula tarifaria con las empresas generadoras privadas, similar a la que, según dijo, ya se ha venido trabajando con compañías públicas del sector energético.
Dentro de sus planteamientos, el mandatario volvió a referirse al denominado cargo por confiabilidad, mecanismo financiado por los usuarios del sistema eléctrico y destinado a garantizar respaldo energético en situaciones críticas. Petro aseguró que esos recursos, que cifró en cerca de 50 billones de pesos, tendrían que utilizarse para fortalecer proyectos de energía solar y complementar la capacidad hídrica del país, en lugar de priorizar el uso de generación térmica.
El presidente también sostuvo que el Ejecutivo ha avanzado en la instalación de sistemas solares entre usuarios del servicio eléctrico y afirmó que uno de cada cuatro ya tendría acceso a este tipo de energía. Según explicó, la meta del Gobierno es ampliar esa cobertura para reducir costos y enfrentar un eventual fenómeno climático con una mayor participación de fuentes alternativas.
En medio del debate sobre el abastecimiento energético, Petro pidió al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, abrir conversaciones con las empresas del sector para coordinar medidas entre el Gobierno y las compañías privadas. Además, trasladó parte de la discusión al terreno de la seguridad alimentaria y aseguró que el principal impacto del eventual “Super El Niño” podría sentirse en la producción agrícola y el abastecimiento de alimentos.

El mandatario afirmó que la inseguridad alimentaria se habría reducido en siete puntos porcentuales durante su administración, aunque insistió en que es necesario acelerar medidas orientadas a fortalecer el campo. Entre las propuestas mencionó subsidios a fertilizantes, fortalecimiento de cadenas de frío, construcción de silos y una mayor priorización de la reforma agraria en regiones como la altillanura y zonas afectadas históricamente por eventos climáticos extremos.
Petro también indicó que entidades como el Fondo Adaptación, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural y Ecopetrol deberán participar en la estrategia para aumentar la producción alimentaria y responder a los posibles efectos climáticos. En ese contexto, aseguró que si las condiciones lo requieren, el Gobierno podría acudir a la figura de emergencia económica para agilizar la implementación de medidas.
Las declaraciones del presidente se dieron mientras el ministro Palma cuestionó el funcionamiento actual del sistema de confiabilidad energética y el manejo de los recursos que pagan los usuarios a través de sus facturas. El funcionario señaló que el debate pasa por establecer si los recursos recaudados realmente se traducen en respaldo efectivo para el sistema eléctrico nacional.
Palma indicó que desde su llegada al Ministerio ha planteado revisar el esquema de confiabilidad para garantizar que participen únicamente plantas destinadas al respaldo energético. También aseguró que parte de la factura de energía termina financiando un parque hídrico que, según dijo, deja al sistema expuesto cuando se presentan fenómenos de sequía.
El ministro agregó que existen aspectos del mercado eléctrico relacionados con precios de oferta, obligaciones de energía firme y pagos por incumplimiento que deben ser revisados por el Gobierno, en medio de las alertas por el comportamiento climático esperado para los próximos meses.


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