"No nos van a amedrentar": Minjusticia respondió al asesinato de un dragoneante del Inpec en Cúcuta

Un nuevo ataque contra un integrante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) se registró en Cúcuta, Norte de Santander, donde el dragoneante Rangel Saavedra murió después de ser baleado en una estación de servicio del sector Prados del Este. El hecho ocurrió durante la noche del lunes 12 de octubre y motivó pronunciamientos del Gobierno nacional y de las autoridades locales, que anunciaron acciones para avanzar en la identificación de los responsables.

De acuerdo con la información conocida, el funcionario trabajaba en la cárcel de Cúcuta y fue interceptado en una estación de servicio ubicada sobre el Anillo Vial, aproximadamente a tres kilómetros del centro penitenciario. Allí recibió varios impactos de arma de fuego y falleció posteriormente.

El dragoneante es el grado inicial dentro de la carrera del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria, cuyos integrantes cumplen funciones de seguridad y control en los establecimientos carcelarios y en otros servicios relacionados con la protección de la población privada de la libertad.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, rechazó el asesinato y expresó su solidaridad con los familiares del funcionario y con los integrantes del Inpec. También aseguró que las autoridades trabajarán para ubicar a quienes participaron en el crimen y llevarlos ante la justicia.

Durante su pronunciamiento, el jefe de la cartera transmitió un mensaje en nombre del presidente Abelardo De La Espriella y advirtió que los ataques contra los guardianes penitenciarios no modificarán las decisiones del Gobierno en materia de seguridad.

“No nos van a amedrentar”, afirmó Cancino, al referirse a las amenazas dirigidas contra el presidente, los responsables de las carteras ministeriales, la dirección del Inpec y los funcionarios encargados de la custodia penitenciaria.

El ministro también condenó los hechos violentos registrados contra la cárcel de Cúcuta, en un contexto marcado por las alertas sobre intimidaciones al personal penitenciario.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Jorge Acevedo, anunció una recompensa de hasta $20 millones para quienes suministren información que contribuya a identificar y capturar a los autores del homicidio. La medida busca facilitar la colaboración ciudadana con las autoridades encargadas de la investigación.

El asesinato en Cúcuta coincidió con la captura de Juliánis Paola Altamar Medina, conocida con el alias de Lucía, durante un operativo realizado en el barrio Caribe Verde, en el suroccidente de Barranquilla.

El presidente De La Espriella informó sobre el procedimiento a través de su cuenta en la red social X y señaló que la posible participación de la mujer en la coordinación del ataque contra dos dragoneantes de la Penitenciaría El Bosque constituye una línea de investigación prioritaria.

El atentado ocurrió el sábado 10 de octubre en el barrio San Martín, donde resultaron heridos Daniel Steven Tapiero Alférez y Shirly Dallana Acosta Marroquín. Ambos funcionarios se desplazaban en motocicleta cuando fueron atacados.

Según la información oficial, Altamar Medina fue detenida en flagrancia por el presunto delito de fuga de presos, debido al supuesto incumplimiento de una medida de detención domiciliaria. Las autoridades también la señalan como presunta coordinadora y financiadora de la estructura criminal Los Pepes y como pareja de alias Gomelo, identificado como hombre de confianza de Digno Palomino.

La operación fue adelantada por unidades de la Sijín y del Servicio de Inteligencia Policial, en coordinación con la Fiscalía Seccional del Atlántico.

Durante el procedimiento se incautó un teléfono celular en el que, según una revisión preliminar, se habrían encontrado panfletos con características similares a los utilizados para intimidar a los guardianes. La posible relación de esos documentos con las amenazas debe ser establecida mediante los análisis técnicos correspondientes.

El Ministerio de Justicia ha relacionado la reciente ola de agresiones con las decisiones de trasladar cabecillas de organizaciones criminales a establecimientos penitenciarios de mayor seguridad. La cartera también ha advertido sobre la circulación de mensajes intimidatorios dirigidos contra funcionarios del sistema carcelario y altos representantes del Gobierno.

Frente a esta situación, el Ejecutivo ha sostenido que los traslados continuarán. La Defensoría del Pueblo, por su parte, solicitó verificar la autenticidad de las amenazas y adoptar medidas urgentes para proteger a las personas en riesgo. Entretanto, la Policía reforzó los dispositivos de seguridad para los integrantes del Inpec.

Los hechos se producen en la misma semana en que el presidente De La Espriella encabeza un Consejo Nacional de Seguridad en las instalaciones de la Policía Nacional, en Bogotá. La reunión, prevista para este martes, tiene como propósito revisar la política criminal y las estrategias de seguridad en las distintas regiones del país. Entre los asistentes se encuentran el ministro de Defensa, el general en retiro Jorge Eduardo Mora; el ministro del Interior, Rodrigo Lara, y el ministro de Justicia, Iván Cancino.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué ocurrió en Cúcuta con un funcionario del Inpec?

El dragoneante Bryan Rangel Saavedra, del Inpec, fue asesinado a tiros en una estación de servicio en Cúcuta, Norte de Santander, la noche del lunes 12 de octubre. Fue atacado al salir de su turno en la cárcel de la ciudad.

¿Cuál fue la respuesta del Gobierno colombiano ante este hecho?

El ministro de Justicia, Iván Cancino, rechazó el asesinato y expresó solidaridad, asegurando que las autoridades trabajarán para ubicar a los responsables. Además, afirmó que estos ataques no amedrentarán al Gobierno en sus decisiones de seguridad.

¿Este asesinato está relacionado con otros ataques recientes contra el Inpec?

Sí, el asesinato coincidió con la captura de alias Lucía en Barranquilla, investigada por el atentado contra otros dos dragoneantes del Inpec. El Ministerio de Justicia relaciona esta ola de agresiones con el traslado de cabecillas criminales.