La SIC archivó investigación contra Ecopetrol, Cenit y Ocensa por contratos de helicópteros y evitó multa millonaria

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) cerró de manera definitiva la investigación que adelantaba desde 2024 contra Ecopetrol y sus filiales Cenit y Ocensa por presuntas prácticas contrarias a la libre competencia en seis procesos de contratación de transporte aéreo en helicóptero.

Con la decisión, contenida en la Resolución 88976 de 2026, el grupo petrolero estatal se libró de una eventual sanción que habría podido superar los 525.271 millones de pesos, un alivio significativo para las finanzas de la compañía más importante del país.

La SIC concluyó que no se demostró que los procesos de contratación hubieran sido coordinados ni direccionados para favorecer a un proponente específico. La actuación administrativa revisaba detalladamente seis procesos para el transporte de personas y carga en helicópteros, los cuales fueron adelantados en un periodo comprendido entre los años 2011 y 2023. Durante este tiempo, se analizaron las dinámicas de contratación para verificar si existían irregularidades que afectaran el mercado de servicios aéreos en el sector hidrocarburos.

La resolución, fechada el 9 de noviembre fue comunicada formalmente por la Superintendencia y reportada por Ecopetrol al mercado de valores; su contenido se conoció en detalle este sábado. El archivo de este proceso no solo beneficia a las empresas del Grupo Ecopetrol.

La decisión también cobija a la empresa de aviación Helistar, mencionada recurrentemente en los procesos investigados, y a cinco personas naturales a quienes se les atribuía inicialmente haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado las conductas que estaban bajo la lupa de la autoridad. Respecto de Helistar, la entidad de control señaló de forma contundente que no encontró pruebas de un direccionamiento a su favor ni de actuaciones coordinadas que permitieran inferir una violación a la libre competencia.

De acuerdo con lo reportado por la prensa nacional, la Superintendencia encontró que en los procesos analizados hubo una pluralidad de oferentes y una dinámica competitiva real. Esto desvirtúa las tesis iniciales que sugerían un mercado cerrado o amañado. Además, la SIC determinó que las exigencias técnicas que habían sido cuestionadas, como la antigüedad máxima de las aeronaves y la disponibilidad inmediata de las mismas, tenían un sustento sólido en estándares de seguridad operacional.

Fundamentos legales y técnicos del archivo

La entidad también consideró justificadas las cancelaciones de algunos de los procesos de contratación que en su momento generaron dudas, es importante recordar que la investigación se había abierto con base en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959, la norma fundamental que prohíbe los acuerdos y prácticas que limiten la libre competencia en el mercado colombiano.

En términos sencillos, la SIC buscaba establecer si los pliegos de condiciones, es decir, los requisitos que deben cumplir quienes quieren contratar con una empresa, se habían diseñado de forma malintencionada para que solo ciertos competidores pudieran resultar ganadores.

El camino del expediente fue largo y pasó por varias etapas críticas antes de llegar a esta decisión final. La Delegatura para la Protección de la Competencia presentó su informe motivado el 18 de junio, posteriormente, el 6 de agosto, la Procuraduría General de la Nación remitió observaciones clave en las que advirtió posibles inconsistencias en ese informe, y señaló los riesgos jurídicos de imponer una sanción de tal magnitud, la cual podría ser anulada posteriormente por la justicia administrativa, generando un perjuicio mayor al Estado.

Ese mismo día el Consejo Asesor de Competencia, mediante el Acta 115, recomendó formalmente el archivo del caso al no encontrar acreditadas las conductas imputadas. Ecopetrol ya había informado al mercado sobre la apertura de esta investigación en mayo de 2024, manteniendo una política de transparencia informativa. Tras conocerse la resolución de archivo, la compañía reiteró su compromiso inquebrantable con la libre competencia, la transparencia en sus procesos de abastecimiento y la seguridad de sus operaciones en todo el territorio nacional.

Impacto financiero y recursos legales

La resolución eliminó la posibilidad de una multa que habría impactado el patrimonio de las sociedades del grupo en más de medio billón de pesos. Contra la Resolución 88976 de 2026 solo procede legalmente el recurso de reposición, el cual debe presentarse ante la misma Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de las partes interesadas.

Este recurso permite pedir a la autoridad que revise su propia decisión basándose en nuevos argumentos o posibles errores de interpretación; aunque, dado el respaldo del Consejo Asesor y la Procuraduría, el archivo parece estar blindado.

Hasta el momento no se ha informado si alguno de los intervinientes o terceros interesados interpondrá dicho recurso. Lo cierto es que la decisión tiene un impacto directo y positivo en las finanzas de Ecopetrol, empresa mayoritariamente estatal y una de las principales fuentes de ingresos de la Nación a través de dividendos y regalías.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué la SIC archivó la investigación contra Ecopetrol y sus filiales?

La Superintendencia de Industria y Comercio determinó que no hubo pruebas de direccionamiento ni acuerdos para favorecer a proponentes específicos en contratos de helicópteros. Además, concluyó que las exigencias técnicas cuestionadas se basaban en estándares de seguridad operacional.

¿A cuánto ascendía la multa que evitó el Grupo Ecopetrol?

Con el cierre del proceso, la compañía y sus filiales Cenit y Ocensa evitaron una sanción económica que habría superado los 525.271 millones de pesos. Esta decisión representa un alivio significativo para las finanzas de la petrolera estatal.

¿Qué otras entidades o personas se beneficiaron con esta decisión?

El archivo también cobija a la empresa de aviación Helistar y a cinco personas naturales que estaban bajo la lupa de la autoridad. La SIC no encontró evidencias de que estas partes hubieran coordinado conductas para violar la libre competencia entre 2011 y 2023.