Mineducación denunció graves irregularidades en el PAE: hallazgos incluyeron "contratos fantasma" y proselitismo político

La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, sacudió el panorama educativo este 14 de noviembre al revelar los resultados de una exhaustiva auditoría interna realizada a la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender (UApA).

La funcionaria confirmó el hallazgo de seis situaciones críticas que comprometen la transparencia en la asignación de recursos, la contratación y la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), casos que ya han sido trasladados formalmente a los organismos de control para su investigación.

La UApA es la entidad adscrita al Ministerio de Educación Nacional encargada de orientar y financiar el PAE, el programa que entrega complementos alimentarios a estudiantes de colegios oficiales para favorecer su permanencia en las aulas. Su operación en los territorios está a cargo de las Entidades Territoriales Certificadas (ETC), es decir, los departamentos y municipios que administran directamente su servicio educativo. Sin embargo, la revisión administrativa, que abarcó la gestión de la unidad durante el periodo 2022-2026, dejó al descubierto fallas estructurales y éticas.

La ministra Hoyos fue enfática al resumir la postura del Gobierno Nacional frente a estos hechos: "Los recursos destinados a garantizar el derecho a la alimentación de nuestros niños son sagrados".

El primer hallazgo identificado por la auditoría se refiere a asignaciones de recursos a las ETC hechas sin un sustento metodológico. Según el Ministerio, no existían criterios técnicos documentados que justificaran los montos de dinero que recibía cada territorio, lo que abre la puerta a posibles arbitrariedades. Este punto específico fue trabajado en mesas técnicas con la Contraloría General de la República para intentar subsanar los vacíos legales y técnicos.

En segundo lugar, se apunta a una posible sobrestimación de costos en varias entidades territoriales. Aunque la cartera educativa no precisó en cuáles regiones se presentaron estas anomalías ni los montos exactos del presunto sobrecosto, la irregularidad sugiere una falta de control riguroso sobre los presupuestos locales del programa.

El tercer punto crítico tiene un componente tecnológico. El Sistema Integrado del Programa de Alimentación Escolar (SIPAE), cuya implementación fue contratada con la firma Colombia Digital, habría sido recibido formalmente sin estar en condiciones de operar. De acuerdo con la entidad, después de firmado el contrato se fijaron cinco criterios de asignación que resultaron incompatibles con lo pactado inicialmente. Como consecuencia, la unidad quedó desprovista de una herramienta funcional para administrar y monitorear el programa en tiempo real.

El cuarto hallazgo dio pie a la expresión "contratos fantasma". La auditoría detectó que la contratación por prestación de servicios creció más de 100% en 2026 frente a vigencias anteriores, lo grave radica en que, durante las labores de supervisión, se identificaron contratistas que nunca se presentaron a la entidad y otros que, aunque figuraban en nómina, no contaban con actividades relevantes acreditadas que justificaran sus honorarios.

El quinto hallazgo señala presuntas actividades de proselitismo político por parte de contratistas del equipo territorial. A esto se suman debilidades detectadas en la vigilancia de la entrega de alimentos en los colegios, lo que pone en riesgo la calidad del servicio.

Finalmente, el sexto hallazgo se refiere a una gestión deficiente de las quejas ciudadanas, las cuales carecían de trazabilidad, impidiendo conocer si las denuncias de los padres de familia y comunidades recibían una respuesta efectiva.

Medidas inmediatas y depuración contractual

Ante la gravedad de los hechos, el Ministerio de Educación informó que ya suspendió los contratos de las personas vinculadas con el presunto proselitismo político. Asimismo, se establecieron controles estrictos a las reuniones de los contratistas con las comunidades para evitar que el programa sea utilizado con fines electorales. Todas las denuncias fueron trasladadas a las autoridades competentes para que se inicien los procesos disciplinarios y penales a los que haya lugar.

Adicionalmente, se anunció una revisión técnica de las 97 asignaciones territoriales y el diseño de una nueva metodología de distribución de recursos construida de la mano con los entes de control. En cuanto al SIPAE, se realizará una revisión gerencial que exija entregables claros y pruebas de funcionamiento reales. La ministra también anticipó una "depuración contractual" para conformar el equipo de trabajo del año 2027 bajo estrictos criterios de resultados y méritos.

En términos de austeridad, la cartera reportó una reducción de 9% mensual en los costos del espacio de operación de la unidad, lo que representa un ahorro cercano a 1.200 millones de pesos, recursos que podrían ser redireccionados a la atención de los estudiantes.

A pesar de la contundencia del anuncio, el comunicado oficial no identifica nombres de contratistas específicos, montos exactos de sobrecostos ni los territorios donde las fallas fueron más agudas. Estos hechos son, por el momento, señalamientos del Gobierno que deberán ser verificados por la justicia y los organismos de control.

Este escándalo estalla en un momento de fragilidad para el sistema. En el diagnóstico de empalme presentado por la ministra ante el Congreso, y recogido por el diario Portafolio, se reveló que el PAE cerró el año 2025 con 239.674 beneficiarios menos. Además, la situación de las entidades territoriales es preocupante: aquellas con alerta de suspensión del servicio pasaron de 17 a 25 en el último año.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué irregularidades denunció el Ministerio de Educación en el PAE?

La ministra Ilva Myriam Hoyos reveló seis hallazgos críticos, entre los que destacan 'contratos fantasma' con personas que cobraban sin trabajar, sobrecostos en regiones y el uso del programa para proselitismo político.

¿Qué fallas técnicas y administrativas se encontraron?

Se detectó que los recursos se asignaban a los territorios sin sustento técnico, el sistema de monitoreo digital no funciona pese a haber sido pagado y existe una gestión deficiente de las quejas ciudadanas.

¿Qué medidas se tomaron frente a estas denuncias?

El Ministerio suspendió a los contratistas implicados en política, trasladó los casos a los entes de control y anunció una depuración contractual para el año 2027 basada en méritos.