El FMI respalda la Ley de Rescate Fiscal y el Gobierno acelera su defensa ante el Congreso

El pronunciamiento del FMI

El respaldo llegó el lunes a través de la cuenta oficial en X de la vocería del organismo, a cargo de Julie Kozack, directora del Departamento de Comunicaciones del FMI. En el mensaje, el Fondo celebró la decisión de las autoridades colombianas de presentar "un importante paquete fiscal al Congreso" y lo describió como un avance para enfrentar los desafíos fiscales heredados por la nueva administración y fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas del país.

La declaración no corresponde a un informe técnico ni a una revisión del Artículo IV, el examen anual que el FMI hace de la economía de sus países miembros. Tampoco implica un aval a cada una de las medidas del proyecto. Su peso es, sobre todo, político y de señal a los mercados, en momentos en que el Gobierno busca mantener la confianza de los inversionistas y de las calificadoras de riesgo.

Lo que propone el Gobierno

El Proyecto de Ley 477 de 2026, conocido como Ley de Rescate, tiene 106 artículos y fue radicado el 29 de octubre por el ministro Gómez y el vicepresidente Restrepo. Según el Ejecutivo, el ajuste equivale a cerca del 2,2 % del producto interno bruto (PIB), unos 45 billones de pesos, y alrededor del 70 % del esfuerzo recaerá en recortes y eficiencia del gasto público, mientras que el 30 % restante provendrá de medidas tributarias y de seguridad social.

Entre los puntos centrales figuran la reducción del 50 % en contratos de prestación de servicios en 2027, una baja nominal del 20 % en los gastos de personal de las entidades del Presupuesto General de la Nación en 2028 (excepto la Fuerza Pública) y límites al crecimiento de las compras estatales. En materia de impuestos, el proyecto reduce la tarifa de renta de las empresas del 35 % al 33 % en 2027 y al 31 % desde 2028, amplía la base de personas que declaran renta y crea el mecanismo EfectIVA, una devolución del IVA a hogares pobres y vulnerables a partir de 2028.

El Gobierno estima que las medidas mejorarían las cuentas públicas en 51 billones de pesos en 2027 y en más de 122 billones en 2030. Sin ellas, advierte, el déficit fiscal podría llegar al 9,4 % del PIB el próximo año.

La reacción oficial

Tras conocerse el mensaje del FMI, el ministro Gómez reiteró en X que "no hacer nada nos llevará a una crisis nunca vivida en Colombia" y afirmó que el Gobierno está listo para discutir la iniciativa. El Ministerio de Hacienda publicó además un abecé para aclarar el alcance de los cambios.

Por su parte, el vicepresidente Restrepo sostuvo que el proyecto busca evitar una recesión y la pérdida de unos 360.000 empleos, y recordó que hoy "uno de cada tres pesos" de los impuestos se destina al pago de intereses de la deuda.

El reto en el Congreso

La iniciativa debe superar las comisiones económicas conjuntas y luego las plenarias de Cámara y Senado, donde puede sufrir modificaciones. El margen es estrecho: el periodo de sesiones ordinarias termina el 16 de diciembre, y el Gobierno necesita que el proyecto avance en ese plazo para que sus efectos se reflejen en las finanzas de 2027.

El respaldo del FMI llega en medio de la oposición de sectores sindicales, que convocaron a un paro nacional contra la ley, y de gremios de pequeñas empresas que han advertido sobre el efecto de algunos cambios en los aportes a salud, SENA e ICBF sobre la contratación formal.

Preguntas y respuestas de contexto

¿En qué consiste la Ley de Rescate Fiscal propuesta por el Gobierno?

Es un paquete de 106 artículos que busca un ajuste del 2,2 % del PIB mediante recortes al gasto público y medidas tributarias, como la reducción del impuesto de renta a empresas y la devolución del IVA a hogares pobres.

¿Cuál fue el pronunciamiento del FMI sobre este proyecto?

El organismo calificó la iniciativa como un "paso significativo" para fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas, lo que representa un respaldo político clave ante los mercados e inversionistas.

¿Qué plazos y retos enfrenta la ley en el Congreso?

El Gobierno busca que el proyecto se apruebe antes del 16 de diciembre, enfrentando la oposición de sectores sindicales y gremios que advierten sobre posibles efectos negativos en la contratación formal.