Ley de sometimiento: la Cámara aprueba la ponencia y el Gobierno entra en la recta final antes del vencimiento de la Ley 418

Una votación que se repitió

La sesión se extendió hasta entrada la noche. Antes de abordar la ponencia, la plenaria rechazó una proposición de archivo del proyecto y otra que pedía aplazar la discusión. Luego, la mesa directiva propuso declarar la corporación en sesión permanente para no perder tiempo.

Hacia las 9:20 de la noche el informe de ponencia, es decir, el documento que recomienda dar el debate y aprobar el proyecto, obtuvo 90 votos por el sí y 44 por el no. Unos 30 minutos después la votación se reabrió con el argumento de evitar posibles vicios de trámite, como se conocen las fallas de procedimiento que pueden llevar a que una ley sea declarada inconstitucional. Hacia las 10:30 de la noche quedó en firme el resultado definitivo: 99 votos a favor y 39 en contra.

Con ese paso, la Cámara quedó habilitada para votar el articulado, es decir, cada uno de los artículos del proyecto.

¿Qué propone el Gobierno?

El proyecto modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de 1997, conocida como ley de orden público, que da al Estado herramientas para enfrentar el conflicto armado y cuya vigencia vence el 4 de noviembre. Además, crea un régimen de sometimiento individual o colectivo para los integrantes de grupos armados ilegales, que deberán entregar armas, información y bienes, y cesar sus actividades ilícitas.

A cambio, quienes se acojan podrían recibir rebajas de pena de hasta el 50% si son integrantes de base y de hasta el 30% si ocuparon posiciones de mando. Esos beneficios quedan condicionados a aportar verdad, reparar a las víctimas y entregar sus bienes. El texto también contempla centros de arraigo transitorio, colonias agrícolas o cárceles productivas, así como zonas de concentración delimitadas, que no implicarían el cese de operaciones de la Fuerza Pública ni la suspensión de órdenes de captura o de procesos de extradición.

Defensores y críticos

El representante Julio César Triana, de Cambio Radical, defendió la iniciativa como "sometimiento puro y duro" y sostuvo que con ella se pone fin a la 'paz total' del Gobierno anterior. El presidente de la Cámara, Nicolás Barguil, aseguró que el Congreso cumplirá con su deber dentro del plazo.

Desde la oposición, la representante Catherine Juvinao, de Alianza Verde, pidió revisar a fondo el alcance del proyecto. En el Senado, Carolina Corcho, del Pacto Histórico, afirmó que la propuesta "no somete a nadie", y el senador Ariel Ávila cuestionó que el Ejecutivo pueda reglamentar el sometimiento individual cuando ya existen figuras como el principio de oportunidad y los preacuerdos.

Contra el reloj

Gracias al mensaje de urgencia del Gobierno, el proyecto se tramita de forma simultánea en las dos cámaras. El 30 de octubre, la plenaria del Senado aprobó su informe de ponencia y los primeros artículos; la discusión del resto del articulado debía reanudarse este martes 3 de noviembre.

Si los textos aprobados por Senado y Cámara difieren, ambas corporaciones deberán conciliarlos, es decir, acordar una versión única. Barguil anticipó que esa conciliación podría hacerse el miércoles 4 de noviembre, el mismo día en que vence la Ley 418. Después, el presidente De la Espriella deberá sancionar la ley para que entre en vigor.

Si la prórroga no llega a tiempo, quedarían en riesgo herramientas como el programa de protección de testigos de la Fiscalía y el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon), que administra el Ministerio del Interior.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué aprobó la Cámara de Representantes y por qué es urgente?

La plenaria aprobó el informe de ponencia de la ley de sometimiento, la cual debe estar sancionada antes del 4 de noviembre para evitar el vencimiento de la Ley 418. De no lograrse, quedarían en riesgo herramientas clave como el programa de protección de testigos y el fondo Fonsecon.

¿En qué consiste la propuesta de sometimiento del Gobierno?

Busca reemplazar la política de 'paz total' mediante un régimen donde integrantes de grupos armados entregan armas, bienes e información a cambio de rebajas de pena de hasta el 50%. El proyecto aclara que no se suspenderán operaciones de la Fuerza Pública ni procesos de extradición.

¿Cuál es el siguiente paso para que el proyecto se convierta en ley?

Tras aprobar la ponencia, la Cámara debe votar el articulado y luego conciliar el texto con el Senado para acordar una versión única. Finalmente, el presidente Abelardo de la Espriella deberá sancionar la ley para que entre en vigor inmediatamente.