El decreto 1525 que regula la protesta llega al Consejo de Estado: congresistas de oposición piden su nulidad y el Gobierno defenderá su legalidad

Quiénes demandan y qué piden

Las acciones fueron presentadas este miércoles 14 de octubre, el mismo día en que el decreto tuvo su primera prueba en las calles con las marchas convocadas por la oposición, centrales obreras y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).

La senadora Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, anunció una demanda de nulidad ante el alto tribunal y calificó la norma como "regresiva e inconstitucional". A ella se sumaron el vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, y los representantes a la Cámara Laura Daniela Beltrán y Daniel Monroy, todos del Pacto Histórico. Beltrán y Monroy, además, interpusieron una acción de tutela. La representante Ana Erazo, también del Pacto, informó que presentó su propia demanda.

Las primeras demandas fueron radicadas en la Sección Primera del Consejo de Estado, la sala que estudia la legalidad de los actos administrativos de carácter general. Los demandantes solicitaron una medida cautelar, es decir, que se suspendan los efectos del decreto mientras el tribunal decide de fondo.

Los argumentos de la oposición

La acción de nulidad simple es el mecanismo con el que cualquier ciudadano puede pedir que se anule un acto del Gobierno por ser contrario a la Constitución o a la ley. En este caso, el argumento central es la llamada "reserva de ley": los demandantes sostienen que los límites a un derecho fundamental, como el de reunión y manifestación pública consagrado en el artículo 37 de la Constitución, solo pueden fijarse mediante una ley estatutaria aprobada por el Congreso, y no por un decreto presidencial.

Los congresistas cuestionan, además, que la norma convierta el diálogo en una opción preferente y no obligatoria, y que permita a las autoridades omitir las etapas de mediación en algunos casos. Pedraza recordó la sentencia C-742 de 2012 de la Corte Constitucional, según la cual el bloqueo de una vía no constituye por sí solo un delito. Ocampo, por su parte, argumentó que la jurisprudencia solo admite disolver una manifestación en condiciones estrictas de gravedad y necesidad.

Qué establece el decreto

El decreto 1525, firmado el 13 de octubre, organiza la respuesta de las autoridades en cinco niveles, que van desde la gestión preventiva hasta el restablecimiento del orden por parte de la Policía. Contempla que las etapas iniciales de diálogo puedan omitirse cuando se presenten hechos violentos, como el uso de armas o ataques contra personas o infraestructura, o cuando el diálogo previo se haya agotado.

La posición del Gobierno

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, ha defendido la norma como "garantista". Ha explicado que tiene origen en una orden de tutela de la Corte Suprema de Justicia de 2021, que fue construida con organizaciones sociales y que se inspira en estándares europeos. El Gobierno ha resumido su postura en una frase: ni un derecho menos para quien protesta en paz, ni un espacio más para el "terrorismo urbano".

El presidente De la Espriella, quien siguió la jornada desde un Puesto de Mando Unificado en la Casa de Nariño, reiteró que el país respeta la protesta pacífica, pero no tolerará la violencia, el vandalismo ni los bloqueos que afectan a millones de ciudadanos.

El Ejecutivo mantiene la vigencia del decreto y defenderá su legalidad a través de los apoderados del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y del Ministerio del Interior.

Lo que sigue

El Consejo de Estado deberá asignar un magistrado ponente, decidir si admite las demandas y pronunciarse sobre la solicitud de suspensión provisional. No hay un plazo público para esas decisiones. Mientras tanto, el decreto sigue vigente y regirá en las próximas movilizaciones.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué fue demandado el decreto 1525 ante el Consejo de Estado?

Congresistas de oposición alegan que el Gobierno invadió competencias del Congreso, pues consideran que los límites a un derecho fundamental como la protesta solo pueden fijarse mediante una ley estatutaria y no por decreto.

¿Qué cambios introduce esta norma en el manejo de las manifestaciones?

El decreto organiza la respuesta de las autoridades en cinco niveles y permite omitir las etapas iniciales de diálogo cuando se presenten hechos violentos, ataques a infraestructura o uso de armas.

¿Cuál es la postura del Gobierno Nacional frente a las demandas?

El Gobierno defenderá la legalidad de la norma asegurando que es garantista, que cumple con una orden de la Corte Suprema de Justicia y que busca diferenciar la protesta pacífica de actos de vandalismo o terrorismo urbano.