(EXCLUSIVO) Consejo de Estado asume, con pinzas, demanda contra la elección de Petro
Un grupo de ciudadanos había interpuesto una demanda en contra de la elección de Gustavo Petro como presidente, de Francia Márquez como vicepresidente, así como las elecciones de Cámara y Senado por cuenta de las graves irregularidades que se presentaron en los comicios que se celebraron a lo largo
Un grupo de ciudadanos había interpuesto una demanda en contra de la elección de Gustavo Petro como presidente, de Francia Márquez como vicepresidente, así como las elecciones de Cámara y Senado por cuenta de las graves irregularidades que se presentaron en los comicios que se celebraron a lo largo del 2022 y que dejaron en evidencia una serie de inconsistencias en los resultados que han conllevado a que un grupo de colombianos desconozca a los actuales mandatarios y parlamentarios.
La demanda está tan bien sustentada que la sala Quinta del Consejo de Estado (CE), justo donde se está desarrollando la discusión de los argumentos jurídicos presentados por los demandantes, determinó que era necesario involucrar a actores adicionales a las partes interesadas (la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral), así como el Sistema Integral Red de Veedurías Ciudadanas.
El CE determinó que era fundamental que a esta discusión llegara también como parte interesada, nada más ni nada menos que la Oficina Jurídica para la Defensa del Estado, que está compuesta por prestigiosos abogados que se dedican a defender a la nación sobre todo en los litigios internacionales. Esto implica que juristas del más alto nivel estarían interviniendo en el análisis de los argumentos y las pruebas presentadas en la demandas, sobre todo por las implicaciones institucionales a las que podría enfrentarse el país.

Y es que de llegarse a encontrar méritos para fallar a favor de los ciudadanos, las elecciones desarrolladas durante el 2022 y que determinaron quienes ocuparían las curules en el Congreso y quienes se desempeñarían como Presidente y Vicepresidente de la República podrían quedar anuladas y deberían repetirse dejando a Colombia con un vacío institucional complejo.
Al ser un tema fundamental para el desarrollo democrático del país, se espera que el análisis de esta demanda se realice en el menor tiempo posible, dando a los ciudadanos las garantías necesarias.
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