Mineducación pidió derogar la política nacional de sexualidad que obliga a incorporar sus contenidos en los colegios

El Ministerio de Educación Nacional solicitó a la Presidencia de la República revisar la Resolución Conjunta 1350 de 2026, mediante la cual se adoptó la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos para el periodo 2026-2035. La petición quedó consignada en un documento fechado el 21 de septiembre y firmado por la ministra Ilva Myriam Hoyos Castañeda, dirigido a Andrés Barreto González, secretario jurídico de la Presidencia.

La cartera planteó dos medidas: examinar el acto administrativo con la participación de los cuatro ministerios que lo suscribieron y expedir una directiva presidencial para suspender nuevas actuaciones administrativas, presupuestales, contractuales y pedagógicas sustentadas en la resolución mientras se adelanta la revisión.

La solicitud abre una discusión sobre el alcance jurídico, educativo y financiero de una política pública diseñada para orientar durante una década las acciones estatales relacionadas con la sexualidad y los derechos reproductivos.

La Resolución 1350 fue expedida el 10 de julio de 2026 por los ministerios de Salud y Protección Social, Trabajo, Educación Nacional y Culturas, Artes y Saberes. El documento estableció una estrategia con 37 líneas de acción, distribuidas en cinco ejes: transformación de normas sociales y de género; fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias; prevención y protección frente a las violencias de género, sexuales y reproductivas; acceso a servicios integrales de salud, y atención prioritaria a poblaciones con especial protección constitucional. Fuente normativa.

En el sector sanitario, la disposición contempla obligaciones para las entidades promotoras de salud (EPS) y las instituciones prestadoras de servicios (IPS). Entre ellas se encuentran garantizar el acceso a métodos anticonceptivos, servicios de salud materna, prevención y tratamiento del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, así como atención inmediata a las víctimas de violencia sexual.

Además, la resolución establece que los departamentos y distritos deben adaptar el plan de acción a sus condiciones territoriales dentro de un plazo de seis meses.

Uno de los puntos centrales de la solicitud del Ministerio de Educación está relacionado con la facultad jurídica para establecer obligaciones curriculares y pedagógicas mediante una resolución conjunta.

La cartera advierte sobre una posible afectación de la autonomía escolar y del derecho de los padres a escoger el tipo de educación de sus hijos. También cuestiona que una disposición expedida con base en instrumentos de planeación correspondientes al periodo 2022-2026 proyecte compromisos hasta 2035 sin identificar de manera suficiente las fuentes de financiación ni las apropiaciones presupuestales necesarias.

En materia educativa, la resolución encarga al Ministerio de Educación desarrollar lineamientos para incorporar progresivamente contenidos sobre sexualidad y derechos sexuales y reproductivos en los proyectos educativos institucionales (PEI), los planes de estudio y la formación docente.

La propuesta contempla un enfoque transversal, es decir, que los contenidos se integren en diferentes áreas del aprendizaje y no exclusivamente en una asignatura. También incorpora perspectivas relacionadas con los derechos humanos, el género, la diversidad étnica y la discapacidad.

La discusión no implica que la educación sexual carezca de fundamento legal en Colombia. La Ley 115 de 1994, conocida como Ley General de Educación, estableció disposiciones sobre esta materia, mientras que la Ley 1620 de 2013 creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar e incluyó medidas relacionadas con el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.

El debate se concentra, por tanto, en los alcances, los enfoques y los mecanismos de implementación de la política adoptada en julio, así como en la suficiencia jurídica y presupuestal de las obligaciones previstas para las instituciones involucradas.

La Federación Colombiana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (Fecolsog) ha destacado el carácter intersectorial y territorial de la política y su fundamento explícito en derechos. Por su parte, organismos internacionales como la UNESCO y la Organización Mundial de la Salud han respaldado históricamente la educación integral en sexualidad como una herramienta para prevenir riesgos y fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes.

La propuesta del Ministerio de Educación busca que la revisión se realice con participación de las cuatro carteras responsables de expedir la resolución. Mientras tanto, la directiva solicitada tendría como propósito evitar nuevas actuaciones sustentadas en la norma durante ese proceso.

La petición no equivale, por sí misma, a la derogación de la resolución. Su eventual modificación o eliminación dependerá de las decisiones formales que adopten las autoridades competentes.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué solicitó el Ministerio de Educación respecto a la política de sexualidad?

La ministra Ilva Myriam Hoyos pidió a la Presidencia revisar y derogar la Resolución 1350 de 2026, además de suspender su aplicación mientras se realiza dicho análisis.

¿Cuáles son los principales motivos de esta petición?

El Ministerio cuestiona la posible afectación a la autonomía escolar, el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y la falta de claridad en las fuentes de financiación hasta el año 2035.

¿Qué establecía la resolución cuestionada para los colegios?

La norma obligaba a incorporar contenidos sobre sexualidad y derechos reproductivos de forma transversal en los proyectos educativos institucionales, planes de estudio y formación docente.