El Gobierno puso techo a la contratación estatal: los nuevos contratos de prestación de servicios no podrán superar el 25 % desde 2027

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) firmó el documento dentro de la política de austeridad con la que el Ejecutivo busca reducir los gastos de funcionamiento del Estado. La instrucción fue dirigida a los ministros, a los directores de departamentos administrativos y a los jefes de las entidades, quienes deberán trasladar los lineamientos a los organismos adscritos y vinculados.

El eje de la medida es un tope a la contratación de personas naturales. Cada entidad deberá calcular el número y el valor de los contratos de servicios profesionales y de apoyo a la gestión celebrados durante 2025 y 2026, y sobre esa línea base las nuevas contrataciones no podrán superar el 25 %. La metodología de cálculo deberá quedar documentada y ser verificable, de modo que no se genere una base artificialmente alta ni se dupliquen gastos entre vigencias.

En paralelo, la circular fija un criterio de austeridad para los empleos de libre nombramiento y remoción: las entidades orientarán la provisión de esos cargos hasta un máximo equivalente al 60 % de los legalmente previstos en sus plantas.

El Gobierno precisó que la existencia de una vacante o de una apropiación presupuestal no constituye, por sí sola, justificación suficiente para proveer un cargo. Antes de vincular nuevo personal, las entidades deberán evaluar si pueden atender sus funciones mediante la redistribución de cargas, la movilidad interna o el aprovechamiento de los recursos ya existentes, además de acreditar la necesidad funcional, la ausencia de duplicidades y el impacto presupuestal.

Quedan por fuera de los límites los nombramientos de ministros, viceministros, directores de departamento administrativo y subdirectores, así como los cargos que deban proveerse por mandato legal. También se contemplan excepciones para los servicios esenciales, las labores de seguridad y protección, la atención de emergencias, los proyectos con recursos de destinación específica y el cumplimiento de compromisos internacionales. Cada excepción deberá constar por escrito, con su fundamento, costo y duración.

Para hacer seguimiento, los ministerios y departamentos tendrán que remitir informes trimestrales al Dapre sobre la estructura de personal, los contratos de prestación de servicios suscritos y su valor, las excepciones aprobadas y los ahorros alcanzados. El Dapre será el responsable de verificar el cumplimiento de la circular.

Según lo informado, la medida no implica la terminación inmediata de los contratos que hoy están en ejecución, sino un control sobre las nuevas vinculaciones. El Gobierno no cuantificó cuánto dinero espera ahorrar con la decisión ni cuántas personas podrían verse afectadas.

El anuncio se produce en un contexto de presiones fiscales. El Presupuesto General de la Nación de 2027 debe quedar definido en los próximos días el plazo máximo es el 20 de octubre y organismos como el Fondo Monetario Internacional han advertido sobre el elevado déficit de las cuentas públicas colombianas. En las últimas semanas, además, algunas entidades del nivel central han comunicado recortes propios: la Vicepresidencia reportó una reducción cercana al 73 % en su gasto de personal como parte del mismo esfuerzo de contención.

Preguntas y respuestas de contexto

¿En qué consiste la nueva medida de austeridad del Gobierno?

El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) ordenó que, a partir de 2027, los nuevos contratos de prestación de servicios no podrán superar el 25 % de la línea base establecida entre 2025 y 2026.

¿Qué otros límites se establecieron para la planta de personal?

Las entidades deberán limitar la provisión de cargos de libre nombramiento y remoción a un máximo del 60 % de los puestos previstos legalmente, priorizando la redistribución de cargas internas.

¿Existen excepciones a estas restricciones de contratación?

Sí, quedan excluidos los cargos de altos directivos, servicios esenciales, seguridad, atención de emergencias y proyectos con recursos de destinación específica o compromisos internacionales.

¿Cuál es el objetivo de esta decisión administrativa?

Busca reducir los gastos de funcionamiento del Estado ante las presiones fiscales y el elevado déficit de las cuentas públicas, en línea con las recomendaciones de organismos internacionales.