DNP anunció desde Ibagué un plan de ajuste fiscal para recortar el gasto de funcionamiento y abrir espacio a la inversión

La Policía Nacional estableció una nueva estructura para atender situaciones de aglomeración, manifestaciones públicas y alteraciones del orden público. La medida quedó consignada en la Resolución 03226 del 13 de octubre de 2026, firmada en Bogotá por el director general de la institución, el mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, y conocida públicamente el viernes 16 de octubre.

La disposición deroga la Resolución 03684 de 2022, que regulaba la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), creada durante el Gobierno anterior en reemplazo del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).

La nueva unidad, denominada UNADI, dependerá de la Subjefatura Nacional del Servicio de Policía. Su propósito será respaldar a otras dependencias policiales durante manifestaciones y concentraciones ciudadanas, así como intervenir cuando las capacidades disponibles resulten insuficientes para atender alteraciones del orden público.

Aunque la resolución entró en vigor desde su expedición, establece un periodo de transición de 90 días para realizar los ajustes administrativos, logísticos y de personal necesarios para implementar la nueva organización.

Cuatro niveles para la operación nacional

La estructura de la UNADI estará integrada por cuatro componentes. El primero será un subcomando encargado de supervisar las operaciones, administrar el personal y los recursos logísticos, controlar vehículos y armamento, y coordinar los entrenamientos con la Dirección de Educación Policial.

El segundo corresponde al Grupo de Seguimiento Operacional, que tendrá a su cargo la conservación de registros audiovisuales de los procedimientos y la gestión de las operaciones con drones. Según la resolución, las grabaciones estarán disponibles para los organismos que las soliciten.

El tercer componente estará conformado por ocho regionales antidisturbios, con sedes en Bogotá, Neiva, Pereira, Popayán, Cúcuta, Medellín, Villavicencio y Barranquilla. Estas dependencias supervisarán los escuadrones y organizarán actividades de acercamiento y diálogo con las comunidades.

Finalmente, la unidad contará con 30 Escuadrones Móviles Antidisturbios, responsables de las intervenciones en terreno. La distribución contempla cinco escuadrones en Bogotá, tres en Medellín, dos en Cali y dos en Cúcuta. Otras ciudades dispondrán de un escuadrón cada una, de acuerdo con la organización prevista.

La normativa también establece que los equipos podrán desplazarse a cualquier región del país cuando así lo disponga el mando institucional.

Medellín quedará en la Regional 6

En Antioquia, la Regional 6 tendrá su sede en Medellín y reunirá tres escuadrones de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (Meval), además de uno perteneciente a la Policía Metropolitana de Montería.

La reorganización se conoce pocos días después de las movilizaciones del 14 de octubre en Medellín, jornada durante la cual se aplicó el nuevo decreto municipal relacionado con las manifestaciones en el centro de la ciudad. Ese día también se registraron intervenciones antidisturbios en los alrededores de la Universidad de Antioquia.

La distribución regional busca organizar el mando y la supervisión de los equipos desplegados en diferentes territorios. Sin embargo, la resolución conserva la posibilidad de que los escuadrones sean movilizados fuera de sus áreas habituales cuando exista una orden superior.

Diálogo, derechos humanos y uso de la fuerza

Aunque la denominación de la nueva unidad elimina la palabra «diálogo», este concepto continúa presente entre las funciones asignadas a las regionales y los escuadrones.

La resolución invoca el artículo 37 de la Constitución Política, que garantiza el derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, así como la Ley 1801 de 2016, correspondiente al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Este marco establece criterios para el uso de la fuerza, entre ellos la necesidad y la proporcionalidad, y contempla su utilización como último recurso.

Asimismo, los policías que participen en procedimientos relacionados con protestas deberán obtener una certificación anual en derechos humanos, uso legítimo y proporcional de la fuerza y mediación.

Cambio institucional y nuevo marco normativo

La recuperación del ESMAD había sido anunciada como una promesa de campaña del presidente Abelardo de la Espriella. En julio, Jorge Mora, entonces designado ministro de Defensa, anticipó que el Gobierno derogaría las disposiciones vigentes para recuperar esa estructura.

El ESMAD recibió críticas por sus actuaciones durante el paro nacional de 2019 y las protestas de 2021, antecedentes que precedieron su transformación en la UNDMO en 2022.

En paralelo con la Resolución 03226, el Gobierno expidió el Decreto 1525 de 2026, que modifica el Decreto 003 de 2021 y regula la actuación de la Fuerza Pública frente a la protesta pacífica.

La implementación de la UNADI tendrá que desarrollarse durante el periodo de transición establecido por la Policía. Hasta el cierre de la información suministrada, no se conocían pronunciamientos oficiales de organizaciones de derechos humanos sobre la nueva estructura.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué es la UNADI y cuál es su función principal?

La Unidad Nacional Antidisturbios (UNADI) es la nueva estructura de la Policía Nacional creada para respaldar operativos en manifestaciones y concentraciones ciudadanas cuando el orden público se vea alterado. Esta unidad reemplaza a la anterior UNDMO y dependerá directamente de la Subjefatura Nacional del Servicio de Policía.

¿Cómo estará organizada esta nueva unidad policial?

La UNADI contará con un subcomando, un grupo de seguimiento operacional con drones y ocho regionales antidisturbios en ciudades clave. En total, dispondrá de 30 Escuadrones Móviles Antidisturbios distribuidos en todo el país, con la mayor concentración en Bogotá, Medellín, Cali y Cúcuta.

¿Qué pasará con el enfoque de derechos humanos y el uso de la fuerza?

La normativa exige que los uniformados se certifiquen anualmente en derechos humanos y mediación, estableciendo el uso de la fuerza como último recurso bajo principios de necesidad y proporcionalidad. Además, se mantendrán registros audiovisuales de los procedimientos para que estén disponibles ante las autoridades que los soliciten.