El Gobierno propone tramitar en paralelo las licencias ambientales y las consultas previas

Un trámite que hoy es secuencial

El texto, abierto a comentarios del público hasta el 14 de octubre, modifica el Decreto 1076 de 2015 y busca cambiar la forma en que avanzan dos procesos que hoy ocurren uno después del otro. En la actualidad, la evaluación ambiental solo puede iniciar una vez concluida la consulta previa.

Con la propuesta, la autoridad ambiental —la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) o las corporaciones autónomas regionales— podría abrir el expediente, visitar el proyecto, pedir información y solicitar conceptos a otras entidades mientras la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (Dancp), adscrita al Ministerio del Interior, define si la consulta procede y, de ser obligatoria, la declara agotada.

La licencia, no obstante, no podría otorgarse ni negarse hasta que ese proceso termine. Si la evaluación ambiental concluyera antes, el plazo para decidir quedaría suspendido hasta cumplir esa condición. El borrador también elimina el certificado sobre presencia de comunidades étnicas, un documento que la Dancp dejó de expedir en 2019.

Los argumentos del Gobierno

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, afirmó que la consulta previa "se respeta", pero que el tiempo perdido en los trámites no. Según el funcionario, el esquema actual puede tardar varios años y, en algunos casos, ha estado marcado por situaciones de extorsión. El Gobierno aspira a que estos procesos se resuelvan en torno a seis meses.

Por su parte, el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, sostuvo que la medida no reduce los estándares técnicos de los estudios ambientales y que su propósito es acortar los plazos sin sacrificar rigor. La cartera encuadró la iniciativa, de manera particular, en los proyectos de fuentes no convencionales de energía renovable.

Proyectos y sectores en la mira

Entre las iniciativas que podrían beneficiarse, el Gobierno mencionó a Sirius, descrito como el mayor hallazgo de gas del país, que tiene cerca de 120 consultas previas pendientes para la construcción de su gasoducto. Lara señaló que, con el nuevo esquema, ese proyecto podría iniciar de inmediato su licenciamiento ambiental en lugar de esperar a que terminen las consultas.

También figuran la línea de transmisión Colectora, que busca evacuar energía desde La Guajira; los parques eólicos de esa región; y obras viales y de hidrocarburos en distintas zonas del país. Se trata de proyectos que, por su ubicación, suelen requerir consultas con comunidades indígenas y afrodescendientes.

Un debate abierto

La propuesta se presenta en medio de la discusión sobre los cuellos de botella que enfrentan las inversiones en energía e infraestructura. El Ejecutivo insiste en que la consulta previa, reconocida como derecho fundamental de los pueblos étnicos, seguirá siendo obligatoria cuando corresponda y que el cambio se concentra en el orden de los trámites, no en su contenido.

El periodo de comentarios cierra el 14 de octubre, tras lo cual el Gobierno podría ajustar el texto antes de expedirlo. Hasta el momento no se ha fijado una fecha de entrada en vigor.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué propone el Gobierno colombiano con el nuevo borrador de decreto?

El Gobierno propone tramitar en paralelo las licencias ambientales y las consultas previas para proyectos de energía, hidrocarburos, minería e infraestructura. Esto busca modificar el proceso actual donde la evaluación ambiental solo inicia una vez concluida la consulta previa.

¿Cuál es el objetivo principal de esta medida?

El objetivo es ahorrar hasta dos años en la ejecución de proyectos, acortando los plazos sin sacrificar el rigor técnico ni los estándares ambientales. El Gobierno aspira a que estos procesos se resuelvan en torno a seis meses.

¿Qué pasará con la consulta previa bajo esta nueva propuesta?

La consulta previa seguirá siendo un derecho fundamental y obligatoria cuando corresponda, pero la licencia ambiental no podrá otorgarse ni negarse hasta que este proceso concluya. La medida busca cambiar el orden de los trámites, no su contenido o la obligatoriedad de la consulta.